La reforma del chalé de Koldo García, la pista que refuerza el vínculo del exdirectivo de Acciona con la trama

La constructora de Fernando Merino, el exdirectivo de Acciona señalado como pieza clave del caso Ábalos-Cerdán, hizo la reforma del chalé que Koldo García compró en Polop de la Marina (Alicante), según la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Los agentes localizaron en el domicilio del empresario “diversa documentación relacionada con la obra efectuada por Mer Construcción” en esa vivienda, según el acta del registro, a la que tuvo acceso EL PAÍS. Entre los papeles se encuentran “facturas” y una “copia de un contrato de construcción y reforma” en dicha casa, fechado el 4 de enero de 2021 (cuando Koldo García todavía trabajaba en el Ministerio de Transportes como asesor de José Luis Ábalos) y firmado por su hermano Joseba. El instituto armado sostiene que Koldo García puso esa vivienda a nombre de su familiar para ocultar el incremento ilícito de su patrimonio.

Durante la última fase de las pesquisas, los agentes han destacado la estrecha relación que Merino tejió desde hace una década con Koldo García. Merino era director del Departamento de Navarra y La Rioja de Acciona cuando García y Santos Cerdán ocupaban cargos públicos y orgánicos en el partido socialista de la comunidad foral. Según los investigadores, existen indicios de que el empresario señalaba las “obras que resultarían de interés” para esa compañía del IBEX (incluido durante la etapa en que Koldo García desembarcó en Transportes de la mano de Ábalos), con el objetivo de que los otros implicados “influyeran” en las adjudicaciones públicas a cambio de “contraprestaciones”.

Aunque el exasesor del exministro defiende que puede explicar el origen de su patrimonio, la Guardia Civil insiste en que Koldo García destinó una parte del dinero de las supuestas mordidas a la adquisición de viviendas. Entre los inmuebles bajo sospecha se encuentra la casa de Polop de la Marina, comprada en 2020 y sometida a una reforma de “mejoras” inmediata.

En los registros consta que fue su hermano Joseba (también imputado) quien se hizo con esa vivienda en 2020 por 225.000 euros —sobre la que constituyó una hipoteca de 191.250 euros—. También es quien firmó el contrato de la reforma con Mer Construcción, la empresa de Merino. Sin embargo, el instituto armado cree que Joseba García simplemente ejercía de testaferro para opacar el flujo de dinero negro. “De hecho, este inmueble ha constituido la residencia habitual de Koldo García, su mujer Patricia Uriz (imputada también) y la hija de ambos”, apunta uno de los informes de la UCO incorporados al sumario. En este consta también una conversación interceptada a Uriz donde afirma que la hipoteca “realmente la pagan ellos”.

La casa de Polop está formada por una finca de más de 4.000 metros cuadrados, con una vivienda construida de 206 metros cuadrados y piscina, según consta en la sede electrónica del Catastro. Tiene varias plazas de aparcamiento cubiertas y punto de recarga eléctrico, según las vigilancias de la Guardia Civil. Los agentes apuntan que la obra “incrementó” su valor. Es más, en 2023, cuando la Guardia Civil seguía en secreto a Koldo García y su entonces esposa, comprobaron que habían trasladado su domicilio a otra casa que tenían en Benidorm (Alicante) y habían puesto el chalé como vivienda de alquiler “vacacional”. Esta se encuentra a unos 10 kilómetros de la playa.

EL PAÍS ha intentado sin éxito contactar con Fernando Merino para recoger su versión. La Guardia Civil estudiará ahora la documentación incautada durante el registro ejecutado la pasada semana. En un informe elaborado hace meses, los agentes ya detectaron que Joseba García había hecho “cuatro transferencias” en 2021 por valor de 50.016 euros a Mer Construcción: “Pero no se ha averiguado el motivo de dichos pagos o la vinculación con la citada sociedad y sus responsables”, escribió la UCO.

De Navarra a Granada

El último informe de la UCO sobre el caso Ábalos-Cerdán, que ha provocado un seísmo político, ha situado la lupa sobre Fernando Merino. Los agentes lo señalan como un directivo corruptor de Acciona, que comenzó supuestamente a operar en Navarra junto a Koldo García y Santos Cerdán. Este amplió su radio de acción a Transportes en época de Ábalos. Y, de hecho, los agentes subrayan que fue él quien, precisamente, introdujo en el ministerio a sus cuñados, Antonio y Daniel Fernández Menéndez, respectivos apoderado y administrador mancomunado de la constructora OPR (Obras Públicas Regadíos), a favor de los cuales se “influyó” en Adif y en la Dirección General de Carreteras para conseguirles obras públicas.

Tras estallar el escándalo la pasada semana, Acciona emitió un comunicado para marcar distancias con Merino. La multinacional afirmó que lo había despedido el 12 de abril de 2021 —aunque, como publicó EL PAÍS, no inscribió en el Registro Mercantil su revocación como apoderado de la compañía hasta marzo de 2023 —. Para entonces, el directivo ya contaba con su propia firma. En febrero de 2020 había constituido Mer Construcción y Asesoramiento S. L., con sede social en Huétor Vega (Granada). Él figura como administrador único; y su mujer, hermana de los señalados de OPR, como apoderada. Su objeto social es “la intermediación y coordinación en la prestación de servicios relativos al estudio y asesoramiento, redacción de proyectos, control, ejecución y desarrollo de todo tipo de obras, tanto privada como pública”.