El juez ve “indicios sólidos” contra el expresidente de la Diputación de Almería: hablaba de ir al “dentista” para referirse a las comisiones

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería, que investiga las presuntas mordidas del caso mascarillas de la Diputación de Almería, ve “indicios muy claros y sólidos” de la posible participación del expresidente de esa entidad, Javier Aureliano García, y de su ya ex número dos, Fernando Giménez, en el “cobro o facilitación del cobro de comisiones”, de acuerdo con el auto que emitió el pasado martes y que motivó la detención de ambos exdirigentes del PP. El magistrado hace hincapié en “el importante papel” que ejercía García en el “entramado delictivo” y se apoya para justificar su razonamiento en la “terminología encriptada” que mantenían ambos junto con otro de los investigados en la trama, el exvicepresidente tercero de la institución, Óscar Liria, en un chat común, en los días previos a la firma de la adjudicación supuestamente fraudulenta de material sanitario por valor de dos millones de euros, y al manejo de dinero en efectivo del antiguo presidente del PP de Almería para pagar cuotas hipotecarias o viajes realizados en compañía de Liria. El instructor también atribuye a García “pleno conocimiento, aquiescencia y participación” en la trama de presunta contratación irregular con empresas con epicentro en la Diputación, que es objeto de la segunda fase de la investigación del caso mascarillas, desarrollada la semana pasada.

Los primeros indicios del juez se sitúan en las conversaciones que mantenían García, Giménez y Liria en un chat conjunto, denominado Naranjito, y en el que, al menos desde 2017, utilizan “lenguaje encriptado o en clave” que “se repiten en fechas muy próximas” a la firma de contrato de mascarillas que inició la investigación, el 8 de abril de 2020, en pleno confinamiento. En ese chat se alude a terminología propia del ámbito de la odontología: “Tengo que ir al dentista y no se cuando ir… yo también me tengo que hacer una limpieza”; “Esta tarde he pedido cita para una limpieza”; “Me debes dinero tú… necesito empastarme dos o tres muelas, sácame cita para el dentista la semana que viene que estoy que no puedo comer”; “te vas a poder cambiar la piñata entera”…

Para el instructor, resulta “muy llamativo que se utilicen términos relativos a la ortodoncia en un contexto totalmente desvinculado del anterior, pues el resto de la conversación versa sobre licitaciones públicas en trámite”. El juez considera además que el empleo de esas frases se realiza “de forma absurda, abusiva y un número de veces inexplicable”, lo que le lleva a deducir que aluden a esta terminología dental “cuando realmente se esta hablando de licitaciones públicas y adjudicaciones de diferentes contratos públicos”. “Lo anterior constituye un indicio muy claro y muy sólido de la posible participación de don Fernando y don Javier Aureliano en el cobro o facilitación de cobro de comisiones”, concluye.

Uno de esos mensajes bucodentales, que se rubrica con un “emoticono de un diente o muela” por parte del entonces presidente de la Diputación se envía a las 20.53 del 8 de abril de 2020, tres minutos más tarde de que se firmara el decreto del contrato público de adjudicación de material sanitario bajo sospecha, un indicio “demoledor”, de acuerdo con el auto, que “simboliza la importancia del papel que ejercía don Javier Aureliano en el entramado delictivo”.

Otra evidencia relevante para el instructor es el “interés desmedido y la inquietud y nerviosismo” de García en la consumación de esa adjudicación. “¿Y de lo nuestro qué? Estoy nerviosísimo” le pregunta a Liria después de un “incesante intercambio de mensajes” sobre la transacción realizada con Kilian López, propietario de la empresa adjudicataria, Azor Corporate, y amigo de la infancia del ex número tres de la Diputación. También considera relevante el interés de García por reunirse con Giménez, el exvicepresidente, para abordar su declaración en calidad de investigado por esta misma causa. Su mano derecha compareció en los tribunales el pasado mes de marzo.

El vocabulario encriptado no es el único indicio que hace sospechar al juez de la implicación del expresidente de la Diputación en la presunta trama de adjudicaciones fraudulentas desde la Diputación. Al instructor le resulta “llamativo el uso de dinero en efectivo por parte de un empleado público como don Javier Aureliano”, que podría suponer un caso de blanqueo de capitales.

En el auto se deja constancia del abono en billetes contantes y sonantes de las cuotas hipotecarias correspondientes a la compra de un inmueble por parte de García hasta un total de casi 20.000 euros -19.750-. Unos ingresos que se realizaban desde cajeros en Roquetas de Mar y El Ejido a una cuenta de la hermana del exdirigente popular, también investigada porque “podría tener conocimiento y participación en el presunto blanqueo de capitales, pues se estaría reincorporando al tráfico dinero cuyo origen podría ser ilícito”.

También entregó García otros 20.000 euros en efectivo como contraprestación de una parcela, una transacción que también le resulta “llamativa” al juez “porque se desconoce el origen del dinero efectivo que utiliza don Javier para tales transacciones”, teniendo en cuenta, incide el magistrado, de que se trata de un funcionario público. También le resulta sospechosa la adquisición del 100% de un inmueble heredado al 25% por todos los hermanos del exlíder del PP de Almería, “sin que se hayan localizado los movimientos bancarios que justifiquen el abono del 75% del importe restante” de la vivienda. El instructor también sospecha de las numerosas transacciones bancarias que se producen entre García y sus hermanos y la comunidad de bienes García Molina, que se habría constituido entre todos ellos para “realizar una serie de operaciones que les permitiesen integrar los fondos obtenidos de forma ilícita en el circuito legal de dinero para poder disfrutar de los mismos”, un modus operandi del que podría inferirse, de acuerdo con el magistrado, la connivencia de los familiares del expresidente de la Diputación en el presunto blanqueo de dinero.

El abogado de García, Joaquín Monterreal, aseguró a este diario el viernes pasado, cuando su cliente fue puesto en libertad con cargos, que se habían justificado todos esos movimientos y que estaban recogidos en sus declaraciones de la renta.

Entramado empresarial para el presunto cobro de mordidas

Para instructor, de acuerdo con el auto, también constituyen indicios de la preponderancia de García en la supuesta trama de adjudicación irregular de contratos por parte de la Diputación los viajes conjuntos realizados por Liria y él entre 2016 -a Ibiza- y 2017 -a Madrid en dos ocasiones-, todos de “coste elevado, sufragados con dinero en efectivo y en fechas próximas a la presunta actividad delictiva de adjudicación de contratos públicos de obras menores de forma fraudulenta a cambio de un beneficio económico”, de acuerdo con el auto.

Las fechas son importantes porque en esos años, el presidente de la Diputación era Gabriel Amat -el todopoderoso alcalde Roquetas desde 1995, ratificado este lunes como presidente de honor del PP de Almería y que se jacta de haber salido indemne de más de 260 causas judiciales que lo investigaban por supuesta corrupción-, García era vicepresidente primero y Liria el responsable de Urbanismo de ese ente. Giménez, por su parte, era el jefe de Gabinete de Amat.

En este punto es cuando el auto pasa de centrarse en la adjudicación supuestamente fraudulenta del material sanitario, a ampliar el foco a otros contratos otorgados desde la Diputación a otra serie de empresas relacionadas tanto con Kilian López, el comisionista de las mascarillas -que se embolsó un millón de euros de los dos por los que se firmó la transacción, de acuerdo con el sumario-, como con Rodrigo Sánchez Simón, alcalde de Fines desde 2003 y tío de Liria, imputado desde 2021 en el caso mascarillas y uno de los cinco detenidos de la segunda fase de la investigación la semana pasada, junto con su hijo, Rodrigo Sánchez Silva. Se trata de Pulconal y OYC Servicios Urbanos, respectivamente, cuyos expedientes de contratación entre 2017 y 2021 requirió a la Diputación la jueza instructora en abril del año pasado, para esclarecer si se avisaba previamente a Pulconal y OYC por parte de la Diputación para que concurrieran a adjudicaciones, presentando distintas ofertas que justificaran las concesiones a una u a otra.

“Tanto en la actividad de Pulconal como de OYC se aprecia una actividad ficticia y simulada, siendo la realidad el desarrollo de una actividad comercial centrada en la adjudicación de contratos públicos aprovechando las capacidades que ofrecía el cargo de don Óscar [Liria] y don Rodrigo Sánchez Simón”, señala el juez. Una práctica que implicaría, de acuerdo con el auto, que la adjudicación de las mascarillas en 2020 “no fue un hecho aislado, sino una oportunidad generada en el seno de este presunto sistema ilícito de adjudicaciones de contratos públicos” que “tiene como eje central la Diputación Provincial de Almería con el pleno conocimiento, aquiescencia y participación del hoy presidente, don Javier Aureliano García”.

A la vista de todos estos hechos y de los movimientos empresariales de las mercantiles Pulconal -cuyos ingresos desde que se constituyó en 2016, coincidiendo con la llegada de Liria a la Diputación dependen casi exclusivamente de la Diputación, llegando a ser del 100% en 2019, de acuerdo con la investigación de la UCO que obra en el sumario- y OYC, el juez concluye que “sería posible” que García, Liria, Giménez, el alcalde de Fines, su hijo y un técnico de la Diputación que actuó en connivencia con Liria, “hubieran colaborado o, cuanto menos facilitado, la adjudicación fraudulenta de contratos públicos a favor de determinadas empresas con el objetivo de cobrar comisiones de las que ellos podrían a ver sido destinatarios.

Sobre el expresidente de la Diputación, en colaboración con sus hermanos y la comunidad de bienes familiar, y sobre Kilian López, Liria y el acalde de Fines, con sociedades interpuestas y valiéndose de terceras personas, también considera el instructor que “habrían articulado mecanismos para introducir en el circuito legal financiero el dinero público obtenido ilícitamente con los sobrecostes cargados en los contratos de adjudicación públicos fraudulentos”.

En el auto el juez pide también todos los expedientes de contratación adjudicados entre 2016 y la actualidad a OYC y Gesa Andalucía -la mercantil a a través de la que el alcalde de Fines y su hijo blanquearían, presuntamente, el dinero de las contrataciones irregulares-; así como aquellos en los que hubiera concurrido OYC, aunque no hubiera resultado ganadora; el listado de los expedientes adjudicados en el marco de distintos programas impulsados por la Diputación entre 2018 y 2020; todos los contratos licitados por Sorigué y varios expedientes vinculados con la constructora Tagilis -titularidad del alcalde de Tíjola, Juan José Martínez, investigado desde este lunes por la Fiscalía por presunta corrupción urbanística-; Avein obras y servicios; García construcción sostenible o Albaida y las contrataciones para la ejecución de un parque infantil y un cementerio en Senés; para la adecuación de la piscina municipal de Chirivel y la sustitución de la red de abastecimiento de Tabernas.

Este lunes, el presidente de la Diputación en funciones, Ángel Escobar, ofrecía a PSOE y Vox el acceso a “todos y cada uno de los expedientes de la Diputación de todas las áreas” durante un pleno extraordinario para abordar las detenciones de la anterior cúpula política de la entidad. Por la tarde, el PP de Almería proponía al diputado provincial de Deportes y alcalde del municipio de María, José Antonio García Alcaína, como sucesor de García y al delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Francisco González Bellido, como secretario general de la formación en una provincia que siempre ha sido un feudo popular y que mira a este caso con preocupación porque puede minar su hegemonía a favor de un Vox al alza.