Claves del acuerdo entre la Iglesia y el Gobierno | ¿Cuándo podrán reclamar las víctimas de pederastia? ¿Quién estudiará los casos? ¿Quién paga?

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es. Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es.

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El Gobierno, la Conferencia Episcopal Española (CEE) y la Conferencia Española de Religiosos (Confer) han firmado este jueves un histórico acuerdo para reparar a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Española. El pacto llega tras años de negativa por parte de los obispos de hacer frente al escándalo. Según la base de datos de El País, la única contabilidad existente en España sobre la pederastia en el clero, hay 1.571 acusados y 2.948 víctimas. De estas, la Iglesia ha reparado apenas el 1,9% a través de su propio plan de reparación conocido como PRIVA. Estas son las claves del acuerdo, del que aún falta desarrollar la letra pequeña:

¿A qué víctimas incluye el acuerdo?

El acuerdo es para víctimas de pederastia en el clero español cuyo caso no tiene recorrido judicial, bien porque ha prescrito (en la gran mayoría de los casos registrados) o bien porque el victimario haya fallecido. Bolaños ha insistido en que “no hay ningún objetivo más fuera de ese título”. La CEE, sin embargo, ha asegurado en su comunicado que, aunque no forma parte del acuerdo, el Gobierno se ha comprometido dentro de la actual LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia de 2021) a abordar la “reparación integral de víctimas de abusos en cualquier ámbito de la vida social”, como ha solicitado desde hace años la propia Iglesia.

¿Cuándo podrán empezar las víctimas a solicitar su reparación?

Las víctimas podrán empezar a solicitar su reparación dentro de un mes, según ha estimado el ministro de Justicia. “Como el Defensor del Pueblo tendrá una participación imprescindible, diría nuclear, en el proceso para abonar las indemnizaciones, vamos a trabajar en un convenio que tenemos que firmar los hoy firmantes [CEE, Confer y Gobierno] con el propio Defensor del Pueblo y lo vamos a hacer en el próximo mes. A partir de ahí se podrán solicitar las reparaciones”, ha dicho Bolaños. También ha aclarado que tendrá carácter retroactivo. El pacto tiene una validez de un año prorrogable a otro para que las víctimas soliciten una reparación.

¿Quién y cómo estudiará cada caso?

El Gobierno creará una unidad de tramitación para la recepción de solicitudes, la comunicación con las partes, la notificación de las propuestas o el recabado de informes. A partir de ahí, la Unidad de Víctimas de la Oficina del Defensor del Pueblo estudiará el caso y elaborará la propuesta de reconocimiento de la condición de víctima y su reparación. Esa propuesta será enviada a la víctima y a la Comisión Asesora del PRIVA. Si ambas están conformes, será firme y la Iglesia pagará la indemnización. Si hay disconformidad de las partes y estas presentan alegaciones, actuará una tercera instancia, la Comisión Mixta. Formada por miembros de la Iglesia, del Estado y entidades que representen a las víctimas, intentará llegar a un acuerdo. Si no lo hubiera, prevalecerá el criterio del Defensor del Pueblo y la Iglesia lo acatará. Según ha indicado el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, a preguntas de los medios sobre qué pasaría si los criterios del Defensor del Pueblo discrepan, este ha contestado: “En el acuerdo se contempla que los criterios de reparación tienen que ser los mismos”.

¿Quién pagará las indemnizaciones?

La institución eclesiástica responsable del agresor (diócesis, orden o congregación religiosa) deberá cumplir con las reparaciones que se fijen. En el caso de que no las pueda asumir, la CEE y la Confer se hará cargo de los pagos o de ejecutar las medidas. Bolaños ha sido claro en este aspecto: “El Estado decide; la Iglesia Católica lo paga, esa es la clave”. Preguntado por ello en la rueda de prensa, Argüello no ha informado sobre cómo estudia la Iglesia financiar la posible factura millonaria

¿Cuál será el baremo que se utilizará?

Ni la Iglesia ni el ministerio ha especificado las cuantías que se pagaran, aunque Argüello sí ha subrayado que se aplicará el mismo modelo. El Defensor del Pueblo, no obstante, recomendó en su informe utilizar los baremos que otros países europeos utilizaron donde ya se han realizado estos procedimientos. Las cifras en el extranjero van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda.

¿Llega a tiempo el acuerdo?

Las víctimas llevaban años pidiendo que el Estado interviniera en el proceso de reparación. No se sentían arropadas ni seguras recurriendo a una institución que ejercía de juez y parte y que no les protegió durante su infancia. A Bolaños le han preguntado precisamente por si ese acuerdo llega tarde para centenares y centenares de víctimas. Ha contestado que sí: “Claro que para muchas víctimas el Gobierno ha llegado tarde. Pero muchos de ellos ayer no tenían nada y hoy tienen la posibilidad de ser indemnizados”.

¿Seguirá la Iglesia reparando sin supervisión del Estado?

Sí, los afectados que quieran seguir reclamando una reparación a través del PRIVA, el plan de la Iglesia, podrán seguir haciéndolo. Lo ha explicado así Bolaños: “Por supuesto, el PRIVA es un camino independiente que seguirá existiendo. Aunque por lo que me han contado algunas víctimas con las que me he ido reuniendo estos meses, no tenían demasiada confianza en ese Plan porque la Iglesia era juez y parte”. Argüello, por otra parte, ha subrayado que el sistema de reparación que aplica unilateralmente la Iglesia funciona y que este nuevo acuerdo es una tercera vía para que acudan las víctimas que lo deseen.