Tres vías de corrupción convergen en Transportes y cercan a dos secretarios de Organización del PSOE

Desde que en noviembre pasado el Tribunal Supremo abrió una causa contra el exministro socialista José Luis Ábalos, él ha intentado que la investigación se circunscribiera a las presuntas irregularidades en la contratación de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Aunque este fue el origen del caso y acaparó las primeras decisiones del instructor, el magistrado Leopoldo Puente nunca perdió de vista la documentación aportada por el empresario y comisionista Víctor de Aldama, que apuntaba al amaño de obras públicas a cambio de comisiones. Puente ha rechazado cada intento de Ábalos y del que fuera su asesor, Koldo García, de impugnar las averiguaciones encaminadas a aclarar qué había de cierto en las denuncias de Aldama. Y, tras varios interrogatorios a testigos de los que no salió nada en claro, un informe entregado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 5 de junio confirmó la concesión “a gran escala” de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas.

Para sorpresa de las propias acusaciones, el documento policial no ahondaba en los trabajos señalados por Aldama (ese informe está pendiente), sino que destapaba una nueva trama presuntamente integrada por el exministro, su antiguo asesor y hasta el pasado jueves secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. De esta forma, siete meses después de iniciar la investigación, el juez, la Fiscalía y la Guardia Civil han logrado desentrañar una ramificación de supuesta corrupción que vivió su apogeo cuando Ábalos dirigió el ministerio de Fomento y Transportes entre junio de 2018 y julio de 2021, pero que se extendió antes y después en el tiempo.

El Supremo atribuye los delitos de organización criminal y cohecho a Cerdán y Ábalos. A este último también le imputa tráfico de influencias y malversación. Hasta ahora, los investigadores han reunido indicios que apuntan a tres ejes de actuación irregular: adjudicaciones de obras públicas; contratos amañados para la compraventa de mascarillas; y contraprestaciones en especie, como alquileres de viviendas o puestos de trabajo para mujeres vinculadas al exministro y su antiguo asesor.

Obras a cambio de mordidas. Fue Víctor de Aldama quien sacó a la luz, cuando confesó en noviembre pasado para salir de la cárcel, que él mismo, Ábalos y Koldo García se habían enriquecido, supuestamente, amañando contratos de obras públicas por las que cobraban contraprestaciones en efectivo o en especie. Lo reveló como muestra de su supuesto compromiso de colaboración con la justicia tras entrar en prisión preventiva por un supuesto fraude en el IVA de los hidrocarburos que investiga la Audiencia Nacional —una trama en la que, sin embargo, no admite su implicación—. Aldama consiguió su objetivo de quedar libre y presentó diversa documentación en el Supremo con la que apuntaba a adjudicaciones de obras sospechosas.

Entre la información que entregó hay varios pantallazos de teléfono móvil, donde se ven anotaciones a mano sobre listados de supuestas obras públicas adjudicadas por Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos como ministro. La UCO no ha terminado todavía el informe que le encargó el juez en abril sobre esas adjudicaciones, pero los agentes tienen ya indicios destacables para recelar. Entre otros, cuentan con una prueba pericial que reveló que la letra de esas anotaciones es de Koldo García.

Otro dato aportado por Aldama ha servido a la UCO para descubrir la implicación de Cerdán en las supuestas irregularidades del ministerio de Ábalos. El comisionista aseguró en el Supremo que él entregó al exasesor un sobre con 15.000 euros y que vio como este se lo dio al secretario de Organización del PSOE en un bar para compensarle por el enfado que le ocasionó que el empresario hubiera amañado con Ábalos y Koldo García la adjudicación de una obra en el norte de España, un territorio que, según Aldama, controlaba Cerdán. El juez encargó a la Guardia Civil que rastreara posibles mensajes que el empresario y el asesor del ministro hubieran intercambiado con el número tres del PSOE y, entre el material intervenido a Koldo García, los agentes encontraron decenas de mensajes y audios que confirman, al menos en parte, que Cerdán “gestionó” una batería de “contraprestaciones económicas” para Ábalos y su antiguo asesor derivadas de la adjudicación “a gran escala de numerosos contratos de obra pública en favor de determinadas empresas (Acciona entre otras)”.

“Tanto el ministro como su asesor, iniciaron un camino con Aldama, LIC y OPR [dos empresas supuestamente vinculadas a la trama] que les habría originado una contraprestación personal al margen de Acciona, lo que provocó la recriminación por parte de Santos [Cerdán], quien se habría enterado debido al ‘ruido’ que le llegaba desde varios puntos de España. El propio Santos no reprobaba, por el contrario, estas contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría”, advierte la UCO. Los agentes detallan cinco licitaciones del departamento de Ábalos (en Murcia, Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat, Barcelona) en las que resultó adjudicataria Acciona en solitario o formando una Unidad Temporal de Empresas (UTE) con otras mercantiles. Los investigadores han vinculado a Cerdán y García con Acciona a través de Fernando Merino, uno de sus antiguos directivos en Navarra: sospechan que los tres ya venían ejecutando esta misma operativa ilegal en dicha comunidad desde 2015.

Según el instituto armado, los importes abonados desde Acciona al entonces ministro y su asesor ascenderían, al menos, a 620.000 euros. La Guardia Civil cree que no se llegaron a entregar otros 450.000 euros prometidos a Ábalos y García. Además, los agentes apuntan que ese flujo de dinero lo “gestionaba” el propio Cerdán, del que no tienen todavía datos concretos de las supuestas contraprestaciones que pudo recibir, pero consideran “probable” que este “también hubiera podido obtener un rédito económico de las adjudicaciones a Acciona”.

Los contratos de mascarillas. La presunta adjudicación irregular de obra es, de momento, el grueso de un pastel que comenzó a conocerse en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil detuvo a Koldo García y Víctor de Aldama. Entonces, los agentes centraban sus pesquisas en una trama de concesión de contratos de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, a cambio del cobro de mordidas y regalos del comisionista. El punto de mira se colocó primero en Soluciones de Gestión, la compañía usada por el empresario; y en el asesor de Ábalos, que se movió durante años como pez en el agua por el Ministerio de Transportes. “En este tema, y en otros muchos, Koldo era muy insistente”, admitió Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, que también se ha visto implicada en el caso (está previsto que declare como imputada el próximo julio en la Audiencia Nacional).

La UCO siempre creyó que Aldama era el “nexo corruptor” y que Koldo García era el conseguidor, por lo que faltaba la pieza clave que respaldaba y daba luz verde a sus turbios negocios. Tras meses de indagaciones, le pusieron nombre al sospechoso: José Luis Ábalos, exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez y antiguo secretario de Organización del PSOE.

El juez Ismael Moreno, instructor de la Audiencia, apuntó que Soluciones de Gestión ganó en 2020 ocho contratos para el suministro de material sanitario “mediante un procedimiento de negociado sin publicidad y con carácter de emergencia, que alcanzaron una cuantía próxima a los 54 millones de euros”. La mayoría fueron otorgados por órganos dependientes de Transportes; pero también por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, gracias a los tentáculos de Koldo García, según los investigadores.

El sumario señala que la trama de Aldama operó en Transportes de forma paralela a la presunta red de adjudicación de obra. Serían dos negocios ilícitos independientes. El ministro y su asesor se habían buscado otra “fuente de ingresos” distinta de la que, según el último informe de la UCO, les proporcionaba Santos Cerdán, que sustituyó a Ábalos al frente de la Secretaría de Organización, cuando este cayó en desgracia en 2021. De esta forma, con el señalamiento de sus dos últimos responsables, el corazón de la formación socialista queda bajo sospecha. El PP ya acusa al PSOE de financiación ilegal.

Pisos y enchufes en empresas públicas. Los primeros indicios de que Ábalos recibió algún tipo de contraprestación por favorecer la adjudicación de contratos a determinadas compañías se encontraron en mensajes y documentos que apuntaban a tres viviendas adquiridas o alquiladas por los empresarios de la trama de mascarillas. “De todos los pisos existentes en Madrid, la pareja sentimental del señor Ábalos residía, precisamente, en uno de lujo, cuya renta era abonada por un socio de Aldama (el señor Luis Alberto Escolano) y después por el asesor del entonces ministro. De todos los chalets ubicados en la costa andaluza, Ábalos vino a arrendar, con opción de compra, un piso que adquirió con ese fin una empresa vinculada entonces con Aldama [...]. Y, finalmente, de todos los pisos que Ábalos podría haber intentado adquirir en Madrid para satisfacer sus necesidades de vivienda, vino a concertar un contrato privado de alquiler, nuevamente con opción a compra y con un precio aparentemente muy inferior al de mercado, que resulta ser, precisamente, propiedad de Aldama”, señaló con incredulidad el juez en un auto al inicio de la instrucción.

A esos inmuebles se le sumó el hallazgo de que dos mujeres vinculadas a Ábalos estuvieron contratadas en empresas públicas dependientes del Ministerio Transportes. Jésica R., una joven con la que el dirigente socialista mantuvo una relación sentimental cuando era ministro, admitió en el Supremo que cobró de Ineco y Tragsasec, pero que nunca trabajó realmente en ellas, lo que ha acabado provocando la imputación de la expresidenta de la empresa pública Adif, Isabel Pardo de Vera, sobre la que el magistrado Puente vio “indicios bastantes” de que pudo tener ”una relevante participación” en ese fichaje “irregular y caprichoso”.

A esos contratos para la que fuera su pareja, se sumó luego el puesto del que disfrutó Claudia M., otra mujer a la que los agentes vinculan con Ábalos, en Logirail (filial de Renfe). La Guardia Civil cree constatado que el exasesor del ministro medió, a petición de este, no solo para que esa contratación “se llevara a cabo, sino que, una vez fuera formalizada, no fuera rescindida”, un extremo que confirmó ella durante su comparecencia como testigo ante el juez. A ellas se ha sumado ahora una tercera mujer, Nicoleta N., a la que la UCO atribuye “una relación cercana” con Koldo García. La grabaciones intervenidas revelan que este pidió a Cerdán en febrero de 2022, cuando ya esta fuera del ministerio, un puesto de trabajo para su pareja, Patricia Uriz; su hermano Joseba ―ambos imputados en la causa― y Nicoleta N., porque “la pobre está en el paro”. El informe de la Guardia Civil revela que esta fue colocada meses después en la empresa Enajenacion de Materiales Ferroviarios S A (Emfesa, dependiente de Adif).