La cúpula fiscal apoya la petición del Gobierno de investigar a las redes sociales por difundir pornografía infantil creada con IA

La Junta de Fiscales de Sala ha apoyado de forma unánime la petición del Gobierno de Pedro Sánchez para que la Fiscalía investigue a las redes sociales por distribución de pornografía infantil generada con inteligencia artificial (IA). Fuentes fiscales consultadas por El PAÍS indican que así se ha resuelto la reunión celebrada este martes, aunque se trata de una opinión no vinculante, por lo que compete a la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, tomar la decisión.

Fue el pasado 17 de febrero cuando el Gobierno acordó invocar el artículo 8 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que interviniera en este asunto. Es una vía pocas veces transitada pero que permite al Ejecutivo “interesar del fiscal general del Estado que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público”. El único requisito que impone es que, antes de decidir, la jefa del ministerio público debe escuchar a la Junta de Fiscales de Sala, el cónclave que reúne a la cúpula de la institución.

En concreto, el Gobierno pedía a la Fiscalía que “ejerza las acciones penales que considere oportunas y establezca criterios de actuación y mecanismos que permitan a las víctimas, así como a sus tutores y representantes legales”, defender sus derechos ante la Fiscalía.

Las fuentes consultadas indican que la Junta de Fiscales de Sala no solo se ha pronunciado a favor de que la Fiscalía tome cartas en el asunto sino que, según detallan, la fiscal coordinadora de Criminalidad Informática, Elvira Tejada, sobre la que se espera que recaiga este asunto, ha propuesto tres vías de actuación concretas. La primera pasa por ahondar en las investigaciones abiertas en las fiscalías territoriales para analizar la posible responsabilidad de las plataformas digitales. En segundo lugar, ha apostado por colaborar con la Fiscalía francesa, que ya tiene abierta una investigación contra X y se ha ofrecido a remitir a España la documentación e información que afecte a nuestro país. Y, por último, ha aconsejado abrir un procedimiento en España para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado recaben de fuentes abiertas material de abuso de menores elaborado y difundido por las plataformas digitales y que se proceda a su investigación.

Por su parte, el fiscal de Cooperación Internacional, Francisco Jiménez Villarejo, ha propuesto que la Fiscalía dé una respuesta global con todo tipo de acciones, incluidas las de consumidores y usuarios y de protección de datos, así como crear un equipo conjunto de trabajo dentro del ministerio fiscal para este fin. Además, la ex fiscal general del Estado Consuelo Madrigal ha abogado por completar las medidas penales con las contempladas por la propia ley del menor para protegerlos. Varios fiscales también han planteado remitir al Gobierno propuestas de reforma legislativa en el marco penal.

Combatir la “impunidad” en redes sociales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que acudiría a la Fiscalía mediante un mensaje en X, una de las redes sociales, junto a TikTok y Meta, a las que señaló directamente por “la creación y difusión de pornografía infantil mediante sus IA”, en referencia a los programas informáticos capaces de crear imágenes falsas de menores de carácter sexual (deepfakes).

En la misiva dirigida a la Fiscalía, el Ejecutivo argumentó que la responsabilidad de los delitos cometidos va más allá de los usuarios individuales de las redes que los cometen porque “también podría haber responsabilidad penal dentro de las plataformas por el dominio que ejercen sobre los contenidos”, aludiendo así a las propias herramientas de inteligencia artificial integradas en ellas, como Grok en X y Meta AI, y al modo en que los algoritmos de esas plataformas favorecen unos contenidos sobre otros.

El Gobierno enmarcó esta decisión, que se apoya en un informe técnico elaborado conjuntamente por los ministerios de Presidencia, Transformación Digital y Juventud, en la necesidad de combatir “la impunidad” presente en las redes sociales. El Ejecutivo describió “un entorno digital que considera caracterizado por la impunidad y la tolerancia hacia prácticas delictivas que ponen en riesgo la intimidad, la imagen y la libertad de los menores”.

De esta forma, el Gobierno se sumó a una corriente internacional de actuaciones contra las grandes plataformas tecnológicas. Hace unas semanas, la Fiscalía francesa registró la sede parisina de X y pidió la comparecencia de su dueño, el magnate Elon Musk, mientras que la Comisión Europea está investigando a Meta, TikTok y la inteligencia artificial Grok bajo el reglamento de servicios digitales.

La invocación del artículo 8 para perseguir la difusión de esos deepfakes es una de las cinco medidas que Sánchez anunció el pasado 3 de febrero desde Dubái contra las redes sociales. “Se han convertido en un Estado fallido, en el que se ignoran las leyes y se toleran los delitos”, aseguró. El presidente del Gobierno denunció que “estas plataformas están atentando contra la salud mental, la dignidad y los derechos de nuestros hijos e hijas”, algo que el Estado “no puede permitir”. “La impunidad de los gigantes debe acabar”, escribió en X.

Sánchez anunció desde la capital emiratí que el Gobierno prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, por las implicaciones que tiene para su salud mental el estar expuestos a contenidos nocivos. “Les protegeremos del salvaje Oeste digital”, afirmó. Como parte de esta batería de medidas, también ha prometido legislar para que se pueda actuar contra los directivos de las grandes tecnológicas por “las múltiples violaciones que tienen lugar en sus plataformas”; introducir el delito de manipulación de algoritmos; y la puesta en marcha de un sistema para monitorizar los discursos tóxicos, una especie de “huella de odio y polarización que seguirá, cuantificará y revelará cómo las plataformas digitales alimentan la división y amplifican el odio”.