Un expresidente de la sociedad estatal SEPI y el dueño de Servinabar se niegan a responder a las preguntas de los senadores

Joseba Antxon Alonso, el dueño de la empresa gancho en la presunta trama de mordidas a cambio de obra pública y amigo del ex número dos del PSOE, Santos Cerdán, se ha acogido a su derecho a no declarar ante la comisión de investigación del Senado sobre dicha trama. El fundador de Servinabar ha leído un comunicado al inicio de su comparecencia para subrayar la “similitud” entre el objeto de la comisión del Senado y las investigaciones del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional: la presunta existencia de una trama corrupta en la que estarían implicados el propio Antxon y Cerdán, además del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y el hombre de confianza de los tres, Koldo García.

Antxon, a quien la Guardia Civil halló un contrato de venta del 45% de Servinabar con el exsecretario de Organización de PSOE, ha llegado a pedir al presidente de la comisión que levantara la sesión. “Usted se acoge a su derecho a no declarar, pero los senadores tienen derecho a preguntar”, le ha respondido el presidente. Y eso ha hecho la senadora de Unión del Pueblo Navarro, María Mar Caballero, la primera en intervenir —preguntar por sus relaciones con Cerdán y Koldo, por las obras del túnel de Belate, la mayor obra pública adjudicada por el actual Gobierno navarro, etc—, y han ido haciendo los representantes del resto de fuerzas políticas.

El amigo y presunto socio de Cerdán ya se había negado a comparecer el pasado 1 de julio en esta misma comisión del caso Koldo-Cerdán-Ábalos (operación Delorme). El Partido Popular pidió entonces citarlo por edicto penal para obligarlo a comparecer, según fuentes del partido, cosa que ha tenido lugar esta mañana. Ateniéndose a ese mismo trasfondo penal del objeto de su comparecencia, Antxon se ha negado a declarar citando el artículo 24 de la Constitución, que se refiere entre otras cosas al derecho a no declarar de quienes están inmersos en un proceso judicial.

A su manera, la comparecencia ha ido derivando en una sesión no tan atípica, en la que los intervinientes no hablan tanto pensando en el interlocutor a quien se dirigen, como en las cámaras que están grabando las intervenciones y el eco mediático aparejado. El principal interviniente apenas ha hablado, lo que no ha impedido que el PSOE acuse al PP de querer desviar la atención del caso Montoro; y el PP al PSOE, de haberse financiado con dinero de Servinabar, sin más pruebas que su propia afirmación.

El presidente de la comisión ha llamado al orden al senador socialista, Ramón Morales. “Señor Morales está agotando la paciencia de este presidente. Usted está completamente fuera del objeto de esta comparecencia”, ha afirmado. El senador le ha reprochado que hubiera permitido a otros partidos hablar de lo que han considerado oportuno. “Me pregunto si el siguiente objeto de la comparecencia será la investigación del caso Montoro”, ha dicho con ironía el senador Morales.

La intervención del senador popular, Salvador de Foronda, ha arrancado aparentemente más centrada en el objeto de la comisión. Pero también ha acabado haciendo juegos de palabras, e insinuando que era una cuestión de respeto que el interviniente respondiera a sus preguntas. “Señor Foronda, no siga por ahí”, le ha advertido también el presidente. “El compareciente ya ha dicho que no va a declarar”, ha añadido.

Los compañeros de partido han celebrado la intervención de Foronda palmeando las mesas. La sesión se retomará a las 16.00 con la comparecencia del ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, Vicente Fernández Guerrero, cargo al que accedió en 2018 después de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, y que acabó trabajando años después en Servinabar, una de las sociedades de Antxon, con una decena de empleados.

Silencio por partida doble

Si el silencio de Antxon era hasta cierto punto previsible, dado que lo habían citado por los mismos hechos y los mismos vínculos que investigan los jueces, mucho más sorprendente resultó que el segundo compareciente adoptara idéntica postura. “Me acojo a mi derecho constitucional a no declarar”, dijo el expresidente de la SEPI, Fernández Guerrero. “Una auténtica desfachatez y de desprecio a esta cámara”, calificó en su caso dicha postura el senador del PP, Francisco Martín Bernabé.

El motivo, dijo Fernández, era que en el caso de la mina Aznalcóllar, por el que cesó en 2019 como presidente de la SEPI, él mismo no era no solo investigado, sino que está a la espera de sentencia, después de la semana pasada terminara dicho juicio. “Sigo estando procesado, por tanto”, dijo. ¿Y qué relación puede tener ese caso de la mina andaluza de Aznalcóllar con su trabajo en una empresa navarra, como es Servinabar?, le preguntó la senadora Caballero (UPN).

“Permítame, señoría, pero me remito a mi declaración inicial”, fue repitiendo Fernández cuando los senadores que la siguieron terminaban su ronda de preguntas. Joan Queralt, representante de Izquierdas por la Independencia y catedrático de Derecho Penal, fue el que expresó de la forma más eficaz la extrañeza compartida por muchos de los intervinientes: ¿cómo un expresidente de la SEPI, una empresa pública con miles de millones de euros en activos, acaba contratado como director comercial de una empresa cuyo valor, calculado por sus dueños, es de 13.000 euros?

“Dicen que el tamaño no importa”, había empezado diciendo, pero en este caso, señaló Queralt, es lo que interesa a todo el mundo. La diferencia de tamaño y de estatus. Compárese por ejemplo las imágenes de las sedes de ambas compañías por las que pasó Fernández Guerrero: la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales —edificios de varias plantas, de amplios ventanales, en Madrid— y el piso de Servinabar en Pamplona, con la placa arrancada de la puerta.

“Con el mismo respeto, señoría, me remito a mi declaración inicial”, le respondió Fernández. Y con el mismo silencio, respondió también cuando varios de los senadores, a derecha e izquierda, le preguntaron por el piso donde se reunía la ex militante del PSOE, Leire Díez, en la madrileña calle Diego de León, que Fernández Guerrero alquilaba. Tampoco respondió.