Teresa Peramato hereda una Fiscalía rota y bajo sospecha de politización tras la condena a García Ortiz

La elección de Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado ha abierto la primera tregua en la carrera fiscal desde enero de 2020, cuando Dolores Delgado fue designada para ese puesto semanas después de haber cesado como ministra de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez. El nombramiento de Delgado abrió una brecha en el seno de la Fiscalía que se fue ensanchando durante su mandato y se ha convertido en un abismo insalvable a raíz de que el Tribunal Supremo abriera la causa que ha desembocado en la condena de su sucesor, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos. Peramato se pone al frente de una Fiscalía abierta en canal, sobre todo en la cúpula, y la carrera confía en que puedan “recoser” heridas, pero la mayoría de los fiscales consultados admiten el temor de que la tregua será efímera.

Ni Delgado ni García Ortiz tuvieron el breve periodo de gracia que se les suele conceder a los cargos públicos, y sus nombramientos fueron criticados desde el primer día por el sector más conservador de la carrera. En el caso de Delgado, por su salto del Gobierno a la Fiscalía, y en el de García Ortiz, por haber sido la mano derecha de su antecesora como jefe de la Secretaría Técnica.

De ahí que, desde que se conoció la condena al jefe del ministerio público, jueces, fiscales y juristas advirtieran de la importancia de nombrar a un sustituto contra el que el sector de las carreras judicial y fiscal más crítico con el Gobierno no pudiera lanzarse en tromba de inicio. Y eso pasaba, según coincidían distintos fiscales consultados, por elegir a una persona ajena al núcleo duro de García Ortiz en la Fiscalía General y respetada por los miembros más veteranos de la Junta de Fiscales de Sala, la máxima categoría de la carrera, considerada la cúpula fiscal.

Peramato, integrante de este órgano desde 2021, reúne sobre el papel todos los atributos que se señalaban como imprescindibles para sustituir a García Ortiz. Y así lo ha reconocido hasta la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora, cuya presidenta, Cristina Dexeus, en declaraciones a EL PAÍS, destacó el currículum “notable” de la futura fiscal general, ante la que, añadió, no tenía “nada que objetar”.

Los nombramientos, epicentro del conflicto

Pese a este reconocimiento a su trayectoria, los seis vocales del Consejo Fiscal (órgano asesor del fiscal general) que pertenecen a la AF votaron en contra hace unos meses de su nombramiento como jefa de la Sección Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo. Ese voto se leyó como un rechazo a cualquier aspirante que se considerara afín a García Ortiz y a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidieron tanto la próxima fiscal general como su antecesor y que, en los mandatos de Delgado y García Ortiz, ha pasado de tener una presencia minoritaria en la Junta de Fiscales de Sala —cuyos integrantes se nombran a propuesta del fiscal general— a ser mayoritaria.

La política de nombramientos ha sido el epicentro de muchas de las críticas a García Ortiz por parte los fiscales conservadores, que le reprochaban que primara en los ascensos a los fiscales progresistas. Uno de esos ascensos, el de su antecesora Dolores Delgado como fiscal de Sala de lo Militar, acordado por el fiscal general solo dos meses después de llegar al cargo y anulado después por el Supremo por considerarlo una “desviación de poder”, supuso, para muchos, “un punto de inflexión” en el mandato de García Ortiz que lo enfrentó de forma irreconciliable con una parte de la carrera.

El proceso judicial y la decisión de García Ortiz de mantenerse en el cargo recrudecieron el conflicto. En enero pasado, dos días después de que el fiscal general declarara como investigado en el Supremo, trece fiscales de sala, un tercio de los que componen la máxima categoría de la carrera, firmaron una carta pidiendo su dimisión. Entre los firmantes había dos ex fiscales generales, Consuelo Madrigal y María José Segarra, miembro de la UPF y que fue la primera jefa del ministerio público con el Gobierno de Pedro Sánchez. Tras suscribir el texto, Segarra envió un mensaje a un chat de miembros de esta asociación en el que anunciaba su decisión de dejar el canal. “Queridos, dejo este chat para que podáis hablar con absoluta libertad”, escribió.

Primera prueba de fuego

Peramato tendrá su particular prueba de fuego en las próximas semanas, cuando, entre otros asuntos, le tocará proponer sus primeros nombramientos, entre ellos el del fiscal de sala de Medioambiente y algún fiscal del Supremo. Fiscales consultados, tanto de la AF como de la UPF, se temen que, a partir de ahí, pueda terminarse la tregua. “La han recibido bien porque era difícil criticarla, pero la situación en la Fiscalía es muy delicada, es difícil recomponerla”, señala un fiscal joven sin vínculo con ninguna de las asociaciones profesionales de la carrera.

Existe consenso en que la institución atraviesa un momento crítico, aunque el diagnóstico varía entre las distintas sensibilidades. La presidenta de la AF señala como principales carencias la pérdida de “la imagen de imparcialidad” y de “prestigio” que, según Dexeus, han provocado la actuación y la permanencia en el cargo de García Ortiz hasta ser inhabilitado. Pero para la asociación progresista, el principal problema de la Fiscalía que hereda Peramato es “la falta de autoestima”.

“Esta sentencia del Tribunal Supremo es un paso atrás para la función de los fiscales de 20 o 25 años. Porque es como decir que necesitamos para cualquier paso la aprobación de los tribunales. Nos creíamos que teníamos autonomía y nos la han quitado”, lamenta Félix Martín, presidente de la UPF, que advierte de las consecuencias que puede tener la condena a García Ortiz. “Hay miedo, temor a encontrarnos con una querella que suponga la muerte civil”, añade.

Poder en juego

Martín vincula los ataques y el proceso judicial contra García Ortiz al rechazo de parte de las carreras judicial y fiscal a la reforma penal que impulsa el Gobierno para dejar la instrucción penal en manos de los fiscales. “El efecto de que en la fase de instrucción alguien con repercusión pública ingrese en prisión provisional es casi mayor de lo que sucede cuando hay sentencia. Y hay una parte del sector judicial que piensa que están perdiendo poder si nos dan la investigación, y no quieren perderlo”, subraya el presidente de la UPF, que ve también un “debate generacional” en el hecho de que un sector de la Fiscalía, sobre todo entre los más veteranos, rechace el cambio de modelo. “Llevan décadas trabajando así y no quieren cambiar. Se puede entender, pero en toda Europa son los fiscales quienes dirigen la instrucción, se ha comprobado que es mucho más eficaz”.

Con todo, para un fiscal miembro del Consejo Fiscal —el principal órgano asesor del jefe del ministerio público— la brecha interna que se ve desde fuera no es tan profunda vista desde dentro. “Los consejos fiscales son mucho menos conflictivos de lo que parece cuando se leen los comunicados de algunas asociaciones. Las reuniones fluyen, debatimos anteproyectos de ley, cuando alguien no está de acuerdo se hacen votos particulares”. En la misma línea se pronuncia un fiscal de la máxima categoría respecto a las reuniones de la Junta de Fiscales: “La cúpula no está tan dividida, pero hay unos pocos que hacen mucho ruido”.

Para este fiscal, adscrito al sector progresista, el “ruido” viene, sobre todo, del papel de “agitadores” de las dos asociaciones conservadoras, la AF y la Asociación Independiente de Fiscales (APIF), un grupo minoritario pero muy activo contra el Gobierno y contra la Fiscalía General. La APIF —que no ha respondido a la solicitud de EL PAÍS para participar en esta información— ha sido parte del juicio contra García Ortiz ejerciendo como acusación popular y reclamó para el jefe del ministerio público seis años de cárcel, dos años más de los que solicitó la acusación popular, ejercida por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. “Hay una deshumanización, no se puede pensar que la institución es más importante que la persona”, reprocha el presidente de la UPF.

Los ataques recibidos por García Ortiz se ven desde el ala progresista de la carrera como un efecto colateral de la estrategia de oposición al Gobierno de PSOE y Sumar, que desde hace años tiene un reflejo en los tribunales y se ha cobrado con la condena del fiscal general su primera gran víctima. Martín llama a sacar a la Fiscalía de esta ecuación: “La politización de la justicia no es una crítica que solo tenemos que hacer a los políticos, sino también a nosotros mismos. Mientras la carrera no se despolitice y seamos capaces de confiar en nosotros y parar a los políticos para que no jueguen con la justicia, es imposible recuperar la normalidad”.