El discurso de Peramato en siete claves: de los fiscales al frente de las investigaciones a “ni un paso atrás” en violencia de género

La Comisión de Justicia del Congreso ha acogido este jueves la primera comparecencia pública de Teresa Peramato como próxima fiscal general del Estado. La sucesora de Álvaro García Ortiz ha marcado las prioridades de su mandato, entre las que ha situado la lucha contra la violencia de género, a la que ha dedicado la mayor parte de su carrera como fiscal. Peramato ha marcado un perfil propio, pero con un respaldo explícito a las reformas más importantes que ha promovido el Gobierno sobre la carrera fiscal y a la labor desempeñada por su antecesor.

Estas son algunas de las claves de su discurso:

La condena de García Ortiz. Había expectativa por saber si Peramato iba a hacer referencia a las circunstancias que le han llevado a la Fiscalía General, la inhabilitación de García Ortiz por parte del Tribunal Supremo. Y la próxima jefa del ministerio público ha optado por hacerlo, aunque sea de forma breve, y ha zanjado ese asunto al inicio de su intervención. “No puedo —ni debo— eludir una mención al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Es una profunda herida que ha atravesado la Fiscalía española y que ha de sanar —espero y deseo— bajo mi dirección y con el trabajo y esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con todos ellos", ha dicho Peramato, quien ha tenido también un gesto de apoyo a García Ortiz y a la labor que ha desempeñado: “Quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo realizado por mi predecesor y por todo su equipo en el camino recorrido para la modernización de la Fiscalía española”, ha afirmado.

Defensa del actual modelo de elección del fiscal general. La futura fiscal general ha defendido que sea el Gobierno quien proponga a la persona que ocupará el cargo de fiscal general, cuestionado, tras la inhabilitación de García Ortiz, por el PP y Vox: “La propuesta de nombramiento se formula por el Poder Ejecutivo. Este es el modelo por el que opta la Constitución española de 1978. Un modelo que no es —ni mucho menos— insólito ni, por supuesto, privativo del ordenamiento jurídico español. De hecho, es el sistema seguido por la práctica totalidad de los países de nuestro entorno, sin que ello haya supuesto sembrar duda alguna sobre la imparcialidad y autonomía de la institución". Este es también el modelo de la Fiscalía Europea, ha recordado la futura jefa del ministerio público, que ha advertido que “la relevancia” del ministerio fiscal en el Estado de derecho supone que el cargo de fiscal general “sea el único en cuyo proceso de designación intervienen los tres poderes del Estado y que culmina con el nombramiento por Su Majestad el Rey”.

Las investigaciones en manos de los fiscales. Peramato ha hecho una cerrada defensa de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que impulsa el Gobierno para poner a los fiscales al frente de la instrucción penal, un cambio que la futura fiscal general considera imprescindible dotar al sistema de “una mayor agilidad y eficacia”. Ha recordado que todos los países europeos funcionan ya con esa fórmula, que es también por la que se rige la Fiscalía Europea, y que en España ha sido abordada por gobiernos de “distinto signo” e incluso esa reforma se estableció como un “objetivo básico” del denominado Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia firmado en 2001 por el PP y el PSOE.

Peramato ha reclamado a los grupos parlamentarios que propicien la aprobación del proyecto de ley para la reforma de la Lecrim aprobado en octubre pasado por el Consejo de Ministros y que ya se tramita en el Congreso. “Tienen ahora, señorías, la oportunidad de culminar este perentorio y ya demasiado largo proceso. (...) La importancia de esta reforma para la justicia y para toda la ciudadanía es crucial, trasciende a la lógica de partidos y a la propia contienda política. Por ello, quiero hacer desde aquí un público llamamiento al consenso parlamentario, para que este hito histórico, esta norma transformadora de nuestra vetusta justicia penal, sea aprobada desde el diálogo y el acuerdo en favor del superior interés de la sociedad española.

Más “autonomía” para el ministerio público. La fiscal ha pedido también el apoyo de los grupos para la reforma de la norma que regula la Fiscalía, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF), una medida que tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como la propia Fiscalía reclamaron para blindar la autonomía del ministerio público y evitar que los fiscales puedan recibir presiones externas cuando dirijan las investigaciones. El texto aprobado por el Ejecutivo reforma varios aspectos del Estatuto actual para atender estas demandas, que habían sido también reclamadas por el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco), entre ellas acabar con la coincidencia en el mandato del fiscal general y el del Gobierno, al entender que la regulación actual (el fiscal general cesa cuando lo hace el Ejecutivo) puede afectar la percepción de independencia. “Son importantes mejoras, pero aún aspiramos a más. Mi propósito, señorías, es impulsar durante mi mandato las actuaciones y reformas precisas para seguir avanzando en autonomía y, en especial, en la imprescindible autonomía presupuestaria, que debe garantizarse, aunque sea de manera progresiva”, ha advertido Peramato.

Ampliación de la plantilla. En su primera intervención tras ser propuesta como próxima jefa del ministerio público, la fiscal ha reclamado al Ministerio de Justicia un aumento de la plantilla superior al previsto por el Gobierno. “Al déficit estructural de medios personales se unen las crecientes funciones que las últimas novedades legislativas atribuyen al ministerio fiscal. Más aun con la futura entrada en vigor del nuevo modelo procesal, que aconseja adaptar la plantilla y los medios de apoyo de manera progresiva”, ha advertido. Ha recordado que, desde 2022, se han creado 261 plazas de fiscales y que en 2024 se reconvirtieron 219 plazas de abogado fiscal a fiscal de segunda categoría. “Reconocemos al Ministerio de Justicia este esfuerzo, pero —sin duda— sigue siendo insuficiente para paliar el déficit estructural con el que nos encontramos. Seguro que convienen conmigo en que la inversión en justicia siempre es rentable para un Estado, tanto en términos económicos como de cohesión social“, ha apuntado la próxima fiscal general.

“Ni un paso atrás” en la lucha contra la violencia de género. La trayectoria de Peramato está estrechamente vinculada a la lucha contra la violencia de género y, en su primer discurso, se ha detenido especialmente en lo que considera una “grave violación de los derechos humanos” y “la más grave manifestación de discriminación por razón de género”. “Combatirla con todos los medios necesarios es una obligación que nos apela a todos los poderes públicos y, en particular, al Ministerio Fiscal, como garante de los derechos de la ciudadanía y del interés público y social”, ha afirmado la fiscal, quien ha desgranado “las cifras del horror”. “Desde 2003 han sido asesinadas por sus parejas o exparejas 1337 mujeres. Y, desde el año 2013, 65 menores han perdido la vida en ese contexto, 32 de ellos víctimas de violencia vicaria. En lo que va de año, ha añadido, 42 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Solo 10 habían denunciado previamente. Han quedado huérfanos 23 menores y 3 han perdido la vida, 2 de ellos víctimas de violencia vicaria”, ha enumerado.

Peramato ha reivindicado el trabajo hecho hasta ahora en este terreno y ha advertido que no va a permitir que se desande parte del camino. “Durante mi mandato como Fiscal de Sala Coordinadora, por primera vez en la Memoria de la Fiscalía General del Estado, se adoptó el término ‘feminicidio’ para denominar estos crímenes. Porque lo que no se nombra no existe, porque a las realidades hay que denominarlas como lo que son. El negacionismo, señorías, pone en grave riesgo a las víctimas y las despoja de su condición. La sociedad española no puede permitirse ni un solo paso atrás. Los poderes públicos hemos de ser firmes en esta lucha, que ha de ser la de la sociedad democrática en su conjunto”, ha dicho.

Las nuevas fiscalías contra la corrupción. Cuando la corrupción acapara de nuevo el foco mediático a cuenta de las investigaciones que afectan a los ex secretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, Peramato se ha detenido también en este “fenómeno delincuencial que socava las bases de cualquier Estado de derecho”. “La sociedad española ha adquirido en los últimos años plena conciencia de la gravedad de estas prácticas, fruto de su dañina repercusión en la gestión y funcionamiento de lo público, en el desarrollo económico del país y en el propio Estado del bienestar”, ha afirmado la fiscal, quien ha apoyado la decisión del Gobierno de crear dos nuevas unidades de fiscalía especializadas en delitos económicos y contra la administración pública, una decisión que ha sido criticada por el PP y por algunos sectores de la carrera fiscal, que consideran que nacen para opacar a la Fiscalía Anticorrupción. La próxima jefa del ministerio público ha puesto de relieve ”la importancia" de estas nuevas especialidades que, aseguran, “vienen a reforzar y complementar la valiosa labor realizada por la Fiscalía Especial Anticorrupción”.