Un operativo sorpresa en la costa de Chiapas deja 12 policías y siete civiles detenidos por nexos con el crimen organizado

En la tarde del jueves, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal recibió instrucciones en Tapachula. Se trataba de un operativo sorpresa. El cuerpo de seguridad estatal de Chiapas, acompañado de la Secretaría de la Marina y de la Fiscalía, debía llegar de improvisto a la costa del Pacífico, a las localidades de Mazatán y San José El Hueyate, para detener a 12 policías y siete civiles por nexos con el crimen organizado. El arresto de los agentes se hizo sin trabas, ya los tenían identificados, pero sí encontraron resistencia entre los civiles, a quienes identifican como vigilantes del crimen organizado. Este arresto múltiple se da en medio de la petición de justicia de las familias de los 83 migrantes desaparecidos en esa zona entre septiembre y diciembre de 2024.

San José El Hueyate es una lengua de tierra entre el océano Pacífico y hectáreas de plataneros. En esta localidad pobre, de apenas 1.000 habitantes, desaparecieron el 21 de octubre y el 21 de diciembre de 2024 dos grupos de migrantes tras montarse en unas lanchas con destino a Oaxaca. Nunca llegaron. Tampoco se identificaron accidentes, ni rescates en esa zona en esas fechas. Los migrantes desaparecieron y solo el grito de sus familias ha conseguido presionar a las autoridades de México para que empiecen las lentas tareas de búsqueda.

El pueblo lleva años identificado como el punto de salida de las rutas marítimas de droga, armas y migrantes hacia el norte. Pero ha sido hasta ahora que las autoridades han entrado a la zona. De los 12 policías detenidos —identificados como Maximiliano, Manuel, Reyna, Elsi, David, Luis, Jesús, Berna, Ángel, Jorge, Cecy y Mariela— son varios los que estaban asignados para tareas de vigilancia permanente en El Hueyate, otros trabajaban en Mazatán, la cabecera municipal.

Todos son investigados por sus presuntos vínculos con células del crimen organizado que controlan el tráfico de migrantes, las extorsiones y otros delitos en la región sur del Estado. “En Chiapas no hay espacios para la simulación ni para la impunidad, la ley se aplica sin distingo”, ha dicho tras la detención de los agentes el secretario de seguridad estatal, Óscar Aparicio.

Junto a los policías, las autoridades arrestaron a siete civiles en San José El Hueyate, señalados por participar en tareas criminales relacionadas con el “halconeo”, la vigilancia y el control de la zona. Ellos opusieron una mayor resistencia, pero al ser un operativo sorpresa, terminaron detenidos en distintos puntos de esta comunidad costera.

De estas detenciones, las autoridades han mantenido total hermetismo y no han revelado nombres ni más información. Una fuente de la Fiscalía en Chiapas confirmó a este periódico los arrestos: “Han sido 12 policías y siete halcones, pero de eso no se va a hablar ahora. Sólo se sabe que estas personas se dedicaban a avisar cuando los operativos entraran o hubiera presencia de militares y policías, entonces todo mundo se escondía y ya no pasaba nada, no había detenciones”.

EL PAÍS ha identificado, al menos, tres desapariciones masivas de migrantes entre septiembre y diciembre de 2024 en la costa de Chiapas. Las tres comparten destino y mismo modus operandi. La primera ocurrió el 5 de septiembre de 2024, cuando 23 migrantes salieron de Puerto Madero, en Tapachula, hacia Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca. Se esfumaron, pero quedó un último video en el que aparecen todos ellos antes de desaparecer. El 21 de octubre se perdió el rastro de la hondureña Cindy Bueso, sus hijos Valentina y Daniela, y otros 17 migrantes, que estaban en una casa de seguridad de San José El Hueyate. Por último, el 21 de diciembre, ya con el nuevo Gobierno de Eduardo Ramírez, desapareció el grupo más grande, 40 migrantes, procedentes de Cuba, Honduras y Ecuador.

Ha pasado más de un año desde las tres desapariciones y las autoridades no han dado ningún resultado sobre el paradero de los migrantes. El tráfico de personas se ha convertido en un negocio muy redituable para las organizaciones criminales, pese a la disminución del flujo de extranjeros por la política de Donald Trump en Estados Unidos. “Los migrantes siguen cruzando por río, mar y tierra, solo que ahora a escondidas para no demostrar a la luz pública que siguen operando las redes de tráfico de migrantes”, señala el defensor de derechos humanos, Luis García Villagrán.

Depuración de policías municipales

La detención de estos 12 policías se suma al arresto de otros 156 agentes, ocurrido el pasado 3 de enero en los municipios de Jiquipilas, Ocozocoautla y Cintalapa, en la región centro del Estado. Sin embargo, de estas aprehensiones solo 11 de los uniformados han quedado finalmente bajo proceso judicial. El resto, 145 agentes, fue liberado por no encontrar elementos suficientes para relacionarlos con el crimen organizado.

La depuración en las instituciones del Estado no ha quedado solo en las policías. El 7 de enero fue arrestado, tras sus declaraciones ante la Fiscalía General de la República, el alcalde de Cintalapa, Ernesto Cruz Díaz. El político morenista llevaba cuatro años en el cargo, al reelegirse para el periodo 2024-2027. Junto a él cayeron su extesorero, Reynol Valencia, y su exsíndica, Anayeli Reyes, quienes trabajaron en la administración municipal de Ernesto Cruz en su primer trienio.

Los tres son investigados por presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera desde los últimos años en esta región de Chiapas y al que se le adjudica el ataque armado, secuestro y asesinato de siete personas e incendio de dos bares en la localidad de Villaflores, el pasado 27 de diciembre. Las dos operaciones evidencia que el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco han penetrado en las estructuras políticas municipales de varias regiones en Chiapas.