Peramato asciende a parte del equipo de García Ortiz en su primera tanda de nombramientos clave

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, se ha enfrentado este viernes a su primer gran desafío desde que llegó al cargo, el pasado diciembre, bajo la promesa de “sanar heridas”, las abiertas en la institución por la causa penal contra su antecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, que acabó inhabilitado. Peramato debía elegir entre 86 candidatos para ocupar 19 plazas, entre ellas seis en la sección penal de la Fiscalía del Supremo, el tribunal que lo condenó por revelación de secretos. La jefa del ministerio público ha optado por una solución salomónica que busca el equilibrio entre las distintas sensibilidades de la carrera fiscal. No obstante, ha abogado por ascender a miembros clave del antiguo equipo de García Ortiz, como Ana García León y Diego Villafañe, dejando fuera a abiertos críticos con la gestión de su predecesor, como los fiscales del procès Consuelo Madrigal y Jaime Moreno o la jefa de la Fiscalía Superior de Madrid, Almudena Lastra.

En esta convocatoria, las plazas más codiciadas eran tres de las cuatro jefaturas existentes en la sección penal de la Fiscalía del Supremo: las que han dejado libres la propia Peramato, el también fiscal del procés Fidel Cadena por su reciente jubilación y José Javier Huete, que aspiraba a la renovación. Entre los candidatos estaban García León, jefa de la Secretaría Técnica ―la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado― y número 27 del escalafón; Madrigal, ex fiscal general del Estado, Moreno y otros tres fiscales que, al igual que ellos dos, ya ejercen en el Tribunal Supremo. Peramato se ha decantado por García León, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) ―a la que perteneció García Ortiz―, que ha desarrollado buena parte de su carrera en los cuarteles generales del ministerio fiscal; Huete, de talante conservador; y María Farnés, fiscal procedente de Canarias que no está asociada.

En las otras tres plazas en liza en la sección penal de la Fiscalía del Supremo (sin categoría de jefe), Peramato ha recomendado a Villafañe, miembro de UPF y hasta ahora número dos de la Secretaría Técnica, donde lleva seis años participando de importantes decisiones, como la fijación de criterio para la ley del solo sí es sí o la amnistía. Villafañe también estuvo imputado en la causa contra García Ortiz, pero fue exonerado por el propio instructor. A él se suman Isabel Gómez, de la Fiscalía Provincial de Cuenca y actual vocal de la Asociación de Fiscales (AF) ―la mayoritaria en la carrera fiscal, y crítica con García Ortiz― en el Consejo Fiscal; y Antonio Colmenarejo, hasta ahora en la Secretaría Técnica y no asociado. A estas tres plazas se postulaban un total de 36 candidatos, entre los que destacaba Lastra, por ser la autora de uno de los testimonios más duros contra el ex fiscal general. Tanto en la investigación como en el juicio declaró que desde un principio estaba convencida de que las pesquisas contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, se filtrarían e incluso aseguró que llegó a preguntar directamente a García Ortiz si había sido él.

Peramato también ha repartido juego en las plazas disponibles en las fiscalías Antidroga, Anticorrupción y de la Audiencia Nacional. Para la primera, ha señalado a Marcelo Azcárraga, fiscal de la Audiencia Nacional que ya estaba destacado en Antidroga y miembro de AF. Para Anticorrupción, ha elegido a Virna Alonso, exjefa de delitos económicos en la Fiscalía Provincial de Madrid, que actualmente estaba en comisión de servicios en la fiscalía especial para la que ahora se la propone y que no está asociada. Esta fiscal fue una de las que intervino en lo que el Supremo calificó de “frenético” intercambio de comunicaciones en la Fiscalía General del Estado durante la noche del 13 de marzo de 2024, cuando se filtró el email y se empezó a redactar la nota de prensa por los que García Ortiz fue sentenciado. En la Audiencia Nacional, ha designado a Beatriz López, hasta ahora en la Secretaría Técnica y afiliada a UPF. También se ofertaban dos puestos en la Fiscalía del Tribunal Constitucional, para los que ha catapultado a dos no asociados: Raquel Muñoz, que saldrá igualmente de la Secretaría Técnica, e Ignacio Rodríguez, antiguo letrado de la corte de garantías.

En la Fiscalía contra los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico, del medio ambiente e incendios, Peramato ha situado a Javier Rufino, miembro de la AF y número dos de la Inspección Fiscal que ocupó el cargo de fiscal delegado para medio ambiente en Sevilla durante 14 años. Además, ha confirmado a la también ex fiscal general María José Segarra ―histórica de la UPF― como fiscal de sala de personas con discapacidad y mayores.

En los seis puestos restantes, Peramato ha avalado a los candidatos únicos para la jefatura de las fiscalías provinciales de Córdoba y Palencia, Fernando Sobrón y Arturo Carrillo, respectivamente; y para la de la Fiscalía Superior de Castilla y León, Santiago Mena. En la jefatura de la Fiscalía Provincial de Guipuzkoa, ha nominado a Mercedes Bautista, mientras que los otros dos puestos ofertados (jefaturas de las Fiscalía Provinciales de Lugo y Cuenca) han quedado desiertos al no presentarse ningún candidato.

Criterios de “mérito, capacidad” y proporcionalidad

Según ha informado el ministerio público, con estas propuestas de nombramientos en la cúpula fiscal, que formalmente corresponde hacer al Gobierno, Peramato se ha basado en “criterios de mérito y capacidad de los aspirantes, en su amplio currículum y experiencia, y en las propuestas de los respectivos planes de actuación presentados, que se alinean especialmente con el proyecto de política criminal que defiende la Fiscalía”.

Fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS indican que Peramato ha procurado un reparto proporcional de estas 19 plazas, de modo que, por cada tres designaciones equivalentes, hubiera un miembro de la AF, por ser la asociación mayoritaria; otro de la UPF, por ser la segunda en número de afiliados; y un no asociado. Y ello con el objetivo de coser cuanto antes la brecha que el proceso judicial contra García Ortiz provocó en la Fiscalía, donde desde la apertura de la causa no faltaron voces pidiendo su inmediata dimisión, en contraste con quienes le han arropado en todo momento, sobre todo tras su cese.

Aunque no era su primer Pleno del Consejo Fiscal, siempre tensos desde que la mayoría crítica de AF y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF, la minoritaria), con seis y un vocal, respectivamente, se impuso en las últimas elecciones, sí era la prueba de fuego de Peramato en lo tocante a nombramientos discrecionales. La jefa del ministerio público debe escuchar la opinión del órgano consultivo, que se expresa mediante votos, pero no está obligada a seguirla. En el cónclave de este viernes, los apoyos han estado muy repartidos, dada la gran cantidad de candidatos para algunos puestos. Sin embargo, en las plazas clave se han concentrado. Así, la AF ha respaldado a Madrigal, Moreno y la también fiscal del Supremo María Ángeles Garrido; mientras que UPF, que posee dos vocales, y las dos vocales natas ―la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite― han avalado a Huete, Farnés y García León.

Según las fuentes preguntadas, Peramato ha subrayado la importancia de modernizar la Fiscalía del Supremo, para adaptarla a las nuevas dinámicas, pero con cautela, de ahí la confirmación de Huete, considerado uno de los pilares de su sección penal. Asimismo, la fiscal general ha reivindicado la necesidad de aprovechar el talento acumulado en la Secretaría Técnica, que históricamente ha servido de caladero para la cúpula fiscal porque es donde suelen recalar las cabezas más brillantes del ministerio público, dedicadas a estudiar la jurisprudencia y guiar la doctrina de la institución.