El Gobierno bajará al 10% el IVA de gasolina, gasóleo, luz y gas

El Gobierno aprobará este viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado para calibrar la primera respuesta a los efectos de la guerra en Oriente Próximo, una batería de rebajas fiscales que afectan a los combustibles, a la luz y al gas. Entre las medidas más destacadas se encuentra la reducción del IVA de los carburantes, que pasará del 21% al 10%, según ha adelantado en la mañana de este viernes la Cadena SER. A esa iniciativa se le suman otras como la rebaja del impuesto especial sobre hidrocarburos y la reducción del IVA de la luz y el gas, avanzan fuentes conocedoras del plan que el Gobierno pondrá sobre la mesa. Con ello, el Ejecutivo busca abaratar el precio de la gasolina y el diésel en un momento de fuerte tensión en los mercados energéticos.

Los productos energéticos sujetos al impuesto sobre hidrocarburos tienen una composición química muy variada, y se presentan tanto en estado líquido como gaseoso. En general, son aquellos que se destinan a ser utilizados como combustible con fines de calefacción o como carburante, salvo el carbón y otros hidrocarburos sólidos. Son las gasolinas, querosenos, gasóleos, fuelóleos, gases licuados de petróleo, gas natural, biocarburantes y biocombustibles.

La comparencia de Pedro Sánchez, en directo

El paquete también incluye, según las mismas fuentes, medidas fiscales que afectan a la energía. El IVA de la luz y el gas también se reducirá del 21% al 10%, a lo que se suma una rebaja del impuesto especial sobre la electricidad. Además, el Gobierno suspenderá el impuesto sobre el valor de la producción eléctrica, una medida orientada a reducir los costes del sistema y evitar que se reflejen en la factura final de los consumidores.

El impuesto sobre la electricidad es un tributo que grava el consumo de energía eléctrica a un tipo del 5%. Se aplica tanto al suministro para el consumo como a la electricidad consumida por los propios productores. Es un impuesto de carácter indirecto que se incluye en el precio y lo paga el consumidor final a través de la factura de la luz, aunque quien lo ingresa en Hacienda son las compañías eléctricas.

Por su parte, el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica es un tributo directo de carácter medioambiental que grava la producción de electricidad y su incorporación al sistema eléctrico. Lo pagan los productores de energía (no los consumidores) y se calcula sobre el importe total que obtienen por generar esa electricidad, aplicando un tipo impositivo del 7%.

Con este conjunto de decisiones, el Ejecutivo pretende contener el impacto de la crisis energética derivada del conflicto internacional y frenar una posible subida de la inflación, protegiendo tanto a los hogares como a las empresas en un contexto de creciente incertidumbre. El ataque ilegal de Estados Unidos e Israel sobre Irán ha provocado que, en apenas tres semanas, la gasolina se haya colocado en un precio medio de 1,709 euros por litro en los surtidores españoles, mientras que el diésel se paga ya a 1,837 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves, con datos medios de los precios del lunes.

Además del paquete fiscal, el Gobierno presentará cambios de carácter “estructural” que afectan al sector energético. Y, por lo que explican fuentes de la negociación que se está produciendo dentro del Ejecutivo, parece que se descartan las medidas relacionadas con la intervención del mercado del arrendamiento y que demandan tanto Sumar como los socios de izquierdas de la coalición.

El presidente, Pedro Sánchez, comparecerá tras la celebración del consejo para presentar un paquete que apunta a ser menos ambicioso del que acompañó los compases iniciales de la guerra de Ucrania. Hay dos razones que explican que, al menos por ahora, la respuesta sea más comedida que la que se produjo en 2022. Por un lado, el impacto macroeconómico del conflicto es menor al de entonces y en el PSOE, responsable de la política económica, apuestan por medidas proporcionadas y quirúrgicas que no excedan el margen fiscal que tiene España. Por otro, según trasladan fuentes gubernamentales, la debilidad parlamentaria de la coalición y los últimos reveses sufridos en el Congreso obligan al Ejecutivo a presentar un plan de mínimos y menos pretencioso para que coseche el máximo de apoyos en las Cortes.