Cerdán tenía casi la mitad de una empresa clave de la trama, según una escritura de 2016 hallada por la UCO

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil realizó el 10 de junio 11 registros entre Valencia, Navarra y el País Vasco por orden del magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. En uno de ellos, en la casa del empresario Joseba Antxon Alonso Egurrola, dueño de Servinabar 2000SL, los agentes encontraron 16.180 euros en efectivo metidos en dos mochilas y una escritura privada fechada el 1 de junio de 2016 de compraventa de participaciones sociales, firmada entre Antxón (en condición de administrador único de Servinabar 2000 SL) y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En este documento, el primero transfiere al segundo 1.350 participaciones (el 45%) de las 3.000 que constituyen la sociedad. Aun así, según el registro oficial de la empresa, Cerdán no es parte de la misma.

El hallazgo de la UCO ratifica el presunto vínculo entre Cerdán y Servinabar 2000 SL que señalaban los agentes en el informe que entregaron al juez el 5 de junio y ha generado un terremoto político que ha puesto al Gobierno y al PSOE contra las cuerdas. La Guardia Civil considera que esta pequeña empresa navarra es una de las supuestas tapaderas de los inicios de la trama de corrupción en la que están presuntamente implicados tanto Santos Cerdán como su antecesor en ese cargo y exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor, Koldo García.

La UCO relaciona a esta empresa con el presunto amaño de, al menos, dos obras en Navarra en los primeros años de la trama, entre 2015 y 2018, de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones y con varios flujos de dinero bajo sospecha. En ambas, Acciona concurrió en unión temporal de empresa (UTE) con Servinabar 2000 pese a que los agentes consideran que “no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido” que aportó esta última a la ejecución material de ambos proyectos, salvo, precisamente, la supuesta influencia para conseguirlo que daba la presencia en la sombra de Koldo García y Santos Cerdán.

Del registro de la vivienda del empresario, en Elorrio (Bizkaia), según el acta al que ha tenido acceso EL PAÍS, los agentes se llevaron decenas de documentos impresos, que incluían facturas, información bancaria y anotaciones manuscritas. También requisaron un iPhone y un ordenador portátil, así como dos libretas halladas dentro de un Audio Q5 negro, una de ellas con serigrafía de Acciona. La UCO encontró también dos mochilas con billetes de entre 10 y 200 euros que sumaban 16.180 y que han sido depositados en una cuenta bancaria de depósitos y consignaciones judiciales del Supremo.

Otro de los registros ejecutados por la UCO la semana pasada fue en el domicilio de Antonio Fernández Menéndez, director de la sociedad Obras Públicas y Regadíos (OPR), en la localidad granadina de Baza. Además de requisar dos teléfonos móviles, un ordenador portátil y una tableta, los agentes encontraron legajos con extensa documentación que contiene desde cobros pendientes de OPR hasta “licitaciones previstas por valor de 290 millones de euros”. Entre esos papeles aparece “un esquema manuscrito temporal” en el que aparece el nombre de “Ábalos” y una tarjeta de visita de Koldo García con anotaciones en la parte trasera.

La UCO también registró el domicilio social que OPR tiene en el municipio de Peligros, en Granada. Además de algunos dispositivos electrónicos, los agentes se incautaron “varios conjuntos de documentos”, entre los que se encuentran notas manuscritas de facturación, licitaciones y adjudicaciones históricas del Ministerio de Fomento y “archivos” relativos a Áridos Anfersa SL, otra de las empresas señaladas por el empresario Víctor de Aldama de participar en el amaño de licitaciones. Preguntada la semana pasada por este periódico, una portavoz de Áridos Anfersa niega dichas acusaciones: “Es todo mentira. Todo lo que está saliendo de mi empresa es mentira”. La UCO, paralelamente a estos registros en Granada, entraron en otra sede de OPR y en la vivienda de su otro directivo, Daniel Fernández Méndez, en Toledo.

En casa del excargo de Acciona, Fernando Merino, la UCO halló, “diversa documentación” relacionada con la obra efectuada por la empresa MER Construcción en una vivienda de Polop de la Marina (Alicante). Entre esta documentación, además de diversas facturas, había una copia de un contrato de construcción y reforma de esa casa, fechado el 4 de enero de 2021, firmado entre esta empresa y Joseba García Izaguirre, hermano del antiguo asesor de Ábalos y que está imputado en la parte del caso Koldo que investiga la Audiencia Nacional.

La UCO considera a Merino como el primer contacto en Acciona de Cerdán y Koldo García. Según el informe entregado al juez el 5 de junio, la colaboración entre ellos empezó en 2015, cuando Merino era director del Departamento de Navarra y La Rioja.