Cuatro años de ‘blindaje’ en el PP de Almería de los investigados por corrupción

El presidente andaluz y del PP regional, Juan Manuel Moreno Bonilla, se ha visto obligado a tomar las riendas en el PP de Almería, decretando suspensiones de militancia de los implicados en el caso mascarillas en Almería, que ha derivado en dimisiones, algo insólito en una provincia que ha solido funcionar como un reino de taifas desde 1995, cuando se hizo con el Gobierno de la Diputación. “Cuando la justicia inició el trámite, en principio, por la información de los procedimientos judiciales que se abrieron, no había causa”. Así justificaba Moreno, la inacción de su partido en el primer caso mascarillas que se conoció en España y que estallaba el 15 de junio de 2021 con la detención del vicepresidente tercero de la Diputación de Almería, Óscar Liria, por el supuesto cobro de mordidas de entre 200.000 y 400.000 euros de una adjudicación de material sanitario por valor de dos millones de euros suscrita en pleno confinamiento.

Cuatro años después, esa causa sin aparente base para el líder popular, ha llevado al arresto esta semana del presidente del ente supramunicipal y presidente del todopoderoso PP de Almería, Javier Aureliano García, de su vicepresidente primero y mano derecha, Fernando Giménez, y del alcalde de Fines desde 2003, Rodrigo Sánchez Simón, que han quedado en libertad, pero imputados por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública.

“No sabíamos nada. A Óscar Liria se le expulsó y la información que teníamos es que la instrucción estaba encauzada y que iba a quedar en nada. Todo el reporte que teníamos es que el caso mascarillas había pasado con normalidad”, indican a este diario fuentes del PP de Almería sobre la falta de respuesta ante esta investigación por corrupción. Pese a ello, desde que estalló la causa, el alcalde de Fines y el número dos de la Diputación están imputados; el propio presidente de la entidad declaró ante la Guardia Civil que investiga el caso en marzo de 2022; la jueza amplió en abril del año pasado la investigación a los contratos otorgados por la entidad provincial entre 2017 y 2021 y todos los implicados en la trama hasta entonces declararon ante la jueza entre marzo y abril de este año. Al propio Moreno se le ha recordado este presunto caso de corrupción hasta en cinco ocasiones -cuatro por parte de Por Andalucía y una por el PSOE andaluz- en las sesiones de control del Gobierno en el Parlamento, todas entre junio de 2021, cuando saltó el escándalo, y febrero y marzo de 2022, meses antes de las elecciones autonómicas que el PP ganó por mayoría absoluta-. En ninguna profundizó demasiado.

El presidente de la Junta apuntó además esta semana a otras razones, al margen del supuesto desconocimiento de la magnitud de la causa, para justificar su “sorpresa y estupor” por las detenciones en la cúpula de la Diputación provincial. “Son de una generación joven”, sostenía Moreno sobre García y Giménez, ambos menores de 50 años, para alentar su asombro porque este tipo de perfil –“no tiene cargas familiares, está soltero y viene de una familia que no tiene problemas económicos”, sobre el primero; “persona muy vinculada a movimientos religiosos”, sobre el segundo- estuviera vinculado con la corrupción.

“Esta generación no es un punto y aparte. Son el mismo PP de siempre en Almería y actúan de la misma manera”, explica un interlocutor conocedor de la gestión de la formación al frente de la Diputación de Almería y del Ayuntamiento de la capital -donde García entró como concejal en 2003-, desde hace más de dos décadas, cuando Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar desde 1995, gobernaba en la Diputación. Es bajo la dirección de Amat, al frente de esta entidad primero (entre 2011 y diciembre de 2019) y del PP de Almería después (entre 2004 y 2021), cuando la formación se convierte en una máquina de ganar elecciones.

Esa anomalía política y la influencia que otorga dirigir la Diputación en un territorio con apenas un centenar de municipios, la mayoría muy pequeños y que dependen económicamente de ese ente supralocal, hizo de Amat una de las personas con mayor poder y autoridad no solo en la provincia, sino en el partido, más allá de Andalucía. “No hay dirigente nacional o regional que para hacer algo en Almería no tuviera que obtener primero el plácet de Amat”, dice ese mismo interlocutor. “En la Diputación no se mueve un papel si el jefe no lo controla. Eso pasaba antes y pasa ahora también”, abunda.

La influencia de Gabriel Amat

Desde el PP andaluz, se justifica esa preponderancia jerárquica del regidor de Roquetas apelando a que fue Amat, a petición de Javier Arenas, senador y presidente de honor del PP andaluz, el que reunificó un partido dividido en tres —el GIAL (Grupo Independiente por Almería) que lideraba Juan Megino; el PAL (Partido de Almería) de Juan Enciso, ex alcalde de El Ejido; y el PP—. “Era un maremágnum y desde que está él, el PP no ha parado de ganar elecciones”, sostienen las fuentes de la formación en Almería.

“El caso mascarillas es la punta del iceberg de un modus operandi que se lleva haciendo desde la Diputación desde que la gobierna el PP”, sostiene Luis Montoya, miembro de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (Amayat), una de las principales impulsoras de muchas de las investigaciones que se han desarrollado en los últimos años y que tienen a la Diputación y a una presunta financiación irregular del partido, cuyos indicios ha recopilado la Udef, en el punto de mira, pese a que la mayoría han quedado en un punto muerto o se han archivado. Amat jamás ha sido cuestionado por la cúpula de su partido pese a todas las causas judiciales en la que se ha visto rodeado: 260 procesos, como él mismo reconocía en una entrevista al ABC este verano. “Uno por cada persona o empresa. Todos se archivaron. Libre de todo”, se jactaba.

A esa ausencia de imputaciones se aferra la cúpula del PP para justificar que jamás se haya tratado de moverle del sillón. “No es que tenga presunción de inocencia, es que la justifica han dicho que es inocente”, señalan las fuentes consultadas. Pero esta inercia quizás se revierta porque la segunda fase del caso mascarillas se está remontando a contrataciones de la Diputación de 2016, cuando Amat era su presidente.

“Amat era el hermano mayor de Javier Arenas y es el padre político de Javier Aureliano García. Lo ha adoptado a lo bestia y él ha aprendido muy rápido”, sostiene otra fuente conocedora de las relaciones internas en el PP andaluz y que también coincide en que con la llegada de García a la presidencia del PP de Almería y de la Diputación, la forma de ejercer el poder y las relaciones con ayuntamientos y empresas no ha variado. Cuando el alcalde de Roquetas se hace con las riendas del partido en 2005, nombra a García -que llevaba dos años como concejal en el Ayuntamiento de Almería- como vicesecretario y tres años después lo aúpa a la secretaría general. Al llegar a la Diputación, se lo lleva como su vicepresidente primero y es quien lo sucede en el puesto, cuando abandona ese cargo en 2019.

García asumió la presidencia del PP almeriense —del que Amat es su presidente de honor— a finales de junio de 2021, pocas semanas después de que estallara el caso mascarillas. En este tiempo los populares, como con Amat, han ganado todas las elecciones que se han celebrado y en todas con resultados por encima de la media autonómica. “Mientras viva Amat, Aureliano García está protegido”, es lo que se daba por hecho entre los populares almerienses. Hasta ahora. La dimisión del expresidente de la Diputación se quiere presentar por la dirección del partido en Andalucía como una hoja de ruta a seguir: “Marca un camino del que el partido no se va a bajar”, dicen las fuentes consultadas.