El dueño de la empresa navarra respalda la versión de Santos Cerdán y niega el pago de mordidas

Joseba Antxon Alonso, propietario de la compañía navarra Servinabar y amigo de Santos Cerdán, ha respaldado este lunes en el Tribunal Supremo buena parte de la versión que dio el ex secretario de Organización del PSOE sobre su vinculación con esa empresa, según fuentes jurídicas presentes en la cita. El constructor ha relatado que él ha sido siempre el socio único de esa mercantil —como consta en el registro— y que no otorga ninguna validez al documento privado que firmó con el socialista en 2016 para transferirle el 45% de las participaciones a cambio de 6.000 euros. La pasada semana, en su comparecencia ante el magistrado, Cerdán aseguró que rubricó esa especie de borrador en una época en que pensaba abandonar la política y pasarse al sector privado. Pero, según añadió, después se arrepintió y reculó, por lo que no se oficializó ese acuerdo y pidió a Alonso que lo rompiera.

El dueño de Servinabar también ha negado el pago de mordidas a cambio de adjudicación de obra pública. Una tesis de defensa que, según esas mismas fuentes, ha repetido este lunes un exdirectivo de Acciona, Fernando Merino, imputado igualmente.

Antxon Alonso se ha acogido a su derecho a responder solo las preguntas de su defensa, y no ha contestado al juez, a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones populares. La Guardia Civil cree que la presunta trama usó a Servinabar en sus inicios en Navarra para participar en adjudicaciones junto a Acciona, con la cooperación de Cerdán para obtenerlas. El exsecretario de Organización del PSOE lo negó la pasada semana. Y Alonso también ha hecho lo mismo este lunes.

Los investigadores esgrimen contra ambos ese documento de transferencia de participaciones de 2016 —que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontró en el registro de las propiedades de Alonso—. Sin embargo, los dos amigos han minimizado su valor. Al igual que hizo Cerdán, el empresario ha aseverado este lunes en el Supremo que ese papel se firmó después de que el PSOE obtuviese un mal resultado en las elecciones navarras de 2015: “[Cerdán] me comentó que se planteaba dejar la política”, ha insistido el constructor, antes de calificar ese acuerdo como “un borrador” que nunca se llevó al notario. “Él rompió su copia. Y yo la mía la guardé”. Según sostienen las defensas para restarle valor, los agentes la localizaron en un trastero.

Fernando Merino, directivo de Acciona hasta 2021 (responsable en Navarra entre 2014 y 2019), ha reconocido que esta multinacional participó con Servinabar en varias obras en la comunidad foral, pero ha rechazado las supuestas ilegalidades. “Había un acuerdo de colaboración [en algunos proyectos]”, ha recordado al explicar sus contactos con Antxon Alonso. También ha dicho que conocía desde 2015 a Koldo García porque estaba implicado en un “macroproyecto de una mina de potasa en Navarra”, donde las dos compañías participaron —García, militante socialista, empezaría en 2017 a trabajar a sueldo del PSOE como chófer de José Luis Ábalos; y después como su asesor en el Ministerio de Transportes—. A Cerdán lo conoció en 2014 en una “ronda” de encuentros con agentes sociales: “Formaba parte de la oposición en el Parlamento navarro”.

Pese a que Merino ha admitido que, una vez que Ábalos aterrizó en el Ministerio, se cruzaba con Koldo García mensajes e información sobre obra pública; ha defendido que “no tenía ninguna intencionalidad” con ello. Según fuentes jurídicas, solo quería saber el estado de esos expedientes. También ha reconocido que puso en contacto al asesor de Transportes con sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, respectivos apoderado y administrador mancomunado de Obras Públicas y Regadíos (OPR), imputados por el pago de mordidas. Su única intención, según ha explicado el exdirectivo de Acciona, era “presentarlos” para que tuvieran abierta esa vía de comunicación.

Al acabar sus interrogatorios, la Fiscalía ha pedido al juez que les imponga medidas cautelares a Antxon Alonso y Fernando Merino: la prohibición de salir de España, la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer periódicamente en un juzgado. El magistrado Leopoldo Puente lo ha aprobado: “Persisten los indicios de criminalidad”. “No se explica fácilmente el motivo por el cual Joseba Antxon Alonso, buen amigo de Santos según se proclama, conservaba el documento privado tantos años después en su propio domicilio”, reprocha el juez al dueño de Servinabar.

El piso de Madrid

La relación de amistad entre Santos Cerdán y Antxon Alonso comenzó cuando el político se encontraba en la oposición en Navarra, según ha dicho el empresario. El dueño de Servinabar ha añadido este lunes que coincidieron en un salón inmobiliario e intercambiaron sus teléfonos. E hicieron buenas migas. Tanto que en 2017, cuando Santos Cerdán se trasladó a Madrid tras la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del PSOE, compartieron piso en la capital. La UCO sospecha que esa vivienda la pagaba la compañía navarra a cambio de que le otorgasen obras. Pero los dos imputados lo niegan. “En esa época decidí alquilar una vivienda para mí porque tenía muchos negocios en Madrid. Cuando Cerdán me dijo que venía a Madrid, le dije que se viniera al mío. Era un piso modesto”, ha apostillado Alonso ante el magistrado.

En la misma línea de defensa, el empresario ha alegado que donó 4.500 euros a Fidelso, una fundación vinculada a Ábalos, porque “desgravaba fiscalmente” y porque Servinabar tiene un “compromiso social”. “Damos a muchas fundaciones”, ha apuntado antes de añadir que dio empleo a Koldo García antes de que empezara a trabajar para el PSOE. Según su versión, si le traía obra privada, le daba un sueldo mensual.

Cinco empresarios

Las dos comparecencias de este lunes cierran la nueva ronda de interrogatorios fijada por el instructor Leopoldo Puente tras conocerse el 12 de junio el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que señalaba a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE. Tras estudiar ese extenso análisis policial, el magistrado del Supremo dio un acelerón a la investigación (por el amaño de obra pública a cambio de mordidas) con una batería de iniciativas: citó como imputados a los cinco empresarios señalados, además de autorizar al instituto armado a entrar en las sedes del PSOE y del Ministerio de Transportes para clonar los correos electrónicos de Santos Cerdán y José Luis Ábalos. También reclamó a la Audiencia Nacional que imputase a Isabel Pardo de Verá, expresidenta de Adif, y a Javier Herrero, ex director general de Carreteras —una medida que ha obtenido luz verde finalmente—.

El pasado viernes ya declararon tres empresarios en el Supremo: José Ruz, accionista de Levantina Ingeniería y Construcción (LIC); y los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, respectivos apoderado y administrador mancomunado de Obras Públicas y Regadíos (OPR). Todos ellos negaron haber pagado mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Sin embargo, José Ruz admitió que le pidió a Koldo García que mediase para que le consiguiera una reunión con Santos Cerdán —aunque no precisó si llegó a producirse ese encuentro—. Entonces, Cerdán ocupaba puestos orgánicos dentro del PSOE, pero no tenía ninguna responsabilidad en Transportes.

Como solicitó la Fiscalía Anticorrupción, el magistrado Puente mantiene medidas cautelares contra Ruz y los hermanos Fernández Menéndez: tienen que comparecer cada 15 días en un juzgado; y al responsable de Levantina, además, se le ha prohibido salir de España y se le ha retirado el pasaporte.