La fiscal general descarta sancionar a García Ortiz tras su condena pero abre expediente a la jefa provincial de Madrid

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha descartado abrir la vía disciplinaria contra su predecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, por la condena a dos años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Supremo por revelar secretos de Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. En cambio, sí ha acordado abrir un expediente gubernativo respecto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

Peramato responde así a la pretensión de González Amador de que la sentencia contra García Ortiz, que le condenó a dos años de inhabilitación y al pago de 17.200 euros ―entre multa e indemnización―, también tenga consecuencias disciplinarias, según ha avanzado Okdiario y confirman fuentes fiscales a EL PAÍS. A raíz del fallo, la fiscal general tuvo que estudiar si García Ortiz podía regresar a la carrera fiscal, ya que en su condición de máximo responsable del ministerio público se encontraba en situación de “servicios especiales”. Peramato acordó reincorporarle como fiscal, concretamente en la Fiscalía de lo Social del Supremo —donde él había pedido—, aplicando una doctrina que se fijó hace años para evitar que, en el ámbito disciplinario, los fiscales fueran considerados “de peor condición” que los jueces, para quienes solo se contempla la expulsión de la carrera con pena de cárcel.

En dos nuevos decretos, la fiscal general descarta actuar contra García Ortiz por la vía disciplinaria, argumentando que, como cabeza del ministerio fiscal, formalmente se sitúa fuera de la carrera fiscal y, por tanto, no se le puede aplicar su régimen disciplinario. Sin embargo, en lo tocante a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid sí acuerda abrir un expediente gubernativo para determinar si, cuando estalló el caso, en sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), debió abstenerse. Rodríguez fue imputada por este tribunal y, cuando la causa saltó al Supremo, mantuvo esta condición hasta que, a las puertas del juicio, la Sala de Apelación la exoneró al considerar que se limitó a cumplir órdenes de su superior.

La decisión de Peramato sobre García Ortiz pone fin a la vía administrativa. Ahora, el ex fiscal general está pendiente de que el Supremo responda al recurso que presentaron tanto él como la Fiscalía contra el cálculo de las costas que debe asumir. El alto tribunal las cifró en 79.942,70 euros, algo que la defensa y el ministerio público consideran abiertamente desproporcionado. Según sus estimaciones, deberían fijarse en 4.240 euros. Una vez cerrado este último fleco, se espera que García Ortiz solicite amparo al Tribunal Constitucional, según las fuentes consultadas por este periódico. Peramato anunció que la Fiscalía también llamaría a las puertas de la corte de garantías para anular la condena.