La petición de los obispos de un adelanto electoral marca una posición inaudita contra el Gobierno

Los obispos hacen sonar su voz con frecuencia en el debate político español. Tras perder su papel central en el Estado con el fin del franquismo, han participado en el juego democrático defendiendo sus posiciones, presionando a gobiernos y legisladores para impulsar o frenar medidas desde el púlpito de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y manifestándose en la calle. Incluso han dado indicaciones veladas de voto que orientaban hacia la derecha, como en 2008 en plena ofensiva contra José Luis Rodríguez Zapatero. Pero esta semana los purpurados han traspasado una línea que nunca antes habían cruzado: han pedido el fin de un gobierno.

La CEE ha entrado de lleno en el escándalo que ahora acorrala al PSOE por la implicación de dos de sus ex secretarios de Organización en casos de corrupción y ha pedido el adelanto de las elecciones. Lo ha hecho reclamando al presidente del Gobierno que ponga fin a la legislatura y convoque comicios, posición justificada por la corrupción, pero que jamás adoptó gobernando Mariano Rajoy a pesar de los escándalos conocidos durante su etapa en La Moncloa y con una dura sentencia por caso Gürtel. El salto es cualitativo y marca una postura inaudita contra cualquier gobierno desde la llegada de la democracia, apuntan varias asociaciones católicas de base y fuentes episcopales. “Se han extralimitado”, subrayan.

El pronunciamiento de los obispos sobre el asunto comenzó con una entrevista el pasado domingo del periódico Abc al presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la que afloró el tema de la reacción de Pedro Sánchez tras conocerse la supuesta implicación del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el cobro de mordidas a cambio de amañar licitaciones de obra pública. “Ver al presidente del Gobierno pidiendo perdón es un gesto humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante”, afirmó el también arzobispo de Valladolid, que señalaba como “salida” a esta “situación de bloqueo” la convocatoria de elecciones.

La petición la repitió públicamente durante varios días. Las dudas sobre si eran una opinión a título personal de Argüello quedaron disipadas este viernes cuando el secretario general de la CEE, César García Magán, que tiene las facultades de portavoz del órgano colegial de los obispos, respaldó el discurso de su presidente. “Es lo que conviene a España por encima de los intereses de los partidos”, afirmó durante la rueda de prensa para explicar los trabajos de la comisión permanente.

Fuentes eclesiásticas repiten la palabra “extralimitación” ante las declaraciones de García Magán, que no se quedó en un simple apoyo a Argüello, sino que enlazó la necesidad de un adelanto electoral con los casos de corrupción que están saliendo a la luz en los últimos días. “La corrupción es uno de los cánceres de la democracia, mina los pilares de la democracia. Hace perder la credibilidad y es una entrada peligrosísima a situaciones de autoritarismo”, afirmó.

El contraste con el PP

Esta actitud de los representantes de los obispos ―presidente y secretario general— provocó el mismo viernes la respuesta del Gobierno. Horas después de la rueda de prensa, Félix Bolaños, ministro de la Presidencia, envió una carta a Argüello para quejarse y acusar a la CEE de mantener una “comunión espiritual y política” con los partidos de derecha y ultraderecha: “Esta comunión fue tan intensa que imagino que a la Conferencia Episcopal le resultó imposible pronunciarse de algún modo sobre los casos de corrupción que afectaron al partido junto al que se manifestaron”. Bolaños se refería a la cadena de marchas lideradas por el PP y apoyadas por la Iglesia contra el derecho al aborto o el matrimonio igualitario durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

Ningún presidente de los obispos pidió la convocatoria de elecciones tras destaparse otros grandes casos de corrupción que afectaban al PP, ni siquiera cuando la Audiencia Nacional condenó en 2018 al partido como beneficiario de un “sistema de corrupción institucional” por el caso Gürtel. “Puedo entender también que la Conferencia Episcopal desee un cambio de Gobierno con el fin de que los debates sobre la reparación a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia o la tipificación como delito de las llamadas ‘terapias de conversión’ sean más fáciles de abordar para ustedes o no se aborden en absoluto”, atacó Bolaños en su misiva a los prelados.

¿Injerencia? ¿Libertad de expresión?

El secretario de la Coordinadora de Comunidades Cristianas Populares, Luis Ángel Aguilar, lamenta en un artículo en Religión Digital que Argüello se alinee “con los planteamientos del PP y Vox” y describe esta supuesta alianza como una “derechización eclesiástica”. Pero Jesús Avezuela, director general en la Fundación Pablo VI, opina lo contrario. “El presidente de los obispos no está diciendo que hay que votar al Partido Popular o al partido socialista. Está diciendo que no está de acuerdo con estas prácticas [de corrupción]”, dice.

Avezuela recuerda que la Iglesia “puede hablar de política” y que “lo ha hecho siempre”, poniendo como ejemplo varias encíclicas papales. Otra cosa, añade, es que pueda definirse. El director de la fundación recuerda, además, que en España no existe un partido que represente los valores católicos y que las sensibilidades de la Iglesia están hoy presentes en el ideario de diferentes grupos políticos, a veces contrapuestos. “Lo vemos en dos de los temas más importantes: la inmigración y el aborto”, afirma.

Fernando Vidal, doctor en Sociología, profesor en la Universidad Pontificia de Comillas y experto en la materia, señala que las palabras del presidente y el secretario general de la CEE serían “una extralimitación si se dedujera de ellas que se pide la dimisión del presidente del Gobierno, algo que la Conferencia Episcopal no ha hecho nunca en su historia y que tampoco ha hecho en esta ocasión”. Es cierto que César Magán destacó este viernes que los obispos no tienen una postura oficial ante la crisis política que atraviesa el partido socialista. Tampoco los Acuerdos con el Vaticano impiden a la jerarquía eclesial pronunciarse sobre los procesos electorales. Vidal añade que “lo más útil” para España sería que la Iglesia católica cumpliera el papel de apaciguadora: “No polarizar más, defender la verdad contra los bulos y mentiras en la opinión pública”.

La relación entre la CEE y el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido un constante choque de sables en temas como la ley trans, la “terapias de conversión a homosexuales”, las inmatriculaciones y, especialmente, la gestión del escándalo de la pederastia eclesial. Con las declaraciones de Argüello y Magán y la respuesta de Bolaños, la cuerda se ha tensado hasta el límite.