La gran industria pide al Gobierno 300 millones para aliviar el sobrecoste eléctrico de la crisis energética

¿Dónde está el umbral del dolor? Esa fue la pregunta que lanzaron los ministros de Economía, Carlos Cuerpo, y de Industria, Jordi Hereu, a las principales patronales que representan a la gran industria española. En una reunión celebrada la pasada semana y que se enmarca en la ronda de encuentros que el Ejecutivo está manteniendo con los diferentes sectores afectados de la guerra en Oriente Próximo, las asociaciones industriales pidieron que se active ya la rebaja del 80% de los peajes eléctricos para aliviar los impactos derivados de la guerra y que, según señalan fuentes presentes en la reunión, podría provocar paradas si se siguen encareciendo el coste energético.

La medida es una reivindicación que viene de lejos y que ya se incluyó en el real decreto de medidas energéticas que el parlamento tumbó en el verano de 2025. Esta rebaja, que también solicitaron los industriales por carta al Gobierno a finales del pasado año, cayó en saco roto, pero ahora confían en que los estragos de la guerra permitan su desbloqueo parlamentario. En este momento, el Gobierno se está reuniendo con todos grupos para recabar los apoyos necesarios. Entre lo correspondiente a los seis meses del pasado año que no fueron abonados y este 2026, el coste presupuestario para el Ejecutivo es de alrededor de 300 millones de euros, calculan fuentes empresariales.

El Gobierno escuchó las propuestas de los sectores afectados, pero no ha dado aún ninguna respuesta concreta. Las fuentes consultadas señalan que el Ejecutivo parece buscar una batería de potenciales medidas encima de la mesa de las que poder tirar en caso de que la crisis no amaine. Este mismo martes, el Consejo de Ministros desbloqueará ayudas para sectores afectados por la subida de los carburantes, como el transporte o el campo. Para el próximo viernes se ha anunciado además un consejo de ministros extraordinario que incluirá nuevas medidas, en el que se esperan rebajas fiscales a los productos energéticos.

Las asociaciones que se reunieron con los titulares de Economía e Industria, entre los que se encontraba Anfac, Sernauto (ambas de la automoción), AEGE (gran consumo de energía), Feique (química), Aspapel o Farmaindustria, entre otras muchas, también pidieron activar las rebajas del IVA energético o la disminución de los impuestos especiales con los que cargan estos productos, pero también consideraron necesarias medidas tomadas en el pasado como la suspensión del impuesto a la generación, que encarece su factura. Igualmente, solicitaron ampliar las compensaciones por consumo de CO2, que les permitiría ser más competitivos frente a la industria de otros países que ya gozan de algunas de estas ayudas.

Las empresas no sólo se están viendo afectadas por la subida de los combustibles. El incremento de los precios del gas también está suponiendo un problema, ya que muchas de estas empresas estaban comprando esta materia prima en los mercados spot (de entrega inmediata) que han subido cerca de un 100% respecto a los precios de antes de la guerra, ya que la expectativa reinante era que la sobrecapacidad de Estados Unidos bajaría los precios. Pero la abrupta subida de precios ya se está haciendo notar en las nuevas ofertas y renovaciones de contratos de gas. Hay compañías gasistas que ya han suspendido su oferta de precios fijos a las pymes, por lo que desde que estalló el conflicto solo ofrecen precios indexados al mercado mayorista. La incertidumbre es máxima.

La cuestión ha llegado a tal extremo que ya hay comercializadoras que han enviado cartas a sus suministrados industriales pidiéndoles revisar los contratos ante la imposibilidad de mantener los precios previos al ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán. En el mercado gasista, es habitual la ruptura de contratos, un escenario que no se descarta ahora y que dejaría aún más descubiertos a los afectados industriales. Hay un peligro añadido: si la industria tiene que parar, su capacidad productiva merma y la imposibilidad de cumplir con sus clientes puede acarrear una disminución de los pedidos a medio plazo, lo que supone un hándicap que tiene consecuencias directas sobre la generación de riqueza nacional. De ahí la preocupación del Gobierno y el potencial despliegue de medidas.

En cualquier caso, desde la industria consideran que el Gobierno tiene margen de maniobra para poder rebajar impuestos, dado que la subida de los productos energéticos supone un aumento directo de la recaudación, ya que electricidad, gas y carburantes están gravados con un 21% de IVA, además de los impuestos específicos que existen sobre cada uno de estos tres vectores energéticos.

De hecho, en la anterior crisis energética, que se desató con la invasión de Rusia sobre Ucrania, ya hubo reducción de impuestos y suspensión de algunos tributos específicos. Ahora el Gobierno espera celebrar un consejo extraordinario este mismo viernes después de que el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se desplace el jueves a Bruselas para participar en un importante Consejo Europeo que tratará las cuestiones más importantes relacionadas con los efectos del conflicto en Oriente Próximo. El Gobierno confía en que la Comisión Europea pueda, al igual que hizo en la anterior crisis, suspender las reglas de gasto, lo que le otorgaría mayor margen para tomar medidas. Sea como fuere, por ahora Moncloa descarta la bajada del IVA a los alimentos o los descuentos generalizados a los carburantes que se dieron en 2022 y 2023. Pero los principales responsables del Gobierno no se han pronunciado sobre la fiscalidad energética.