Sánchez se reúne con las víctimas de pederastia: “Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse”

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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En lugar de una sonrisa, un grupo de víctimas de pederastia clerical ha atravesado este viernes los jardines que rodean el palacio de La Moncloa con una especie de mueca. Un sentimiento de satisfacción y cautela ante la noticia estrella de este jueves: el Gobierno y la Iglesia firman un acuerdo donde esta se compromete a hacerse cargo de las indemnizaciones bajo la tutela del Defensor del Pueblo. Todos caminaban para una cita relevante con el presidente del Gobierno y el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. “Estamos contentas, aunque hay que esperar a ver cómo se desarrolla el tema y si la Iglesia cumplirá”, ha dicho Javier, víctima de La Bañeza (León) y miembro de ANIR (Asociación Nacional Infancia Robada), mientras exponía las diversas casuísticas que debe contemplar la ampliación del convenio, que solo afecta a los casos casos que no tengan recorrido judicial (bien por prescripción o porque el agresor a fallecido).

El acuerdo, un logro para el equipo de Bolaños, solventa una parte importante de las exigencias de las víctimas a ser reparadas a través de un proceso independiente y con garantías. “Hoy me he reunido con las asociaciones de víctimas de abusos en el seno de la Iglesia católica. Nada borra lo sucedido, pero el acuerdo alcanzado para su reparación es necesario. Nunca debió ocurrir y nunca puede repetirse. Hoy España es un país mejor”, ha publicado Sánchez en la red social Instagram junto a un vídeo e imágenes del encuentro.

El acuerdo llega siete años después de que EL PAÍS pusieran en marcha su investigación sobre el escándalo de la pederastia en la Iglesia española, que provocó, entre otras medidas, que el Congreso encargase al Defensor del Pueblo un informe de la cuestión que incorporase una batería de medidas. Entre ellas figuraba una de las más urgentes: la reparación de las víctimas. El Gobierno ha seguido este esquema marcado por el estudio, aunque señaló desde el comienzo dos líneas rojas: Las instituciones eclesiásticas se haría cargo del coste de las indemnizaciones y las víctimas estarían en el centro de los procedimientos ―y no fuera, como hasta ahora se ha seguido en los casos que ha gestionado internamente las diócesis y las órdenes religiosas―. “El Estado decide la indemnización y la Iglesia paga”, afirmó el ministro este jueves tras la rueda de prensa.

Pese al histórico acuerdo, aún hay cabos sueltos: qué cuantías pagará la Iglesia, qué baremos seguirá, qué sucederá con los casos que los obispos han pagado ínfimas reparaciones (con menos de mil euros) o los plazos burocráticos. Tanto Bolaños como la Conferencia Episcopal Española (CEE) han asegurado que en el próximo mes se redactará una ampliación del acuerdo en el que el Defensor participará para resolver estas dudas y que las víctimas puedan iniciar el procedimiento lo antes posible.

Ciro Molina, víctima y activista canario por los derechos de los niños, se muestra satisfecho, aunque comprende que puede haber víctimas que no estén totalmente de acuerdo con el pacto cerrado. “Estoy contento porque se han recogido en el acuerdo cosas que las víctimas pedimos. Ahora lo que hay que hacer es trabajar sobre esa base, y ver cómo se van resolviendo estos asuntos. Ojalá esto se hubiera hecho hace 20 años”, dice Molina.

La parte más crítica viene de las víctimas cuyos casos no han prescrito que llevan años luchando en los tribunales sin resultado y el temor de que se archive.

“No se ha contemplado la opción de quienes pueden denunciar y no tienen justicia. Me parece muy falso todo: te dicen que denuncies, y te niegan reparación cuando el sistema falla y hay muchísimas víctimas que no obtienen justicia ni siquiera tras agotar todo el recorrido judicial. ¿Dónde queda la reparación que Iglesia y Estado anuncian en casos como este?”, comentó este jueves a este periódico Bautista (nombre ficticio).

En la cita, según han relatado miembros de las asociaciones presentes, el ministro y el subsecretario de Presidencia, Alberto Herrera, han explicado detalladamente el convenio y el trabajo de más de dos años para alcanzar el acuerdo con la Iglesia. “Muy amables y empáticos, el presidente y Bolaños. Creo en su interés, a ver la Iglesia lo que es capaz de cumplir y el Gobierno de imponer que cumplan”, ha explicado Leonor Paqué, víctima, periodista y autora del aclamado documental sobre abusos Hermana Leonor. 20.000 kilómetros de confesión.

El Gobierno no ha detallado durante el encuentro la cuestión de los pagos ni de si seguirán baremos, ni tampoco ha habido compromisos específicos sobre esta cuestión, aunque sí que trabajarán en ello durante este mes. Lo que sí se ha comprometido Bolaños, ha señalado el activista Miguel Hurtado, víctima que destapo los abusos en la abadía de Montserrat (Barcelona) y miembro de Brave Movement, es “a impulsar ley imprescriptibilidad” penal y civil en los supuestos de agresiones sexuales contra menores. Una cuestión en la que Hurtado lleva años luchando y que el Congreso aprobó el año pasado estudiar un cambio legislativo, pero que a día de hoy está paralizado.