La fiscal general del Estado, ante su primera prueba para “sanar las heridas” de la institución: 19 nombramientos en la cúpula

Teresa Peramato, nueva fiscal general del Estado, se someterá a su primer gran examen el próximo viernes tras el terremoto que supuso en la institución la salida de Álvaro García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos. Los nombramientos discrecionales siempre son objeto de controversia, pero las circunstancias que rodean esta renovación acrecientan la expectación ante el Pleno del Consejo Fiscal del viernes, donde elegirá entre más de 80 candidatos para cubrir 19 plazas, entre ellas seis en el Tribunal Supremo. Peramato llegó al puesto con la promesa de “sanar heridas” y contar con todos los fiscales y se enfrenta a la disyuntiva de mantener una política continuista o de ruptura. Fuentes fiscales consultadas por EL PAÍS indican que la fiscal general buscará el equilibrio entre las distintas sensibilidades repartiendo los cargos de forma proporcional entre la AF (Asociación de Fiscales, la mayoritaria), la UPF (la Unión Progresista de Fiscales, la segunda en número de miembros), la APIF (la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, minoritaria) y los no asociados.

El Consejo Fiscal ejerce como órgano consultor, pero es la fiscal general quien decide. La asociación mayoritaria y la APIF ―que ejerció la acusación popular en el procedimiento penal contra García Ortiz― vienen denunciando que tanto él como su antecesora inmediata, Dolores Delgado, favorecieron a los miembros de la UPF, a la que ambos pertenecieron, con las designaciones en la cúpula fiscal. Ese fue uno de los argumentos por los que el anterior Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) le declaró “no idóneo” para renovar mandato, argumento que la APIF replicó en su recurso contra la decisión del Gobierno de volver a designar a García Ortiz.

La asociación alegó que los progresistas concentraron el 66,6% de los nombramientos discrecionales que hizo durante su primera etapa, pero el Tribunal Supremo contestó que los datos recabados “desautorizan la tesis del favorecimiento a los afiliados de la UPF”, concluyendo que en realidad “la litigiosidad sólo se ha concentrado en unos pocos” casos. Por ejemplo, el de la propia Delgado, que vio anulados sus sucesivos nombramientos como fiscal de la Sala de lo Militar del Supremo y para Memoria Democrática y Derechos Humanos, aunque finalmente quedó confirmada en este último después de que el Consejo Fiscal descartara incompatibilidades; o el de Eduardo Esteban Rincón como fiscal coordinador de menores, que recientemente ha sido amparado por el Tribunal Constitucional.

En el Pleno de la próxima semana la polémica está servida porque destacados miembros del equipo de confianza de García Ortiz competirán con fiscales del Procés por varias plazas en la Fiscalía del Supremo, concretamente en su sección penal. En esta convocatoria, que se hizo el pasado enero, hay tres puestos de jefe de sección a los que aspiran diez personas. A uno de ellos se postula Ana García León, la que fuera jefa de la Secretaría Técnica —la sala de máquinas de la Fiscalía General del Estado—con García Ortiz. Rivalizará con Consuelo Madrigal y Jaime Moreno, que junto a Javier Zaragoza y Fidel Cadena fueron los fiscales del procés. Todos forman parte de la sección penal de la Fiscalía del Supremo, pero el único que ostenta una de las jefaturas es Cadena, por lo que Madrigal ―que fue designada fiscal general del Estado por el Gobierno de Mariano Rajoy― y Moreno buscan promocionar. Esas tres plazas de jefe han quedado libres por la vacante generada por Peramato para ocupar sus nuevas responsabilidades, por la próxima jubilación de Cadena y por la finalización del mandato de Javier Huete, que opta a renovar el cargo.

También se ofertan tres plazas (sin categoría de jefe) para la sección penal de la Fiscalía del Supremo. Concurren 36 candidatos, entre los que destacan Diego Villafañe, número dos de la Secretaría Técnica con García Ortiz, que continúa en el cargo y que estuvo imputado en la causa contra el ex fiscal general del Estado pero finalmente fue exonerado por el propio instructor; y Almudena Lastra, jefa de la Fiscalía Superior de Madrid que jugó un papel clave en ese mismo caso al declarar en el juicio que desde el principio sospechó que se filtrarían las pesquisas contra González Amador por delitos fiscales y que incluso llegó a preguntar a García Ortiz si lo había hecho él.

En este Pleno también se adjudicarán plazas para las Fiscalías Anticorrupción, Antidroga, del Constitucional y de la Audiencia Nacional, así como varias jefaturas provinciales. En el listado de candidatos, al que ha tenido acceso este periódico, figuran otros tres miembros de la Secretaría Técnica, además de Villafañe, por lo que, de lograr sus objetivos, obligarán a una pequeña reestructuración de este departamento, ahora en manos de Julio Cano.

Mayoría crítica en el Consejo Fiscal, que no decide

La representación en este órgano consultivo se decide vía elecciones. Actualmente, las asociaciones críticas con García Ortiz y Delgado, AF y APIF, tienen la mayoría del Consejo Fiscal, con seis vocales y uno, respectivamente, frente a los dos de la asociación progresista. A estos nueve, que eligen mediante votación los propios fiscales, se suman las dos vocales natas ―la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, y la jefa de la Inspección Fiscal, María Antonia Sanz Gaite― y la propia Peramato.

Sin embargo, la aritmética no es determinante en el Consejo Fiscal a la hora de hacer nombramientos discrecionales. Aquí, el órgano ejerce de mero consultor, lo que significa que Peramato debe escucharlo pero no acatar la opinión mayoritaria. La nueva fiscal general puede proponer los candidatos que ella decida para que el Gobierno los nombre.

La del viernes será la primera reunión plenaria del Consejo Fiscal donde se debatirán nombramientos discrecionales desde que Peramato llegó al cargo, el pasado diciembre, tras el cese de Álvaro García Ortiz por la condena que le impuso el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación y al pago de una multa de 7.200 euros y una indemnización de 10.000 euros, más costas ―que el alto tribunal ha cifrado en unos 80.000 euros― por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, procesado en otro caso por dos delitos fiscales y novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.