La Cámara de Cuentas detectó 678 millones que recaudó Moreno Bonilla con el canon del agua y no se invirtieron en saneamiento

Según la Cámara de Cuentas, la Junta de Andalucía no invierte en depuración de aguas lo que recauda, a pesar de las deficiencias en tratamiento que se registran a diario, de las multas, sentencias y advertencias de la Comisión Europea y los tribunales, así como de las demandas de los alcaldes para adaptar los sistemas de saneamiento, que les generan propuestas de sanción continuadas. Para salvar las deficiencias en el tratamiento de los miles de litros residuales que se generan, en 2010 se aprobó el conocido como canon del agua, un pago que realiza cada usuario en su factura con el fin de realizar las obras necesarias. Sin embargo, ya no es solo que el Ejecutivo del popular Juan Manuel Moreno Bonilla haya decidido desviar este dinero a otras obras, sino que, además, según la Fiscalización de la Cuenta General de la Junta de Andalucía (Ejercicio 2024), el Gobierno andaluz acumuló 678,28 millones de euros que había recaudado con este canon y que no aplicó a las obras para las que estaban previstos estos fondos. La Cámara de Cuentas ha decidido elaborar este año un informe específico sobre este desfase.

De acuerdo con los datos del órgano técnico encargado de fiscalizar la gestión económica, financiera y contable de los fondos públicos, en 2023 se acumulaban 812,90 millones recaudados con el canon del agua, pero que no se habían invertido. Un año después, tras un gasto de 188,82 millones, las arcas de la Junta de Andalucía acumulaban 678,28 millones que habían pagado los usuarios andaluces y que no se habían gastado en el fin para el que se cobró.

Este desfase entre recaudación y ejecución llevó a Moreno Bonilla a calificar hace una década de “fraude” y “engaño masivo” el canon del agua. Fue el argumento para derogarlo en 2022. Pero lo reimplantó un año después con un 30% de subida.

Ningún responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural respondió a los requerimientos de explicaciones por parte de este periódico, al igual que anteriormente rehusó aclarar por qué se había modificado la norma que estableció el canon del agua, mediante decreto del pasado 25 de febrero, para destinar los recursos a otras obras ajenas al saneamiento.

La Mesa Social del Agua, que agrupa a organizaciones sociales, ambientales, agrarias, sindicales, científicas y de defensa de los consumidores, considera la situación de “especial gravedad” porque Andalucía es, según detallan, “una de las comunidades con mayores déficits en depuración de aguas residuales” y acumula condenas y sanciones. El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sentenció que España vulneró de forma reiterada la directiva comunitaria (Directiva 91/271/CEE) sobre el tratamiento de las aguas residuales en medio centenar de “aglomeraciones urbanas y áreas intermunicipales de más de 10.000 habitantes”, andaluzas de forma destacada.

Los operadores públicos del agua coinciden con la gravedad de la situación, en especial cuando estas obras para el tratamiento y el saneamiento no solo son imprescindibles para garantizar la calidad del agua, proteger el medio ambiente y cumplir con la normativa europea, sino porque, además, permitirían la creación de empleo.

“Andalucía presenta déficits significativos en depuración mientras numerosas infraestructuras siguen pendientes de ejecución, a pesar del riesgo de nuevas sanciones europeas. Desviar o no ejecutar recursos destinados a corregir estos déficits es grave”, afirma el gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano.

“La cuestión de fondo es de confianza”, añade. “Los ciudadanos aceptan pagar determinados tributos cuando comprenden su finalidad y perciben su utilidad. Cuando esa relación se rompe, se erosiona la legitimidad del sistema. El recibo del agua no puede convertirse en una caja común para financiar cualquier política”.

“Mantener la coherencia entre lo que se paga y lo que se financia no es solo una exigencia técnica o jurídica, sino que es, además, una condición básica para una gestión pública justa, transparente y sostenible”, concluye.

En este sentido, la Mesa Social del Agua considera que “la correspondencia entre el pago realizado y el servicio financiado” es fundamental para la “confianza de la ciudadanía en el sistema”, que establece un “carácter finalista del canon”, es decir, que el usuario tiene que estar seguro de que el dinero que paga se usa para aquello para lo que se aprobó.

Sin embargo, la Cámara de Cuentas ha tenido que advertir a la Junta de la falta de datos que debe aportar en virtud de la disposición adicional 14 de la Ley de Aguas de Andalucía (9/2010). Tras el aviso, el Gobierno andaluz publicó, durante el periodo de alegaciones al informe de fiscalización, el balance correspondiente a 31 de diciembre de 2023.