Las incógnitas de la tapadera navarra de Santos Cerdán y Koldo García

El 26 de junio de 2015, el ya entonces exconcejal socialista en Huarte (Navarra) Koldo García y su amigo el empresario guipuzcoano Joseba Antxon Alonso formalizaban ante notario la creación de Noran Sociedad Cooperativa Pequeña, con sede en San Sebastián, para la “gestión y administración de la propiedad inmobiliaria”. Menos de tres meses después, el 4 de septiembre del mismo año, Alonso, que ha llegado a acumular cargos en una quincena de sociedades, constituía con el capital mínimo, 3.000 euros, una pequeña empresa, Servinabar 2000 SL, de la que era único accionista y administrador. El objeto social de la misma era más amplio que el de la cooperativa y abarcaba desde “la gestión de servicios para trabajos administrativos como archivos, digitalización y destrucción de documentos” hasta la “lectura de contadores” y la “organización de todo tipo de eventos como congresos, ferias y exposiciones”. Años después lo cambiaría por el de “elaboración y ejecución de toda clase de proyectos de construcción y edificación”.

Hoy, una década después de su creación, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sitúa a ambas sociedades como supuestas tapaderas en sus primeros pasos de la trama de corrupción en la que están presuntamente implicados tanto Koldo García como los que fueran secretarios de Organización del PSOE, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y que ha hecho tambalearse en los últimos días al Gobierno de Pedro Sánchez. El informe que el instituto armado entregó el pasado 5 de junio al magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, instructor de la causa sobre la red de corrupción que anidó durante años en el Ministerio del Transportes, las vincula con el presunto amaño de, al menos, dos obras en aquellos primeros años en la Comunidad Foral de las que resultó beneficiada Acciona Construcciones y con varios flujos de dinero bajo sospecha.

El primero de los contratos fue el llamado proyecto Mina Muga para la apertura de una explotación de potasa en Sangüesa (Navarra), a finales de 2015, tan solo dos meses y medio después de que el socio de Koldo García constituyese la segunda empresa bajo sospecha. Los agentes han localizado mensajes que apuntan a que el exasesor de Ábalos y el entonces miembro del parlamento foral por el Partido Socialista de Navarra (PSN) Santos Cerdán participaron presuntamente en gestiones para conseguir que los empresarios interesados en poner en marcha la mina se reunieran con altos cargos del Gobierno regional ―entonces formado por una alianza de partidos encabezada por Geroa Bai y en la que no estaban los socialistas― para conseguir los permisos.

La segunda fue el contrato público para la adecuación por 3,7 millones de euros del pabellón deportivo Navarra Arena de Pamplona en 2017. En ambas, Acciona concurrió en unión temporal de empresa (UTE) con Servinabar 2000 pese a que los agentes consideran que “no se ha apreciado cuál habría sido el valor añadido” que aportó esta última a la ejecución material de ambos proyectos, salvo, precisamente, la supuesta influencia para conseguirlo que daba la presencia en la sombra de Koldo García y Santos Cerdán.

Los agentes también identifican un tercer proyecto en el que la supuesta trama pudo estar interesada y al que los presuntos implicados aluden en sus comunicaciones con el nombre en clave de “panadero”. Los agentes concluyen que se refieren a posibles gestiones sobre una parcela en Huarte, la localidad navarra en la que Koldo García había sido concejal, para construir el supermercado de una cadena internacional y un establecimiento hostelero denominado, precisamente, El Panadero de Eugui. La UCO considera que en todas estas gestiones Koldo participó “de manera activa” y facilitó “determinados contactos” a un directivo en Navarra de Acciona Construcciones, Fernando Merino, además de transmitir “las pertinentes novedades” a Santos Cerdán.

A diferencia de los supuestos amaños cometidos presuntamente por la trama cuando Koldo García ya estaba en el Ministerio de Transportes como hombre de confianza de Ábalos ―las grabaciones recogen que supuestamente se embolsaron 620.000 euros en comisiones opacas y reclamaban otros 450.000 euros―, los investigadores aún no han cuantificado ni el importe total de las supuestas mordidas en las que pudieron participar ambas sociedades en aquellos años, ni si el destino final de ese dinero fue entonces el enriquecimiento personal de los implicados o una supuesta financiación irregular del partido. Lo que sí recalca el documento policial es que tanto la cooperativa como la pequeña empresa estaban vinculadas “directamente” con Koldo García y Santos Cerdán.

Hasta ahora hay constancia de que a través de la segunda se transfirieron fondos en concepto de donación y con “carácter periódico” a una fundación, Fiadelso, vinculada al tercer presunto cabecilla de la trama, Ábalos, y a otros miembros de su familia. Además, Koldo García ―que había escrito en su teléfono móvil en 2017, justo antes de una reunión con Alonso, la siguiente nota: “Si consigo obras cuánto se me paga por conseguir y cómo se me paga”― recibió periódicamente y hasta marzo de 2018 diversas cantidades de dinero procedentes de cuentas de la sociedad con sede en Pamplona. No fue la única vía. La Guardia Civil tiene indicios de que el exasesor de Ábalos utilizaba un bar de la capital navarra para canalizar comisiones en los años previos a su llegada al Ministerio de Transportes. Según detalla el documento policial, para ello, el local emitía presuntamente facturas por consumiciones nunca producidas que Acciona pagaba mediante transferencias bancarias. Posteriormente, Koldo retiraba el dinero en efectivo.

El informe de la Guardia Civil también destaca que Koldo García hizo, en agosto de 2017, una transferencia de 600 euros a Santos Cerdán sin motivo aparente. Y que, en una conversación mantenida con Ábalos el 23 de noviembre de 2023, cuya grabación fue intervenida en su domicilio, afirmaba que el —hasta la pasada semana— secretario de Organización del PSOE presuntamente había recibido en aquellos primeros años importantes cantidades de dinero del administrador de Servinabar. “[…] Santos se ha quedado con dinero, que lo ha hecho delante de mí […] Y te puedo contar mil cosas, ganar billetes de 500 [euros] que le daba el de Gipuzkoa [en referencia Antxon Alonso, único accionista de la compañía] y mil cosas más”.

La UCO añade que Cerdán, pese a no figurar nominalmente en sus órganos de gestión, tenía también “poder de decisión sobre las sociedades Servinabar y Noran Coop para aspectos tan relevantes como la ejecución de pagos, suministro de otros servicios y bienes a cargo de las sociedades, como vehículos y teléfonos, e incluso el alquiler de una vivienda en Madrid” para él en 2017, cuando se trasladó a la capital tras cesar como parlamentario foral para asumir el puesto de secretario de Coordinación Territorial del PSOE meses después de la victoria de Pedro Sánchez en las primeras del partido en cuya campaña se había implicado.

De la relevancia que los investigadores dan a estas empresas da cuenta que el pasado martes, pocas horas después de que registraran la vivienda y un local de Ábalos en Valencia, agentes de la Guardia Civil entraban en la sede de Servinabar 2000, en el número 1 de la calle San Nikolas, de Pamplona, y que al frente del operativo estuviera el teniente coronel Antonio Balas, máximo responsable de las pesquisas como jefe del Departamento de Investigaciones Económicas y Anticorrupción de la UCO. Según el auto del juez que autorizaba el registro, la sociedad no solo podía haber sido beneficiada irregularmente de la adjudicación de contratos para hacer obra pública en Navarra, sino también haber sido utilizada para el reparto de comisiones irregulares entre los miembros de la trama. Los agentes esperan que la documentación intervenida les permita aclarar las incógnitas que aún sobrevuelan sobre ambas empresas.