La Iglesia se retracta y pagará las reparaciones por los casos de pederastia bajo la supervisión del Estado

EL PAÍS puso en marcha en 2018 una investigación de la pederastia en la Iglesia española y tiene una base de datos actualizada con todos los casos conocidos. Si conoce algún caso que no haya visto la luz, nos puede escribir a: abusos@elpais.es Si es un caso en América Latina, la dirección es: abusosamerica@elpais.es

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La Iglesia se retracta y acepta un acuerdo con el Gobierno para colaborar en un sistema de reparación mixto con el Estado en el que se hará cargo del pago de las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en el clero español. El documento firmado este jueves señala que será el Defensor del Pueblo el que estudiará cada caso, “elaborará una propuesta de reconocimiento de la condición de víctima que incluya la reparación pertinente” y, si las partes no están conformes, será el encargado de “adoptar la resolución definitiva”. El convenio, al que ha tenido acceso este periódico, lo han rubricado el ministro de Presidencia, Félix Bolaños; el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello; y el de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego.

Los responsables eclesiásticos se comprometen a acatar la decisión. “La Iglesia católica asume la reparación de aquellas víctimas que no quieran acudir al PRIVA [en referencia al equipo que gestiona desde hace un año los casos que llegan a la Iglesia y que se denomina Plan de Reparación Integral de Víctimas de Abusos]”, recoge el texto, que señala que el convenio “no está basado en la imposición unilateral de una obligación jurídica, sino en el mutuo acuerdo de las partes” y que cuenta “con la opinión de las víctimas”.

La noticia llega tras años de negativa por parte de los obispos de hacer frente al escándalo y siete años después de que EL PAÍS pusiera en marcha una investigación sobre los casos de pederastia en el clero. El trabajo de este diario provocó, entre otras medidas, que el Congreso de los Diputados encomendase al Defensor del Pueblo un informe sobre la magnitud de los delitos y una batería de recomendaciones, entre las que se incluía la reparación de los afectados. La decisión se adoptó en 2022 por mayoría absoluta.

Félix Bolaños ha calificado así el acuerdo: “Saldamos la deuda moral que teníamos con las víctimas de la Iglesia que durante décadas se han encontrado con un muro de silencio, ocultamiento e incomprensión y un daño moral imposible de reparar. Hoy podemos decir que el Estado cumple con las víctimas”. Luis Argüello, por su parte, ha dicho: “Queremos asumir nuestra propia responsabilidad”. Aunque ha afeado al Gobierno focalizarse en los abusos en el clero y no abordar los casos en otros ámbitos. El presidente de la Conferencia Española de Religiosos (Confer), Jesús Díaz Sariego, ha destacado el “compromiso moral” de la Iglesia: “¿Qué institución en este país asume delitos que están prescritos?“.

El pacto entre la Iglesia y el Estado prevé que un “órgano independiente” y “estatal” fije los baremos y los procedimientos para el reconocimiento de los delitos y la reparación de las víctimas. De hecho, el texto señala que este sistema mixto pivotará sobre el criterio técnico de la Unidad de Atención de Víctimas del Defensor del Pueblo (el equipo que habló con afectados durante la investigación del organismo público), además de la evaluación de la comisión del PRIVA y de la participación de las víctimas. “Es necesario disponer de un sistema de reparación temporal, especializado y con criterios transparentes, que garantice el reconocimiento y reparación integral a todas las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica que ya no puedan acceder a la vía jurisdiccional”, contempla el texto.

El documento prevé diversas formas de reparación: “de carácter restaurativo y simbólico del daño causado”, “de reparación psicológica y/o psiquiátrica con profesionales de elección de la víctima y que podría, en su caso, extenderse a su familia”, de “reparación moral del daño causado” o “cualesquiera otras formas de reparación que se puedan plantear en el marco de dicho convenio”.

Los baremos aún no están establecidos, aunque el Defensor siempre ha sostenido que deben utilizarse estándares europeos que han empleado otros países donde ya se han realizado estos procedimientos. Las cifras en el extranjero van de un mínimo de casi 6.000 euros que ha pagado la Iglesia de Bélgica de media, a los 62.245 que ha desembolsado la de Irlanda, donde el máximo establecido son 300.000 euros.

El proceso se iniciará después de que las víctimas registren una solicitud en una Unidad de Tramitación creada por el Ministerio de Justicia. Tras el registro, se remitirá al afectado a la Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo, que escuchará su relato, estudiará el caso y elaborará “una propuesta de reconocimiento”. Toda esa documentación se enviará a la Iglesia, a la comisión del PRIVA, y tendrá un plazo “para que manifieste su conformidad, o su oposición motivada a la propuesta”. En este punto, la jerarquía eclesial puede remitir información de dicho caso si ya se ha investigado o si anteriormente había reparado a la víctima “con el fin de evitar duplicidades”. Del mismo modo, esta documentación será enviada a la persona que la solicitó “para que exprese su conformidad o no”.

En el caso de que haya acuerdo entre las partes, el Defensor constituirá “la declaración de la condición de víctima y su reparación con carácter definitivo y se trasladará al PRIVA para su cumplimiento y ejecución”. Pero en el caso de que hubiera disconformidad con alguna de las partes, se convocará a la Comisión Mixta para la Resolución de Controversias, un equipo compuesto por miembros designados por el ministerio, el Defensor y la Iglesia, que deliberará “para alcanzar un acuerdo unánime”. Si siguen sin acercar posturas, habrá un último intento. En caso de que no haya consenso, el Defensor del Pueblo adoptará la resolución definitiva.

La institución eclesiástica responsable del agresor (diócesis, orden o congregación religiosa) deberá cumplir con las reparaciones que se fijen. En el caso de que no las pueda asumir, la CEE y la Confer se hará cargo de los pagos o de ejecutar las medidas.

El plazo de vigencia del acuerdo para solicitar la reparación será de un año, prorrogable a otro más “si las partes así lo acuerdan”, aunque los procedimientos para el estudio de cada caso y su ejecución no tienen un tiempo establecido.

El ministerio también se compromete a promover “las modificaciones precisas para la aplicación de exenciones fiscales a las reparaciones que se reconozcan a todas las víctimas”. Este periódico desveló el 20 de noviembre que una de ellas descubrió que después de recibir la indemnización tenía que tributar por ella. La ley española establece que para que una indemnización esté exenta de impuestos tiene que ser judicialmente reconocida. En la gran mayoría de los abusos sexuales de la Iglesia no hay resolución porque los casos están prescritos penalmente y, por lo tanto, no tienen un recorrido judicial.

Esta víctima pidió ayuda al Defensor que, a su vez, formuló una queja a Hacienda para que aplique a las compensaciones de la Iglesia una exención, como ocurre, por ejemplo, con las víctimas del terrorismo. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó en diciembre una moción de Esquerra Republicana para instar al Gobierno a modificar la Ley del IRPF para garantizar que estas indemnizaciones queden exentas de tributación. La modificación de una ley requiere de un acuerdo en el Congreso, un extremo difícil para un Gobierno en minoría.

Tres años de pasividad

El acuerdo entre el Gobierno y la Iglesia se ha retrasado constantemente desde que el Defensor publicara en octubre de 2023 los resultados de su informe, en el que constataba que un 1,13% de la población residente en España —unas 440.000 personas, según cálculos de este periódico— ha sufrido abusos en el ámbito religioso, según estima una encuesta a gran escala que encargó para incorporar al estudio. En el documento ya detallaba una propuesta para indemnizar a las víctimas a través de un fondo estatal para pagar las indemnizaciones “en aquellos casos que por prescripción del delito u otras causas” sea imposible denunciar penalmente. Los obispos respondieron que no colaborarían con el Defensor y que repararían por su cuenta a las víctimas.

Con esos datos, el Consejo de Ministros aprobó en abril de 2024 un plan de reparación basado en las directrices de Gabilondo y anunció que dialogaría con los obispos para que se hicieran “cargo de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.

En ese momento comenzó una guerra cruzada entre la Iglesia y el Estado. La CEE definió el plan del Gobierno como “parte de un juicio condenatorio sin ningún tipo de garantía jurídica”. Bolaños tendió puentes con el episcopado español y consiguió que este aceptase crear un grupo de trabajo con el Estado. Se celebró una primera reunión dos meses después del anuncio del plan del Gobierno y se programó otra unas semanas después para que la Iglesia comunicase si finalmente participaría en el sistema de reparación gubernamental. Pero la cita nunca se produjo.

El plantón llevó a Bolaños a enviar varias cartas al presidente de los obispos, Luis Argüello. En la primera, le urgía a reunirse para “alcanzar un acuerdo”. El líder eclesiástico le respondió que los trabajos de ese grupo “se podrían reanudar a partir del próximo día 10 de julio [de 2024]”, después de que los obispos aprobasen su plan. El ministro envió una carta advirtiendo a Argüello de que “no aceptará” un plan sin “criterios y garantías públicas,” como recomienda el Defensor en su informe.

Paralelamente, la Iglesia española había diseñado su propio programa para reparar a las víctimas, bautizado como PRIVA. Está coordinado por una comisión de especialistas que estudia cada caso y hace una propuesta económica. Es decir, envía a cada responsable del presunto agresor (diócesis u orden religiosa) una cifra del pago y finalmente el jerarca en cuestión decide si pagarla o no.

Este plan, que los obispos pusieron en marcha comenzado el 2025, ha naufragado. El obispo César García Magán, secretario general de la CEE, anunció a finales de este noviembre que la comisión ha “tratado” 101 casos, de los que 58 ya se han resuelto y “11 lo serán próximamente”. Las cifras que presentó en septiembre la comisión del PRIVA cuantifican en 39 las víctimas indemnizadas. Eso quiere decir que, de las 2.002 víctimas reconocidas por la CEE en las actualizaciones de sus informes Para dar Luz, las que han sido reparadas no llegan al 2%, según un cruce de datos de este periódico.

Tampoco hay un baremo fijo de las cuantías ni los obispos han anunciado el método utilizado para fijar las indemnizaciones. La diferencia de pagos en casos similares es enorme. Por ejemplo, en dos procedimientos que ha seguido EL PAÍS, con abusos de misma gravedad y secuelas parecidas, pero de agresores diferentes y pertenecientes a órdenes distintas, la Iglesia pagó 1.000 euros a una víctima y más de 60.000 a otra.