Última hora de la actualidad política, en directo | Bolaños defiende que la nueva ley de información clasificada garantiza la seguridad nacional: “Nos homologa con las democracias más avanzadas”
El ministro dice que con esta norma la clasificación de documentos “será algo excepcional y deberá hacerse de manera motivada” | El Supremo se reúne para estudiar la petición de Cerdán de salir de prisión | El pleno extraordinario del Congreso vota tres decretos ley
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Momentos clave
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que el anteproyecto de ley para desclasificar los secretos del franquismo y la Transición, aprobado este marte en el Consejo de Ministros, “sustituye una norma preconstitucional, nos homologa con las democracias más avanzadas, garantiza la seguridad nacional y la defensa y lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos a conocer”. Bolaños ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo que la clasificación de documentos “será algo excepcional y deberá hacerse de manera motivada” y que “en ningún caso se podrá clasificar documentación o información que afecte a graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”. Además, el Tribunal Supremo celebra una vista a puerta cerrada en la que estudiará si mantiene en prisión preventiva al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado por su presunto papel en un supuesto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública, o atiende a su petición de sacarle en libertad. Además, el Congreso debate en un pleno extraordinario la convalidación de tres decretos ley sobre entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón y declaración de eventos culturales como de interés público, con la duda de si el Gobierno obtendrá los apoyos necesarios para sacar adelante los tres. En el vídeo, el pleno extraordinario en directo.
Claves | Medidas para evitar otro apagón, poner coto a los agitadores ultras en el Congreso y crear una agencia estatal de salud pública
El Congreso cierra el curso parlamentario votando en un pleno extraordinario un paquete de medidas que el Gobierno negocia in extremis. La sesión ha arrancado con el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de reforma de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, una norma donde los partidos del Gobierno, PSOE y Sumar, aprovecharon para incluir que el salario mínimo interprofesional (SMI) se deduzca hasta 340 euros en la declaración anual del IRPF.
Después será el turno de la ley que crea la Agencia Estatal de Salud Pública, que vuelve del Senado para su aprobación definitiva. Será al segundo intento, pues el texto cayó en marzo con los votos de PP, Vox y Junts. Pese a que tanto los populares como los de Carles Puigdemont lo habían apoyado en la Comisión de Sanidad, cambiaron al no cuando se elevó al Pleno y el Gobierno optó por volver a aprobarlo en Consejo de Ministros en abril. Asimismo, se votarán las enmiendas introducidas en el Senado a la reforma régimen económico y fiscal de Canarias.
El Congreso aprovechará también este pleno escoba para aprobar definitivamente dos reformas de reglamento impulsadas por el PSOE, Sumar y algunos de sus socios, y que contarán con el rechazado del PP y Vox. La primera reescribe en lenguaje no sexista las normas de la Cámara y la otra plantea sanciones a periodistas acreditados que obstaculicen la labor parlamentaria y de la prensa en la institución.
El tercer bloque de la sesión plenaria corresponde al debate de los tres decretos leyes aprobados por el Consejo de Ministros desde mediados de junio. El primero, actualiza las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y también de las entidades locales para este año. También se someterá a debate la norma para reforzar de manera urgente el sistema eléctrico nacional con el objetivo de evitar que vuelva a producirse un apagón generalizado. Su convalidación está en al aire. Por último se abordará un decreto ley para declarar diversas iniciativas y programas como acontecimientos de excepcional interés público.
Rufián, sobre la desclasificación de documentos: “Se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23-F”
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha valorado la nueva ley de información clasificada que permitirá publicar documentos reservados del franquismo y la Transición. “Es una buena cosa para dejar de hablar de según qué”, ha declarado en los pasillos de la Cámara baja antes de añadir: “Se va a saber antes quién mató a Kennedy que quién estuvo detrás del 23-F. Que igual come en Abu Dhabi”.
Los abogados de Santos Cerdán han reclamado este martes al Tribunal Supremo que deje en libertad al exsecretario de Organización del PSOE, encarcelado desde el 30 de junio por su presunta implicación en el amaño de obras públicas a cambio de comisiones durante la etapa de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. En una vista a puerta cerrada, la defensa se ha quejado de que Cerdán está sufriendo una “presunción de indecencia”, en vez de la “presunción de inocencia” que la ley establece para los investigados en una causa judicial. La Fiscalía y la acusación popular se han opuesto a la excarcelación al considerar que hay riesgo de destrucción o manipulación de pruebas. La decisión está en manos de la Sala de Apelaciones, formada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena.
Los documentos del 23-F se desclasificarán con la nueva ley si se cumplen los plazos, según Bolaños
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explica que, si la ley fuera aprobada rápidamente, a finales de 2026 podrían ser desclasificados los documentos relativos al 23-F, ya que la norma establece un plazo de 45 años para la desclasificación automática de los alto secretos.
“Si la tramitación parlamentaria fuera rápida, la nueva ley de información clasificada podría estar en el BOE en el último trimestre de este año. Si fuera así, entraría en vigor en el último trimestre de 2026. Es ahí donde habría que hacer la cuenta de los 45 años: incluiría el año 1981 y anteriores. Entraría el año del 23-F, que se desclasificaría automáticamente salvo que algo afectara la seguridad nacional y la defensa y todos los años anteriores, siempre y cuando no se fundamente que hay alguna causa superior”, ha dicho.
Los documentos, además de los plazos automáticos fijados por la norma, pueden ser desclasificados a petición de personas que tengan interés profesional o personal.
El PNV celebra la aprobación de la nueva ley de secretos oficiales
“Está lejos de lo que pedimos, pero negociaremos para reducir los plazos de desclasificación”, ha subrayado en el pasillo del Congreso la portavoz del PNV en el Parlamento, Maribel Vaquero. La portavoz jeltzale ha recordado que el PNV lleva casi una década pidiendo en el Congreso la desclasificación de documentos oficiales y dio la bienvenida al proyecto que modifica esta norma franquista, aunque cree que es insuficiente. “Ya era hora. Nos alegramos de que casi diez años después de nuestra primera iniciativa en esta materia, el Gobierno español por fin haya presentado un proyecto de ley que modifique esta ley franquista y se dé paso a su tramitación parlamentaria. Damos la bienvenida a esta senda al Gobierno de coalición”, ha apuntado Vaquero. Y ha rematado: “Hemos puesto mucho empeño en la reforma de esta ley. Si hoy el Gobierno español ha decidido aprobar el proyecto de ley es porque el Grupo Vasco ha sido insistente y no hemos desfallecido, presentando nuestra propuesta legislatura tras legislatura”.
La ministra Redondo, sobre el caso de Juana Rivas: “La complejidad es máxima y nuestra empatía también”
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que la complejidad del caso de Juana Rivas es “máxima”. “Es un asunto que nos duele. Empatizamos con esa familia que sufre. Esta disfunción tendrá que ser resuelta en la Unión Europa. Hay dos jurisdicciones que no van acompasadas con el agravante de la conexión con la jurisdicción española. El sistema judicial español tiene que ejecutar las decisiones judiciales, no tiene otra. En ese dilema nos movemos, complejísimo. La complejidad es máxima y nuestra empatía también”, ha dicho.
Bolaños hace un llamamiento a los grupos parlamentarios “a la sensatez y al sentido común” para aprobar las normas que se votan en el Pleno
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, habla del pleno extraordinario que se está celebrando este martes en el Congreso. Hoy se someten a votación siete leyes y vamos a trabajar hasta el último minuto para que el Congreso apruebe todas las normas. Se habla y se dialoga”, dice y hace un llamamiento a todos los grupos parlamentarios “a la sensatez y al sentido común” para aprobar las normas.
El Consejo de Ministros aprueba las estrategias LGBTI y trans: “En este panorama de internacional del odio, España se erige como dique de contención”
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, habla de la aprobación de las estrategias LGBTI y trans. “Son documentos globales que pretenden ser el mapa de todas las medidas que se están aplicando en defensa y garantía de la libertad de las personas LGBTI”, dice. “En este panorama de internacional del odio, España se erige como dique de contención”.
Un plazo de 45 años para desclasificar de manera automática altos secretos
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, dice que “por primera vez en la historia de nuestro país habrá plazos para desclasificar automáticamente documentos que habían sido clasificados”. Esos plazos, asegura, están en línea con los de los países del entorno de España. Estos plazos son de 45 años para los altos secretos, 35 para los secretos, entre siete y nueve años para la información confidencial, entre cuatro y cinco para la información restringida.
La información será revisada periódicamente de manera independiente del plazo, de manera automática o por petición.
Bolaños: “En ningún caso se podrá clasificar documentación que afecte a graves violaciones de derechos humanos”
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explica que “en ningún caso se podrá clasificar documentación o información que afecte a graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad”.
La ley, asegura, desarrolla procedimientos garantistas para clasificar y desclasificar o reclasificar cualquier documento. “La clasificación será algo excepcional que debe hacerse de manera motivada y atendiendo a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto”, añade.
Cuatro categorías de información clasificada
La ley, explica el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, define qué es la información clasificada y establece cuatro categorías distintas (alto secreto, secreto, información confidencial e información restringida), que se corresponden con OTAN y la UE. Cada una de la categoría es determinada por órganos diferentes.
Bolaños asegura que la ley de información clasificada garantiza la seguridad y la defensa: “Nos homologa con las democracias más avanzadas”
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, repasa el proyecto de ley de información clasificada y la ley reguladora del secreto profesional de periodistas. “Con estas dos normas, ya cumplimos 18 de las 31 medidas que se incluyeron en el plan de acción por la democracia, casi el 60%. Las dos leyes tienen un tronco común, que es mostrar más transparencia”.
En cuanto a la primera norma, Bolaños recuerda que el Consejo de Estado la avaló por unanimidad, ya que “supone la superación de una rémora, como es la ley de 1968”. “Esta norma sustituye una norma preconstitucional, nos homologa con las democracias más avanzadas, garantiza la seguridad nacional y la defensa y lo hace compatible con el derecho de los ciudadanos a conocer”.
Comienza la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros
Arranca la rueda de prensa posterior a la celebración del Consejo de Ministros. Los miembros del Ejecutivo tenían previsto aprobar el Proyecto de Ley de Información Clasificada, así como el protocolo que detalla cómo se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados, un modelo con el que prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto. Comparecen la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría; el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y la ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La Fiscalía de Valencia solicita na pena de cuatro años de prisión para Francis Puig, hermano del expresidente de la Generalitat Ximo Puig (PSPV), procesado junto a su socio, el empresario Joan Enrique Adell Bover, por el cobro irregular de ayudas concedidas por la comunidad autónoma valenciana y otras autonomías entre los años 2015 y 2018 para el fomento del valenciano en medios de comunicación. El juzgado de Instrucción número 4 de Valencia dictó a principios de año un auto de procesamiento contra ambos, previo a la apertura de juicio oral tras una querella presentada por el PP.
Belarra: “Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico”
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, se ha defendido este martes de las críticas del Gobierno por rechazar el decreto energético que buscar reforzar el sistema tras el apagón del 28 de abril. “Los votos de Podemos no están para beneficiar al oligopolio eléctrico”, ha sentenciado la diputada en los pasillos del Congreso poco después de comenzar el pleno. “Las posibilidades de que se produzca un nuevo apagón son exactamente las mismas y el decreto no establece sanciones al oligopolio (…) Lo que tenemos encima de la mesa es un decreto que podría haber escrito Sánchez Galán, de Iberdrola. Les irresponsabiliza de lo que pasó el 28 de abril”, ha añadido Belarra, que tilda la batería de medidas de “maquillaje”.
Joseba Antxon, el dueño de la empresa gancho en la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública y amigo del ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la Comisión de Investigación del Senado sobre dicha trama. El fundador de Servinabar ha leído un comunicado al inicio de su comparecencia para subrayar la “similitud” entre el objeto de la comisión del Senado y las investigaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional: la presunta existencia de una trama corrupta en la que estarían implicado el propio Antxon y Cerdán, además del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el hombre de confianza de los tres, Koldo García.
Esperanza Aguirre cree que a Montoro se “le subió el cargo a la cabeza” y le señala por la filtración de su renta
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha afirmado este martes que al exministro de Hacienda del PP Cristóbal Montoro se “le subió el cargo a la cabeza” y le señala en la filtración de su declaración de la renta, en el año 2015.
Lo ha dicho en una entrevista de Catalunya Ràdio preguntada por las supuestas irregularidades de Montoro, después que un juez de Tarragona le haya imputado por supuestamente favorecer a gasistas desde el Ministerio de Hacienda. Ha valorado que se le subió el cargo a la cabeza “porque se creía inmune” y ha afirmado que ella no se alegra de que le investiguen, pero que cree que Montoro sí que lo hará, porque él mismo declaró que no había problema con que a uno le investigaran.
Ha afirmado que “era un secreto a voces lo de Equipo Económico en aquella época”, en relación a la consultora que creó Montoro y mediante la cual presuntamente facturó a empresas públicas de la trama, aunque ha dejado en manos de la Justicia si lo que se está investigando es o no un delito.
Sobre la filtración de su declaración de la renta, ha señalado al exministro: “El caso es que han pasado 10 años y yo sigo sin saber quién la filtró. Y yo se lo achaco al señor Montoro, porque Montoro era el jefe de la Agencia Tributaria en aquel momento”.
Ha apuntado a la mala relación entre ambos por la subida de impuestos del Gobierno de Mariano Rajoy, y ha afirmado que un juez deberá decidir si utilizó los instrumentos del Estado contra ella por ser su rival política. “Yo no puedo asegurarlo, eso lo tendrá que decir el juez, pero vamos, lo bueno sería que me dijeran quién entró en mi declaración de la renta. Eso es lo que tendría que hacer la Agencia Tributaria, a lo mejor lo hacen los de ahora, y me hacen ese favor”, ha expresado. (EP)
El Govern de la Generalitat nombra durante la reunión que celebra este martes a Santiago Ramón Arizón comisionado para el despliegue de la Hacienda catalana. La designación se enmarca en el proceso para encajar un nuevo modelo de financiación para Cataluña, vinculado al pacto entre PSC y ERC, y supone un paso más en el rediseño de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), para que sea un organismo con más capacidades y competencias para asumir la gestión del IRPF y hasta 30.000 millones de euros anuales, en comparación con los 5.000 que maneja actualmente. Arizón ha sido responsable de tributos de la multinacional IBM para España, Portugal y Grecia.
Antxon Alonso se acoge a su derecho a no declarar en la ‘comisión Koldo’ del Senado
El empresario navarro Antxon Alonso se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión del Senado centrada en el llamado caso Koldo.
El empresario navarro amigo de Cerdán llega al Senado
Joseba Antxon Alonso, propietario de la compañía navarra Servinabar y amigo del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, ha llegado a la comisión del Senado del llamado caso Koldo, donde está convocado como compareciente.
El pasado 7 de julio, el empresario compareció en el Supremo, donde respaldó buena parte de la versión que dio el ex secretario de Organización del PSOE sobre su vinculación con la empresa Servinabar, situada en el centro de la investigación de una presunta trama de mordidas. El constructor relató que él ha sido siempre el socio único de esa mercantil —como consta en el registro— y que no otorga ninguna validez al documento privado que firmó con el socialista en 2016 para transferirle el 45% de las participaciones a cambio de 6.000 euros.
Arranca el pleno extraordinario del Congreso
Empieza el pleno extraordinario del Congreso, el último ante del parón veraniego. Los diputados debaten la convalidación de tres decretos ley sobre entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón y declaración de eventos culturales como de interés público, con la duda de si el Gobierno obtendrá los apoyos necesarios para sacar adelante los tres.
Verónica Barbero: “Cuando se trata de avanzar en la transición justa, Podemos es parte del problema”
Antes de que comience este martes el pleno del Congreso que debe votar la convalidación del decreto energético, la portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Barbero, se ha manifestado muy dura contra Podemos, que ayer anunció su rechazo a la medida que promueve el Gobierno tras el histórico apagón del 28 de abril. La postura del partido de Ione Belarra complica su aprobación y hace necesaria una abstención de PP o Vox para que pueda ver la luz.
“Si este decreto no sale adelante los principales beneficiarios serán la derecha y la ultraderecha que apuestan por las energías fósiles y por las nucleares, una derecha y ultraderecha retardistas y negacionistas. Podemos ha optado por una decisión claramente partidista, se olvidan de que la transición energética también es una cuestión de clases”, ha criticado Barbero desde la sala de prensa.
“Esta norma promueve el autoconsumo, la soberanía energética, aire limpio en nuestros barrios y el abaratamiento de las facturas de miles de familias gracias al almacenamiento”, ha defendido. “Lo que demostrará Podemos con su voto en contra es que la transición no les importa. Ni el clima ni la clase. Y que cuando se trata de avanzar en una transición justa, Podemos es parte del problema. Para España para la ciudadanía y para el planeta”, ha concluida muy dura la portavoz del grupo de Díaz.
La exdirectora del CNI Paz Esteban, imputada por espionaje en el ‘caso Pegasus’
El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha imputado a la exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, por el espionaje con el software Pegasus al abogado Andreu Van den Eynde.
Además de la exjefa del CNI, el instructor del caso también ha imputado a tres directivos de NSO Group, la compañía que comercializa la aplicación. Los cuatro están incluidos en una orden europea de investigación, según ha comunicado este martes Irídia-Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, que considera el caso como “una trama de espionaje de Estado” contra el independentismo catalán. El centro considera que la imputación y el avance de la investigación abre la puerta a la desclasificación de información, decisión que depende del Consejo de Ministros. Irídia reclama una investigación sobre el espionaje a 65 personas, de las que solo 18 medió autorización judicial. Esteban ya está imputada en otros casos y, de hecho, tendrá que comparecer en el juzgado a finales de septiembre.
Clavijo sobre las 1.200 plazas de asilo para menores migrantes en la Península: “No nos vale. Ni dicen cuándo ni dicen dónde”
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se ha referido a la declaración de emergencia en el archipiélago que va a declarar el Consejo de Ministros este martes por valor de 40 millones de euros para la creación de 1.200 plazas de asilo para menores migrantes en la Península. “No nos vale porque ni dicen cuándo esas plazas van a estar en vigor, ni dicen dónde”, ha aseverado.
Así se ha expresado el jefe del Ejecutivo canario en una entrevista en RNE, donde ha reconocido que el decreto es un “avance”, pero también ha afeado al Gobierno central que hayan transcurrido “cuatro meses desde que el Supremo dictó el primer auto, aceptando una medida cautelar positiva, es decir, aceptando una petición de Canarias”, para dar protección a más de 1.000 menores que han solicitado asilo.
Clavijo ha añadido que “a día de hoy el Gobierno de España tiene 946 expedientes, 946 niños y niñas que están en la red de protección internacional y no se ha iniciado la derivación de ni uno solo de ellos”. “Es difícil de creer que todo un Estado sea incapaz de derivar al menos 100, 200 niños para que puedan ser atendidos adecuadamente”, ha señalado.
El presidente de Canarias ha reconocido que se han ido dando los pasos para reubicar a los niños, “quizá con más lentitud de la deseada”. No obstante, ha señalado que hay que ir con “mucha cautela” porque las comunidades del PP y Castilla-La Mancha han recurrido al Constitucional el decreto del Gobierno para la acogida de menores migrantes de Canarias en otros territorios.
“Hoy espero que al final ese decreto vea la luz y podamos ir empezando a hacer esas derivaciones a otras comunidades autónomas para que los menores sean atendidos adecuadamente a partir de finales de agosto”, ha manifestado Clavijo.
Preguntado por las razones de las autonomías que han recurrido el decreto, en cuya negociación se implicó personalmente, el presidente canario ha afirmado que los argumentos no obedecen a la realidad y que “esa distribución contempla criterios científicos elaborados por profesionales de la materia”. “Esa crítica no obedece más allá que a criterios políticos que ellos querrán establecer o utilizar a los menores como arma política. Pero, desde luego, no tiene ningún tipo de rigor ni científico ni académico ni de sentido común”, ha insistido el presidente, que se siente “desencantado” con el Gobierno central y con el PP.
Clavijo ha matizado que está “desencantado” con el Gobierno de España y cómo ha actuado, pasándose “la papa caliente” de unos a otros. “Y estoy desencantado del desprecio que el Partido Popular ha mostrado a esos niños y a esas niñas que realmente pasado mañana o dentro de unos meses pueden estar llegando a Andalucía o a Baleares”, ha enfatizado, para después reclamar la solidaridad de todos. (EP)
Podemos confirma que votará en contra del decreto ley sobre el refuerzo del sistema eléctrico: “No impone ninguna sanción ni obligación al oligopolio”
La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha confirmado este martes que su formación votará hoy en contra del decreto ley que se debate en el pleno extraordinario del Congreso para reforzar el sistema eléctrico tras el apagón del pasado 28 de abril.
“Este real decreto no va de prevenir apagones. No impone ninguna sanción al oligopolio eléctrico por la responsabilidad derivada del apagón del día 28 de abril y no impone ninguna obligación al oligopolio eléctrico para que no se pueda volver a producir”, ha dicho Belarra en una entrevista en La1. La secretaria general de Podemos ha tildado el decreto de “medida de maquillaje”.
Hay un momento en esa novela cumbre sobre amor y desamor titulada Las Palabras de la Noche en que Tomassino, el amante de Elsa, la narradora y protagonista, le suelta a esta una frase aterradora: “Antes te decía todo lo que se me pasaba por la cabeza. Ya no. Lo que voy pensando me lo cuento un poco a mí mismo y luego lo entierro”. La mayor prueba de que lo suyo está acabado es que ha muerto entre ambos el placentero deporte del debate, ese que da ganas de seguir paseando juntos. Pero incluso la pelota de la controversia se le ha caído de las manos. Nada de discutir hasta altas horas de la madrugada haciendo reproches. Él comunica su desamor diciendo precisamente que no tiene ganas de comunicarse.
Si prospera la reforma —apoyada por la mayoría parlamentaria— que se vota hoy en el último pleno del curso —PP, Vox y UPN ya han anunciado su rechazo—, en adelante el reglamento de la Cámara Baja se referirá al “Congreso” sin el tradicional “de los Diputados”. El 44% de los escaños de la presente legislatura corresponde a mujeres: son 154 por 196 hombres. Se cumple pues la obligación legal de la paridad. Ahora además se pretende que esta se refleje en algo tan simbólico como el nombre.
Por primera vez, un grupo de científicos formará parte del Sistema de Seguridad Nacional (SSN), encargado de la defensa y la seguridad nacional de España. El Gobierno ha creado este grupo para integrar el conocimiento científico en la toma de decisiones durante situaciones de emergencias y catástrofes de forma estructurada, según informan fuentes de Presidencia del Gobierno, después de crisis como la pandemia de covid, el volcán de La Palma o la dana de Valencia.
Pocos asuntos generan tanta tensión entre Canarias y la Península como el de la acogida de los menores migrantes. En este momento hay dos frentes abiertos contra el Gobierno central. El primero lo encabezan la mayoría de comunidades autónomas, que se niegan a recibir a los menores hacinados en las islas. El segundo lo mantiene el propio Gobierno canario, por un motivo similar: mientras critica la falta de solidaridad de las autonomías, el Ejecutivo central se resiste a acoger a los menores solicitantes de asilo, tal como le ordenó el Tribunal Supremo el pasado marzo. La tensión va en aumento y el equipo de Fernando Clavijo ha optado por el choque. Este martes, cuando estaba previsto que ambas administraciones presentaran un escrito conjunto ante el Supremo para informar de los avances en la acogida de casi 1.200 solicitantes de asilo, Canarias ha decidido desmarcarse: presentará un escrito propio en el que reprocha al Ministerio de Migraciones su actuación.
Los múltiples pleitos judiciales y administrativos que separan a la Comunidad de Madrid y a Quirón, compañía que gestiona cuatro hospitales de la red pública regional, son solo la punta del iceberg en una tensa relación donde cada decisión tiene consecuencias millonarias. Entre 2019 y 2024 la administración regional pagó más de 5.000 millones a la empresa que articula el día a día de los hospitales concesionados de Villalba, Valdemoro y Móstoles, además de la Fundación Jiménez Díaz. Esa cifra incluye un desvío de 1.300 millones sobre lo presupuestado inicialmente entre 2019 y 2023, y justificado principalmente con la dificultad de prever el uso que harán los pacientes de su derecho a elegir el hospital en el que quieren ser atendidos. En paralelo, las dos partes han echado un pulso sobre la facturación de pacientes, medicinas, obras o sensores que EL PAÍS reproduce ahora basándose en documentación oficial.
Yo comprendo que si el líder de la oposición menciona en el Congreso a la mujer del presidente, al hermano del presidente, al suegro del presidente, a los colaboradores más cercanos del presidente e incluso al mismísimo presidente para presentarlos como personas deshonestas y corruptas, al final el presidente se desmelene y se ponga al mismo nivel, sacando los papeles de Bárcenas, la Gürtel, la Kitchen, la Púnica, el fraude fiscal de la pareja de Díaz Ayuso, la guerra sucia de Villarejo y todo lo que encuentre a su alcance en ese momento. Da igual que el discurso inicial, bien trabajado, fuera en una dirección muy distinta, con su tono institucional, su justa dosis de contrición y las propuestas para reducir los niveles de corrupción. Todo eso se olvida rápidamente en cuanto se viene la catarata de insinuaciones, maledicencias y acusaciones. Entonces sale la fiera. Hay que tener unos nervios de acero para aguantar las bajezas de Alberto Núñez Feijóo.
El 15 de marzo de 2012, Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, participó en un foro organizado por la consultora Deloitte y la multinacional Ferrovial para explicar las reformas estructurales que, en plena crisis económica, planeaba el Gobierno del PP. Montoro dijo que el “primer objetivo” era que las administraciones públicas se pusieran al día en el pago a sus proveedores. “No es admisible que haya facturas sin pagar en los cajones”, dijo el dirigente del PP, que defendió una inyección de liquidez de 35.000 millones de euros para dinamizar la economía.
El PP tiene en su mano y en sus votos convertir un pleno escoba aparentemente de trámite de final de periodo de sesiones en el Congreso en otro retrato de esa manera de malvivir al límite del Gobierno en esta peculiar legislatura. El Ejecutivo sostiene que avanza e impulsa leyes y decretos, hasta hoy 37, y creía que podría marcharse de vacaciones con ese marcador en 43, con las seis iniciativas que pensaba sacar adelante sin más este martes. No parece que lo vaya a lograr. Uno de esos decretos pendientes de convalidación, el que recoge medidas para reforzar el sistema eléctrico tras lo sucedido en el gran apagón del 28 de abril, no tiene aún apoyos para prosperar. Podemos ha confirmado su negativa. El Gobierno está pendiente de que le salve en ese tropezón el voto afirmativo o al menos la abstención del PP, que se reserva su posición.
El Consejo de Ministros dará este martes el primer paso para cumplir la promesa que Pedro Sánchez le hizo al nuevo líder del PNV, Aitor Esteban, el pasado 26 de febrero, en su última pregunta al jefe del Gobierno tras más de dos décadas como diputado. Después de que Esteban le recordara que “no es de recibo continuar con una ley franquista” de Secretos Oficiales, Sánchez le respondió: “Cuente con que en esta legislatura vamos a modificarla”. Será el enésimo intento por cambiar una norma que data de 1968, en plena dictadura, con retoques de 1978, antes de la Constitución. El PNV ha presentado cuatro iniciativas para reformarla, que han sido siempre aprobadas a trámite, para encallar luego en la tramitación parlamentaria. En la pasada legislatura el Gobierno tuvo listo un texto, pero quedó en un cajón cuando se disolvieron las Cortes.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 22 de julio.
El Tribunal Supremo celebra hoy una vista a puerta cerrada en la que estudiará si mantiene en prisión preventiva al exdirigente socialista Santos Cerdán, investigado por su presunto papel en un supuesto reparto de mordidas por adjudicaciones de obra pública, o atiende a su petición de sacarle en libertad. Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Pablo Llarena y Antonio del Moral se reúnen a partir de las 10.30 para escuchar los argumentos de la defensa del ex número tres del PSOE para ser excarcelado, a los que se opondrán la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares que dirige el Partido Popular.
Mientras, el empresario vasco Antxon Alonso, dueño de la empresa Servinabar, vinculada a los presuntos amaños de contratos públicos del caso Koldo, está citado en el Senado a las 11.00, 15 días después de que declarara en el Tribunal Supremo, donde negó que Cerdán fuera su socio.
También a las 11.00, el Congreso debate en un pleno extraordinario la convalidación de tres decretos ley sobre entregas a cuenta a comunidades y ayuntamientos, refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón y declaración de eventos culturales como de interés público, con la duda de si el Gobierno obtendrá los apoyos necesarios para sacar adelante los tres. El pleno aprobará previsiblemente de forma definitiva la reforma del Reglamento de la Cámara Baja para incorporar el lenguaje inclusivo y el voto telemático y regular también la labor de los periodistas acreditados. La aprobación del reglamento contará con la oposición del PP y de Vox.
El proyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), el organismo que gestionará y coordinará las emergencias sanitarias, está listo para afrontar su último debate en el pleno del Congreso, tras un arduo trámite parlamentario que incluso vio decaer la norma hace cuatro meses.
El Consejo de Ministros se reúne a las 9.30 y aprobará el Proyecto de Ley de Información Clasificada y la remitirá al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria. El Gobierno tiene previsto aprobar también el protocolo que detalla cómo se llevará a cabo la reubicación de menores migrantes no acompañados, un modelo con el que prevé trasladar a unos 3.000 jóvenes desde Canarias, Ceuta y Melilla a otras comunidades a partir del 28 de agosto.
El presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, continúa su gira latinoamericana en Montevideo, donde se reunirá con la viuda del presidente José Mujica, Lucía Topolansky.
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