La UCO concluye que el expresidente de la Diputación de Almería pagaba una hipoteca con dinero de las mordidas

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido al juez de Almería Eduardo Martínez Gamero, que instruye la causa sobre la supuesta existencia de una trama de corrupción en la Diputación de esta provincia, un informe en el que apunta que el que fuera el presidente de este organismo, el popular Javier Aureliano García Molina, utilizó presuntamente a sus dos hermanos para blanquear las mordidas de dinero en efectivo que supuestamente recibió por el amaño de contratos. Entre las adjudicaciones bajo sospecha hay uno de más de 2 millones de euros para la compra de mascarillas durante la pandemia, por lo que también están imputados los que fueran los números dos y tres de la Diputación durante su mandato, Fernando Giménez y Óscar Liria.

El documento policial, avanzado por eldiario.es y al que ha tenido acceso EL PAÍS, pone el foco en la hipoteca de un inmueble de su propiedad, cuyas cuotas fueron abonadas desde una cuenta en la que aparecían como titulares su hermana María Rosario y los padres de ambos, ya fallecidos. La investigación destaca que en esta cuenta a nombre de los familiares del expresidente de la Diputación (dimitió de este cargo tras su detención) “se habrían materializado ingresos en efectivo de origen desconocido que habrían tenido por objeto soportar el importe de las cuotas de una hipoteca cuyo titular era” el político. En este sentido, la UCO resalta que, de hecho, tras analizar las cuentas a nombre del ex alto cargo público, ha constatado que este “no habría abonado” ninguna de las cuotas de ese préstamo bancario, lo que avala que el dinero para ello salió de los depósitos de sus familiares.

“Todos estos elementos [...] permiten inferir de forma indiciaria que esta operativa podría haberse utilizado para la integración en el circuito financiero legal [blanqueo] de una serie de fondos en efectivo de origen desconocido, el cual podría venir dado por la actividad delictiva que supuestamente habría venido desarrollando Javier Aureliano García Molina”, recalca el documento policial. La investigación atribuye al exdirigente del PP almeriense, en libertad provisional mientras continúa la instrucción de la causa, la presunta comisión de los delitos de organización criminal, prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, cohecho y blanqueo.

Los investigadores también han detectado supuestas irregularidades en una cooperativa agrícola vinculada a Juan Carlos García Molina, hermano del expresidente de la Diputación, y que supuestamente habían permitido a este último “canalizar una serie de fondos hasta los productos bancarios” a su nombre a través de lo que califican de “operativa simulada” mediante “diferentes transferencias concatenadas”. Tras recibir este informe, el juez Martínez Gamero ha dictado una providencia en la que anuncia una nueva ronda de declaraciones como imputados de los citados por la UCO, aunque sin fijar fecha para ello.

En el auto en el que el juez de Almería ordenó la detención, el pasado 18 de noviembre, del cargo público ya tildaba de “llamativo [...] el uso de dinero efectivo por parte de un empleado público como Javier Aureliano García”, así como el origen desconocido de parte de los fondos que manejaba y que le habían permitido, precisamente, hacer frente a las cuotas hipotecarias de un inmueble. En aquella resolución judicial, el juez destacaba que en casa de su hermana, los agentes encontraron un sobre con 7.620 euros con la anotación manuscrita “este dinero es de Javier Aureliano”.

Viaje “personal” con dinero público

En un segundo informe también incorporado a la causa y conocido ahora, la UCO recoge además la existencia de un supuesto viaje “personal” de Javier Aureliano García presuntamente pagado con fondos públicos. En concreto, uno que realizó con la que fuera su jefa de gabinete, María del Mar González, a Madrid, entre el 26 y el 27 de junio de 2025, cinco meses antes de su detención. Según la Guardia Civil, este desplazamiento lo pagó la Diputación Provincial de Almería porque lo justificaron por una reunión de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a la que, sin embargo, no asistieron. La factura, que se emitió por importe de 1.892 euros, incluía billetes de avión para el trayecto Granada-Madrid-Granada para ambos (662 euros por persona) y gastos de hotel y desayuno (282 euros por cada habitación).

En esa época, García encabezaba la Comisión de Presidentes de Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares de la FEMP. Sin embargo, las pesquisas revelan que, “aparentemente, ni Javier Aureliano ni su jefa de gabinete habrían desarrollado ningún tipo de actividad profesional ni acto oficial en Madrid, sino que el viaje, ya desde los momentos iniciales de su organización, habría respondido a una necesidad personal de los asistentes”.

De hecho, la agenda institucional del entonces presidente de la Diputación de Almería no recogía ningún acto, evento o reunión relacionados con la FEMP “ni nada que guarde relación con Madrid”, según subraya la UCO en su informe. También destaca que lo mismo ocurre con las publicaciones observadas en redes sociales y fuentes abiertas: “No consta nada públicamente”. Por el contrario, recalca que sí dejó constancia en Instagram del viaje que realizó en julio de ese año y que en el resto de la agenda de 2025 sí se recogen “numerosas entradas” en las que “se hace referencia a eventos o actos relacionados con la FEMP”.

Los agentes de la UCO, que en el momento de aquel viaje ya tenían intervenidas las comunicaciones telefónicas del entonces presidente de la Diputación, explican que de las conversaciones entre ambos se desprende que ella tenía planificado un viaje a Madrid por un “asunto personal, una cita aparentemente médica”, para el 27 de junio de 2025 y quería que él le acompañara. “No estoy hablando de mañana, que es trabajo, estoy hablando del fin de semana”, dijo González a García, en alusión a otro viaje, este para asistir al Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular de Andalucía en Andújar (Jaén). Por “contraposición”, la UCO deduce que el previsto para el 26 y el 27 de junio “no sería por motivos laborales”.

Tras ello, García pidió a su secretaria que le comprara dos billetes de avión y le reservara dos habitaciones de hotel, de los “de toda la vida”. “¿Ponemos FEMP?”, preguntó ella. “Claro”, respondió él. “Bueno, sí (...) porque la reunión la tienes en la FEMP, de qué voy a poner si no”, apostilló la secretaria.

Una vez en Madrid, la UCO indica que García y su jefa de gabinete se dedicaron a hablar de “los planes” hasta la hora de la cena. “Son las cinco y media, si quieres dar un paseo, lo que sea”, le dijo él. Gracias a la ubicación que arrojan las llamadas que hizo en esas horas, los investigadores afirman que aquella jornada García “no habría acudido a la sede de la FEMP ni tampoco hablado sobre ningún tipo de actividad laboral”. Según el contenido de esas conversaciones, estuvo “callejeando” y se acercó a El Corte Inglés a probarse pantalones y camisas. A las 21:00 de ese 26 de junio, cenaron juntos en un restaurante del centro de Madrid, del que salieron a la 1.04 para volver al hotel. La cena les habría costado 397 euros, que pagó él.