La empresa de la que era socio Cerdán obtuvo al menos seis contratos públicos millonarios, según la UCO

La empresa navarra Servinabar 2000 SLU ha pasado en pocos días de ser una mercantil prácticamente desconocida a atraer buena parte del foco de la investigación por corrupción en la que están presuntamente implicados, entre otros, los dos últimos ex secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán. El hallazgo el pasado 10 de junio en el registro de la vivienda del administrador único de esta sociedad, el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso Egurrola, de una “escritura privada” fechada el 1 de junio de 2016 por la que supuestamente transfería 1.350 participaciones de la sociedad (el 45% de las 3.000 las existentes) a Cerdán ha permitido documentar lo que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya apuntaba en su último informe: que esta pequeña empresa, que se hizo con al menos seis contratos millonarios de obra pública, está “directamente” vinculada tanto a este último como a Koldo García, exasesor de Ábalos y otro de los personajes clave en la trama. En una breve conversación con EL PAÍS, Cerdán niega que tenga acciones en esta empresa: “Lo niego rotundamente”.

La UCO ha remitido este miércoles al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que investiga la presunta trama que anido en el Ministerio de Transportes en la etapa de Ábalos, un oficio en el que le pide autorización para investigar el patrimonio de Santos Cerdán, como ya ha hecho anteriormente con el exministro. La petición del instituto armado detalla cinco cuentas bancarias en tres entidades financieras a nombre del hasta hace unos días número tres del PSOE y familiares suyos (excluye expresamente los depósitos a nombre del PSOE y la Fundación Pablo Iglesias en las que el exsecretario de Organización pudiera aparecer como autorizado), de las que pide todos los productos financieros, posibles cajas de seguridad, cobros de cheques y transferencias emitidas o recibidas superiores a 300 euros entre 2014 y 2024. También pide a los bancos que si hubieran remitido al Sepblac (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) “información sospechosas de blanqueo de capitales”, que les faciliten la documentación que hubiera sustentado aquellas. Por último, pide a la Agencia Tributaria toda la información fiscal sobre Santos Cerdán referida al mismo periodo.

En el documento policial, entregado al magistrado Leopoldo Puente el pasado 5 de junio, en el que solicitaban los registros de la pasada semana, los investigadores ya afirmaban que Cerdán, pese a no figurar nominalmente en los órganos de gestión de la compañía, tenía “poder de decisión” tanto en esta como en otra sociedad, la cooperativa Noran, “para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos y teléfonos, e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para él en 2017, cuando se trasladó a la capital tras cesar como parlamentario foral para asumir el puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE, meses después de la victoria de Pedro Sánchez en las primarias del partido. Por ello, el magistrado ordenó el registro tanto de la sede de la empresa, situada en Pamplona, como el domicilio en Elorrio (Bizkaia) del empresario vasco.

En concreto, el auto del magistrado apuntaba a dos contratos en la Comunidad Foral a los que había concurrido la sociedad presuntamente participada por Cerdán en unión temporal de empresas (UTE) con Acciona Construcciones, mercantil que también está siendo investigada por esta supuesta trama. El primero de los contratos fue el llamado proyecto Mina Muga para la apertura de una explotación de potasa en Sangüesa (Navarra), a finales de 2015, tan solo dos meses y medio después de que se constituyese Servinabar 2000. Los agentes han localizado mensajes que apuntan a que Koldo García y el entonces miembro del parlamento foral por el Partido Socialista de Navarra (PSN) Santos Cerdán participaron presuntamente en gestiones para conseguir que los empresarios interesados en poner en marcha la mina se reunieran con altos cargos del Gobierno regional ―entonces formado por una alianza de partidos encabezada por Geroa Bai y en la que no estaban los socialistas― para conseguir los permisos. Este proyecto, que tuvo una fuerte contestación social, se encuentra paralizado.

La segunda operación fue el contrato público para la adecuación por 3,7 millones de euros del pabellón deportivo Navarra Arena de Pamplona en 2017. En su informe, los agentes concluyen que “no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido” que aportó Servinabar 2000 a la ejecución de ambos proyectos, salvo, precisamente, la supuesta influencia para conseguir las adjudicaciones que daba la presencia en la sombra y gestiones de Koldo García y Santos Cerdán.

Cuando los agentes realizaron los registros ―y, en concreto, entraron en el domicilio de Fernando Merino, exdirectivo de Acciona Construcciones y persona vinculada a Koldo García―, intervinieron documentación relacionada con esta segunda adjudicación, pero también de, al menos, otros dos concursos públicos adjudicados a UTE integradas por esta constructora y Servinabar 2000. Así, localizaron documentación referida al contrato para la construcción de 46 viviendas de protección oficial por 7,8 millones de euros en la zona metropolitana de Pamplona. También encontraron documentación sin concretar referida a la UTE Autovía Recajo. En este registro, la Guardia Civil halló también media docena de protocolos notariales y documentos de cesión de participaciones de Acciona con Servinabar y facturas emitidas por la segunda.

Ambas empresas también formaron una UTE para concurrir a, al menos, otros dos concursos públicos. Una de ellas fue constituida en enero de 2024 para realizar unas obras en el llamado túnel de Belate (Navarra), que lleva año y medio envuelta en una polémica política en esta comunidad, aunque aún no figura formalmente dentro de la investigación del Supremo. Unión del Pueblo Navarro (UPN), principal partido de la oposición en la cámara foral al gobierno de la socialista María Chivite, ha planteado en los últimos meses varias iniciativas parlamentarias sobre esta millonaria adjudicación (las obras están presupuestadas en 76 millones de euros) al considerar que se habían producido irregularidades en el proceso de licitación.

UPN, que denunció estas ante la Guardia Civil en septiembre del año pasado, cuestiona precisamente en una empresa tan pequeña como Servinabar 2000 pudiera participar en una UTE para una obra de tal calado como es el desdoblamiento de una infraestructura viaria de casi tres kilómetros de largo. La obra del túnel de Belate también ha llegado al Congreso de los Diputados, en este caso de las manos de tres diputados del PSOE, entre ellos precisamente Santos Cerdán. Estos parlamentarios plantearon el pasado 9 de mayo una pregunta por escrito para conocer el “importe transferido y acordado a la Comunidad Foral de Navarra” para esa obra. Además, Servinabar se hizo en 2018, con el contrato para rehabilitar el interior del edificio del antiguo archivo general de Navarra y jardines de acceso por un importe de 2,4 millones de euros. En total, los seis contratos se acercan a los 89 millones de euros.

La aparición de Servinabar 2000 en las investigaciones no es, ni mucho menos, nueva. La UCO ya la citaba en un informe de mayo de 2023, dentro de la causa en la que la Audiencia Nacional investiga el supuesto fraude en la compra de mascarillas y material sanitario en el peor de la pandemia, y cuando aún no se habían realizado las primeras detenciones, practicadas en febrero de aquel año. En aquel documento se destacaba que una cuenta a nombre de esta mercantil transfirió entre 2017 y 2018 un total de 3.000 euros a un depósito bancario en la que figuraban como titular Koldo García y su esposa de entonces, Patricia Uriz. El informe no concretaba en concepto de qué. La Guardia Civil vinculaba entonces la sociedad con la cooperativa Noran, constituida por el propio Alonso y Koldo García.

Servinabar 2000 fue creada el 4 de septiembre de 2015 por Alonso con el capital mínimo, 3.000 euros, y, según Informa, desde entonces hasta ahora en el registro el empresario ha figurado como único accionista y administrador, a pesar de que el documento ahora localizado apunta a que tan solo 10 meses después de constituirse una parte significativa de sus acciones pasaron supuestamente a ser propiedad de Cerdán. El objeto social con la que fue creada abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” y la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”, aunque en 2020 lo cambiaría por el de “elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”.

En sus últimas cuentas presentadas, las de 2021, la empresa declaró unos ingresos ligeramente superiores al millón de euros, con un beneficio de 111.512 euros. El patrimonio declarado superaba los 1,2 millones de euros. En el registro mercantil figura la participación de Servinabar 2000 con entre un 20 y un 25% en tres UTE entre 2018 y 2025, todas ellas con Acciona Construcción, la misma con la que consiguió los contratos bajo sospechas.