La Junta de Andalucía desvía fondos de depuración a otras obras, pese a la acumulación de multas millonarias y sentencias por no tratar las aguas

Cada vez que un usuario doméstico, industrial o agrícola abre el grifo paga en su recibo del agua una parte para financiar obras de saneamiento. Es lo que se conoce como canon del agua, generalizado en las comunidades autónomas. El actual presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), lo derogó en 2022 tras calificarlo de “fraude”. Un año después rectificó y lo reimplantó con un 30% de subida para sumar 23,4 millones de euros a los 156 que recaudaba antes de la efímera supresión. La norma que lo establece especifica que su finalidad es “posibilitar la financiación de las infraestructuras hidráulicas” y responde a las continuas sentencias y advertencias de la UE y de organismos reguladores por las deficiencias en el tratamiento de las aguas, por las que España acumula multas millonarias. A pesar de la presión de estas sanciones, la Junta de Andalucía ha decidido este año volver a modificar la norma para desviar los fondos a otras obras no relacionadas con el saneamiento.

La falta de depuración ha movilizado a todas las instancias, nacionales y europeas. El pasado diciembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la Comisión Europea y sentenció que España vulneró de forma reiterada la directiva comunitaria sobre el tratamiento de las aguas residuales en medio centenar de “aglomeraciones urbanas y áreas intermunicipales de más de 10.000 habitantes”, entre ellas 11 de Tenerife y 15 de Andalucía, Donostia, Cáceres o Mérida. Los ayuntamientos reciben de forma habitual propuestas de sanción por parte de las confederaciones hidrográficas y organismos responsables de la calidad de las aguas por la misma razón.

De esta forma, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Estado paga cada semestre 1.064.904 euros en multas por deficiente tratamiento en Barbate (Cádiz) y 744.624 euros por Matalascañas (Huelva); la Junta andaluza abona por sanciones 634.320 euros cada seis meses por Alhaurín el Grande (Málaga); y Canarias, 687.016 euros por Valle de Güímar (Santa Cruz Tenerife). Desde 2018, las administraciones central y autonómica han pagado 84.772.670 euros en multas y la cifra total ascenderá a 100 millones al finalizar esta década.

Tampoco los ayuntamientos se libran. Municipios como Almodóvar del Río o Benamejí, ambos de Córdoba, han recurrido contra propuestas de sanción de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por vertidos. Las alegaciones se amparan en la sentencia 1.180/2025 del Tribunal Supremo, a raíz de un proceso abierto contra un municipio de Granada y que establece: “El incumplimiento de las obligaciones impuestas a la Administración autonómica en materia de ejecución de obras hidráulicas que resulten imprescindibles o necesarias para el tratamiento de aguas residuales podrá eximir de responsabilidad a las entidades locales competentes en materia de evacuación y tratamiento de aguas residuales cuando realicen vertidos que incumplan la normativa vigente, siempre que la no realización de esos vertidos pueda comprometer gravemente la salud de las personas”.

Como rezan las alegaciones de uno de los ayuntamientos cordobeses: “Los límites de emisión fijados reglamentariamente sólo son alcanzables mediante tratamientos e instalaciones que no existen en Benamejí por falta de ejecución autonómica; no es jurídicamente exigible al Ayuntamiento sustituir a la Comunidad Autónoma en la construcción de esas infraestructuras”. Y añade, en línea con la sentencia del Supremo: “Si no se realiza el vertido, supone un riesgo grave para la salud”.

De esta forma, la depuración de aguas, según evidencian las resoluciones judiciales, las denuncias de la UE y el balance de sanciones, es necesaria, urgente y gravosa para las arcas públicas. Sin embargo, la Junta de Andalucía decidió, mediante decreto del pasado 25 de febrero, que el canon del agua, previsto para financiar infraestructuras de saneamiento y depuración, necesarias para garantizar la calidad del agua, proteger el medio ambiente y cumplir con la Directiva 91/271/CEE, se destinará para otras relacionadas con los daños producidos por los temporales del pasado invierno en las cuencas intracomunitarias.

Suspensión temporal

Ningún responsable de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural respondió a los requerimientos de explicaciones por parte de este periódico y fuentes de la entidad remitieron un escrito en el que justifican la medida en “las graves consecuencias del último tren de borrascas”. “Por este motivo, y entre otras medidas, los ingresos procedentes del canon de mejora han quedado afectados temporalmente”, añaden para precisar: “Esto no quiere decir que la Junta vaya a dejar de acometer aquellas infraestructuras hidráulicas de abastecimiento o de depuración que estuvieran programadas”. No detallan las mismas fuentes si se verán, no obstante, afectados los plazos de ejecución de las obras dependientes de este canon hasta su recuperación en los términos en los que fue aprobado. El pasado año, con el canon vigente para lo que fue creado, la Consejería de Agua concluyó 16 obras de depuración en cinco provincias por un importe de 38,5 millones.

La medida ha sido criticada por la Mesa Social del Agua de Andalucía, que agrupa a organizaciones sociales, ambientales, agrarias, sindicales, científicas y de defensa de los consumidores. Esta agrupación califica de “especial gravedad” el desvío de los fondos del canon porque “altera de forma sustancial la finalidad para la que este instrumento fue creado”, a pesar de que Andalucía es, según detallan, “una de las comunidades con mayores déficits en depuración de aguas residuales” y acumula condenas y sanciones.

“Los recursos del canon no proceden del presupuesto general de la Junta, sino que son abonados directamente por la ciudadanía a través de la factura del agua. Es decir, son los usuarios quienes están financiando estas actuaciones. Se produce así una ruptura evidente del principio de correspondencia entre el pago realizado y el servicio financiado, desvirtuando el carácter finalista del canon y erosionando la confianza de la ciudadanía en el sistema”, explica la Mesa.

También critica la organización que las actuaciones que se financiarán con fondos recaudados en toda la comunidad “se limitan a las cuencas intracomunitarias andaluzas (Mediterráneas Andaluzas, Guadalete-Barbate y Tinto-Odiel-Piedras), que representan aproximadamente un tercio del territorio”.

La Mesa Social del Agua no duda de la existencia de obras urgentes y necesarias tras las inundaciones, pero exige que estas no se financien “a costa de un canon creado para resolver un problema estructural que sigue sin solucionarse”.

La Consejería competente ha replicado que el Gobierno de España recurrió a una medida similar durante la Covid. Se refiere a la orden que autorizaba a Hacienda en 2020 a requerir el ingreso de los remanentes de todos los organismos, incluyendo los procedentes de las tarifas de las confederaciones hidrográficas. “Como en el COVID, prima la necesidad y la emergencia”, justifica la Junta. “No es lo mismo una pandemia, con toda la población confinada y el país paralizado, que la reparación de los daños por las borrascas”, responde un integrante de la Mesa Social.

El gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS), Luis Babiano, resume el conflicto: “El principio básico es claro: el dinero del agua debe ir al agua”. El representante de su entidad en la Mesa del Agua coincide en que el debate no es por la necesidad “indiscutible” de paliar los efectos de los temporales, sino sobre “la adecuación de los instrumentos de financiación utilizados”.

Babiano detalla que la situación actual se caracteriza por “infraestructuras envejecidas y déficits persistentes en saneamiento y depuración”, por lo que “exige que los recursos se orienten a garantizar la sostenibilidad del ciclo urbano del agua”. “Desviar un instrumento concebido para resolver déficits estructurales hacia finalidades coyunturales puede ofrecer una respuesta inmediata, pero deja intacto —e incluso agrava— el problema de fondo”, explica.

El debate también ha generado contradicciones en el seno de algunos integrantes de la Mesa del Agua. La organización agraria COAG-Andalucía forma parte de esta y suscribe la denuncia contra el desvío de fondos, pero “valora”, al mismo tiempo, el paquete de ayudas aprobado con parte de los fondos del canon.