Obligada a parir en la puerta de un hospital por no tener acompañante masculino: los edictos talibanes ponen en peligro la vida de las afganas

Mariam terminó sus estudios de comadrona en 2021, cuando los talibanes retomaron el poder en Afganistán, pero ni siquiera pudo recoger su diploma. “No permitieron que las estudiantes recibiéramos el título en un acto de graduación. Nos dejaron fuera de la foto. Hasta hoy”, explica a este periódico. Mariam, que prefiere usar un nombre falso para esta entrevista, tampoco ha podido ejercer ni un solo día debido a los edictos emitidos por las autoridades de facto y aunque en su país haya una acuciante necesidad de matronas.

Según Unicef, hoy en día solo el 66% de las mujeres de Afganistán da a luz acompañada de personal cualificado. Además, en 2024 y aunque los datos oficiales son limitados, la mortalidad materna se situó en 638 muertes por cada 100.000 nacidos vivos y la mortalidad neonatal llegó a 24 decesos por cada 1.000 nacidos vivos, cifras que están entre las más altas del mundo, según la ONU.

Desde España es imposible entender nuestro miedo y nuestra asfixia, que aumenta cada día”

Fariba, afgana de Herat

Estos números son solo un pequeño ejemplo del impacto que las restricciones impuestas por los talibanes en Afganistán desde 2021 están teniendo en la salud física y mental de las mujeres. “El efecto acumulativo de estas políticas ha sido diseñar e implementar deliberadamente un sistema que niega la atención sanitaria esencial a mujeres y niñas”, resumió el relator especial de la ONU para los derechos humanos en Afganistán, Richard Bennett, en un informe presentado a finales de febrero en Ginebra y consagrado a la salud de las afganas. “Son medidas retrógradas que no pueden justificarse ni por la escasez de recursos ni por razones culturales”, insistió el responsable.

La mayoría de las injusticias y abusos que sostienen el informe de Bennett nunca han sido noticia. Una mujer que da a luz a la puerta de un hospital porque no tiene acompañante masculino y no se le permite la entrada; afganas enfermas que no son atendidas porque no hay doctores varones o una madre que ve morir a su bebé porque a ella no le dejan ingresar en una clínica por considerar que su vestimenta no es apropiada.

“Tengo amigas viviendo en zonas rurales que deben recorrer kilómetros hasta encontrar un centro médico donde haya una doctora o una enfermera. Da igual que estén enfermas y debilitadas”, explica a este periódico Fariba, que vive en Herat y no pudo terminar sus estudios para ser odontóloga. La condición no negociable para hablar con EL PAÍS es que su nombre no sea publicado. “Desde España es imposible entender nuestro miedo y nuestra asfixia, que aumenta cada día”, agrega esta chica de 25 años.

No permitieron que las estudiantes recibiéramos el título en un acto de graduación. Nos dejaron fuera de la foto. Hasta hoy”

Mariam, matrona afgana

Menos doctoras, más mortalidad materna

En diciembre de 2024, los talibanes decretaron que las mujeres no podían seguir acudiendo a centros donde se impartía formación médica y sanitaria. La prohibición puso fin abruptamente a años de estudios y aspiraciones profesionales de miles de mujeres, que veían este sector como uno de los escasos reductos del mercado laboral en los que las puertas aún no se habían cerrado para ellas.

“Es completamente injustificable y, a menos que se revierta, conducirá a sufrimientos, enfermedades y muertes innecesarias, y podría equivaler a feminicidio”, agregó el relator.

Claudio Miglietta, representante de Médicos Sin Fronteras (MSF) en Afganistán, explicó a este periódico que “la contratación de personal médico femenino afgano cualificado se ha vuelto cada vez más difícil para algunos de sus proyectos” en el país. Según el informe de Bennett, en este momento, las mujeres representan el 27% de los médicos generalistas, el 18% de los especializados y el 29% de las enfermeras. Estas cifras se irán reduciendo conforme el personal sanitario femenino se jubile, se marche del país o simplemente desista en su empeño de ir a trabajar cada día.

“No se nos permite hablar con guardias del hospital, conductores ni hombres en general, salvo que sea absolutamente necesario. Si lo hacemos, los funcionarios de inteligencia vienen a interrogarnos. La primera vez emiten una advertencia. La segunda significa el despido”, detalla en el informe de la ONU una trabajadora sanitaria de la provincia de Helmand.

Con un hombre y con burqa

“Las violaciones del derecho a la salud por parte de los talibanes ilustran el complejo e interconectado sistema de opresión de género actualmente aplicado en Afganistán. Estas violaciones pueden describirse como apartheid de género”, insiste Bennett, pidiendo que se codifique esta persecución sistemática contra las mujeres como un crimen de lesa humanidad ”para garantizar el pleno reconocimiento de los daños únicos y transgeneracionales que sufren las supervivientes”.

Desde 2021, los talibanes han publicado más de 130 edictos que borran progresivamente a las mujeres de la sociedad, les privan de educación a partir de los 12 años y las convierten en seres inferiores sin derechos, incluso sobre su propio cuerpo. La última medida fue un nuevo código penal aprobado a principios de este año que convierte en norma los castigos físicos y enmarca una impunidad casi total para los hombres maltratadores. Según ONU Mujeres, el 80% de las afganas están hoy excluidas del mundo laboral y de la educación.

Dentro de este contexto siniestro, Mariam se siente incluso afortunada. “Comparado con las áreas rurales, la vida en Kabul es ligeramente mejor porque se informa más de lo que ocurre aquí y, aunque hay muchas restricciones, las mujeres aún podemos ser atendidas por algunos médicos varones y recibir tratamiento”, explica.

Fariba, desde Herat, explica que su familia aún puede permitirse ir a un hospital privado, donde las normas son menos estrictas y hay más mujeres doctoras trabajando, pero sabe que es una privilegiada. “Pero en las áreas más remotas, los talibanes consiguen imponer estas normas en los hospitales, ayudados también por las familias que no dejan que a sus esposas o hijas las examine un doctor varón”, agrega.

En noviembre de 2025, las autoridades de facto de su ciudad, Herat, prohibieron la entrada de mujeres en los hospitales públicos si no cumplían las normas de vestimenta y si no estaban acompañadas por un mahram o escolta masculino.

Para las mujeres y las niñas, estos recortes de fondos están convirtiendo un entorno opresivo en una catástrofe sanitaria a gran escala

Richard Bennett, relator de la ONU

“Yo misma vi cómo golpeaban a las mujeres a las puertas del hospital y no las dejaban entrar. Días después, los talibanes dijeron que no era verdad, que nunca habían establecido esa norma, pero fue porque se informó de esto en la prensa”, dice Fariba.

Fariba y Mariam también recuerdan que a la mayoría de las doctoras no se les permitió desplazarse a las áreas del terremoto de septiembre del año pasado, y eso implicó que hubo mujeres heridas que murieron esperando ser atendidas por una mujer.

Y a todo esto se suma la reducción del volumen de los fondos internacionales destinados a ayuda al desarrollo, que penaliza con especial saña a países como Afganistán, donde el sistema ya era extremadamente frágil y dependiente de la ayuda internacional.

“Para las mujeres y las niñas, estos recortes están convirtiendo un entorno opresivo en una catástrofe sanitaria a gran escala”, afirmó Bennett, instando a la comunidad internacional a “dar marcha atrás en estas políticas”.

Miglietta, de MSF, explica que, debido a estas reducciones de fondos, han cerrado algunos centros de salud o dispensarios y esto supone “una presión” adicional para organizaciones como la suya, “que a menudo se enfrentan a una demanda de atención sanitaria que supera su capacidad de respuesta”.

En 2025, la ONU presentó a la comunidad internacional un plan de respuesta humanitaria de 2.400 millones de dólares (2.093 millones de dólares) para prestar asistencia a unos 16 millones de afganos, sobre una población total de 45 millones de habitantes. Los fondos se iban a destinar a suministrar comida, servicios de salud y educación, pero en total, se logró reunir el 40% del total solicitado. Para 2026, la ONU ha trazado un plan de 1.710 millones de dólares.

Bennett afirmó que compartió su informe con las autoridades de facto, que no son reconocidas por la comunidad internacional, y les solicitó una opinión, pero no recibió respuesta. Los talibanes consideran que sí respetan los derechos de las mujeres, según su interpretación de la ley islámica.