El Gobierno apura los detalles del plan anticrisis entre las presiones de socios y empresas

A un lado, las peticiones de los socios habituales de izquierdas. Al otro, las demandas y maniobras de PNV y Junts y de las grandes empresas españolas. De puertas hacia dentro de la coalición de Gobierno, las discrepancias entre el PSOE y Sumar sobre cómo proceder en asuntos tan sensibles como el de la vivienda. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, escenifica este viernes la presentación del primer paquete de medidas anticrisis con las que hacer frente a los efectos que está provocando la guerra desatada en Oriente Próximo, y que por ahora se hacen visibles, sobre todo, a la hora de repostar combustible. El presidente comparecerá tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario que ha levantado una fuerte expectación y que, a falta de cerrar los detalles de las negociaciones, apunta a un paquete menos ambicioso del que acompañó los compases iniciales de la guerra de Ucrania.

Hay dos razones que explican que, al menos por ahora, la respuesta sea más comedida que la que se produjo en 2022. Por un lado, el impacto macroeconómico del conflicto es menor al de entonces y en el PSOE, responsable de la política económica, apuestan por medidas proporcionadas y quirúrgicas que no excedan el margen fiscal que tiene España. Por otro, según trasladan fuentes gubernamentales, la debilidad parlamentaria de la coalición y los últimos reveses sufridos en el Congreso obligan al Ejecutivo a presentar un plan de mínimos y menos pretencioso para que coseche el máximo de apoyos en las Cortes. Eso, casi de manera automática, excluye del primer paquete cualquier intervención del mercado del arrendamiento y, en paralelo, obliga a caminar con pies de plomo sobre el sector energético, cuyas empresas han conseguido en varias ocasiones modular el voto de formaciones como el PNV y Junts. Ambas fuerzas resultan vitales para que el real decreto que presente el Gobierno obtenga luz verde.

Uno de los grandes caballos de batalla es el de la vivienda, un debate que ha llegado al propio seno del Gobierno. Socios como Bildu y ERC reclaman una prórroga automática de los alquileres a punto de vencer, además de limitaciones a las actualizaciones anuales de los contratos firmados antes de 2024, indexadas al índice de precios al consumo (IPC). Lo mismo pide Sumar, desde donde aseguran que negociarán para incluir estas iniciativas hasta la misma mañana de este viernes. Fuentes de la formación explican que si se quieren tomar medidas que afecten directamente a la subida de los precios ―en especial de los carburantes― no se puede dejar fuera la vivienda: “Es una cuestión obvia: si tienes que destinar más dinero a otros gastos, te queda menos para pagar un alquiler, que ya de por sí está disparado”, apuntan. Y añaden que, en el pasado, tanto el PNV como Junts dieron su visto bueno a cambios similares.

En el socio mayoritario del Gobierno no explican su posición, pero deslizan la idea de que el primer plan de medidas no incluirá nada relacionado con los alquileres. Las fuentes consultadas insisten en que se pondrá el foco en los sectores golpeados por el encarecimiento de la gasolina, el gasóleo y los fertilizantes, como el del transporte o el agroalimentario. Y añaden que, dada la fuerte incertidumbre geopolítica, el plan de respuesta será flexible y se irá adaptando a medida que el conflicto en Oriente Próximo vaya avanzando.

Además de ayudas directas a los profesionales y sectores damnificados, se esperan cambios estructurales en materia energética y ayudas específicas que contenten a ciertos sectores y, en consecuencia, a algunas formaciones políticas que actúan como llave. El PNV, por ejemplo, ha pedido públicamente ayudas a la industria electrointensiva y a la siderurgia y este jueves, a última hora de la tarde, avanzó que la propuesta que les ha trasladado el Gobierno va en línea con algunos de sus planteamientos.

También están sobre la mesa, siguiendo la estela de lo sucedido en 2022, rebajas fiscales centradas en la energía, con descuentos en el IVA o cambios en el impuesto de generación eléctrica. Solo se descartan bonificaciones generalizadas al combustible o descuentos en el IVA de los alimentos.

Temor entre las petroleras

Las grandes empresas petroleras esperan temerosas las medidas que anuncie Sánchez. Las compañías, que ya soportaron un impuesto extraordinario tras la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania, no descartan que el Ejecutivo pueda aprobar políticas similares para contentar a algunos de sus socios parlamentarios más a la izquierda.

La cuestión es peliaguda. En el mundo empresarial se ha especulado con que el Ejecutivo podría aprovechar la coyuntura para rescatar un antiguo plan ideado por Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, que pretende que las empresas del sector de los hidrocarburos costeen parte de la factura de la luz. Fuentes del Ejecutivo no hacen comentarios, pero otras fuentes consultadas descartan que ahora el Gobierno entre en una guerra de esa magnitud.

Las grandes empresas del sector, como Repsol, Moeve o Naturgy, son conscientes de que tienen un gran peso en territorios clave como Cataluña o País Vasco. Y muchos creen que harían valer su fuerza frente a partidos como el PNV o Junts, que podrían oponerse a la convalidación del decreto si este supone una amenaza para la actividad de estas empresas en sus territorios.

Sin embargo, las fuentes consultadas creen que lanzar un paquete de medidas que solo ataque el flanco fiscal se quedaría corto para un gobierno de izquierdas. Aun así, en el pasado la presión de las empresas surtió efecto. El Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, el primer intento de que las petroleras y gasistas costearan parte del recibo de la luz, saltó por los aires en el Congreso de los Diputados, pese a la fuerza que hicieron las eléctricas.

Posteriormente, las empresas también lograron esquivar la ampliación del impuesto temporal a las energéticas en 2025, un tributo que sí sigue pagando el sector bancario. En ambos casos, el Gobierno consideraba que estos sectores obtenían beneficios caídos del cielo por la subida de precios energéticos y de los tipos de interés en los mercados internacionales.

Ahora los consumidores están viendo precios en las gasolineras similares a los peores momentos de la crisis que se inició en 2022, con el litro de gasóleo A por encima de los dos euros y con la gasolina rozando esos niveles. El Gobierno ya ha advertido que descarta aplicar descuentos generalizados como hizo hace cuatro años, por considerar que se trata de una medida regresiva que, en paralelo, perjudica a la competencia.