La empresa de Adif que revisó las soldaduras en Adamuz rebate la sospecha de la Guardia Civil sobre falta de experiencia

El último oficio de la Guardia Civil (del 27 de marzo) para poner al día sobre sus pesquisas a la jueza que instruye el caso del accidente ferroviario de Adamuz ha sido contestado en parte, ante el mismo juzgado de Montoro (también en Córdoba) por Redalsa, la empresa de Adif (dispone del 51% del capital) que inspeccionó las soldaduras en el tramo del siniestro del 18 de enero, en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. La Unidad Orgánica de Policía Judicial abonó en su informe la hipótesis de la rotura de la vía incluso 22 horas antes del suceso, sin concretar si la fractura se produjo en un raíl o en una soldadura, y puso en duda que el personal encargado de validar la calidad de las soldaduras, perteneciente a Redalsa, tuviera la experiencia necesaria. Es en este punto donde la compañía aclara que la capacitación y experiencia exigidas eran suficientes.

Redalsa achaca las sospechas de la Guardia Civil a una interpretación incorrecta de la normativa técnica y de los requisitos administrativos incluidos en el proyecto de renovación de la línea Madrid-Sevilla. El accidente de Adamuz, en el que se vieron envueltos un tren de Iryo y un segundo de Renfe, dejó 46 víctimas mortales y una investigación técnica y judicial que avanza lentamente.

La Guardia Civil concluye en el documento remitido al juzgado de Montoro (Córdoba) que no hubo inspectores presentes durante la realización de la soldadura sospechosa de haber saltado, en el kilómetro 318,681, extremo que aún está bajo comprobación. También se constata que Redalsa carece de un registro digital con los datos de la inspección de las soldaduras por auscultación ultrasónica, a la vista de que “Adif no exige el registro completo de la inspección, tan solo de los defectos”, se puede leer en el auto, y de que “resulta inviable técnicamente ya que los equipos manuales presentan limitaciones a la hora de registrar la inspección de las soldaduras”. En este contexto, explica la Guardia Civil, “la inspección queda avalada por la propia cualificación, experiencia y certificación de los técnicos”. Aquí la importancia de saber si estaba capacitado el personal que avaló la integridad de un elemento crítico en la vía como es una soldadura.

En el documento enviado por la Comandancia de Córdoba de la Guardia Civil a la jueza se manifiesta que las labores de auscultación ultrasónica de carril, en busca de posibles deficiencias, requieren dos técnicos especializados, certificados en ensayos no destructivos de ultrasonidos (según la normativa UNE-EN ISO 9712) como mínimo de nivel 2. Su experiencia, apunta la Guardia Civil, debe ser de un mínimo de dos años en el análisis de material de vía. El problema surge cuando los dos técnicos que supervisaron las soldaduras de Adamuz muestran menos de esos dos años de certificación ante los agentes. “Tras solicitar la acreditación de los dos técnicos que figuran en el parte de auscultación del 4-5-06-25, se aportó el certificado de David A., expedido con todos los requisitos formales, y expedido con fecha 24-07-24, y el de Pedro A, expedido con fecha 13-11-23, en este caso con dudas relativas a la certificación en cuanto a capacitación y, en ambos casos, ninguna de las certificaciones tiene más de dos años desde que se expidieron hasta que se llevó a cabo la auscultación en la soldadura [sospechosa de haberse quebrado]”. A renglón seguido, la Guardia Civil señala que “se están realizando gestiones de investigación para comprobar si esa experiencia requerida se completa con labores en análisis de material de vía y su equipamiento en la Red Ferroviario de Interés General”. La investigación deja una ventana abierta a que, efectivamente, el bagaje sea suficiente.

Redalsa se ha sentido directamente apuntada y ha enviado al juzgado de Montoro una interpretación de los hechos en la asevera que las explicaciones de la policía judicial no se atienen a lo que dicta la normativa. La empresa que trabajaba en labores de supervisión de vía, contratada por el consorcio constructor, señala que la norma que rige su trabajo de inspección es efectivamente la UNE-EN ISO 9712:2023, en la que se establece la certificación de los técnicos, y la norma de la propia Adif (NAV 3-0-5.1) sobre auscultación mediante ultrasonidos. Pero añade que esa normativa obliga a superar un proceso de formación teórica en un centro homologado, examen oficial por un organismo de certificación, y la acreditación previa de experiencia industrial para obtener el referido nivel 2 en ultrasonidos. Por ello, afirma ante la jueza que instruye el caso, Cristina Pastor, que la experiencia no se computa únicamente desde la fecha de expedición del certificado, sino que incluye el periodo previo. Desde Redalsa se sostiene que uno de estos técnicos debe tener un mínimo de 240 días de experiencia (1.920 horas), y que sus operarios cumplían los requisitos antes de trabajar en Adamuz.

Uno de los inspectores, sostiene la empresa, tiene certificación nivel 2 desde el año 2004. Y el segundo, con certificado de 2023, amasó previamente la formación y experiencia que exige su posición en una obra ferroviaria, además de trabajar bajo la supervisión de un técnico de nivel 2 mientras obtenía el correspondiente certificado N2, tal como permite la propia normativa. Ese técnico en cuestión, según documentación aportada por Redalsa a la investigación, tiene más de 1.000 horas de trabajo en ensayos ultrasónicos en una empresa anterior y cerca de otras 1.000 en la propia Redalsa.

Sobre el incumplimiento de los dos años de certificado, Redalsa aclara en su defensa que ese requerimiento aparece en el pliego tipo de licitación de Adif, entre los criterios de solvencia para participar en sus concursos públicos, pero no es condición para cada intervención ni sustituye la normativa técnica. Es decir, Redalsa cree que la Guardia Civil ha confundido un requisito administrativo con las especificaciones que fija la norma (UNE) para la realización de ensayos ultrasónicos, que la empresa asegura haber respetado. Los análisis de las soldaduras fueron realizados por el personal al que apunta la Guardia Civil y validados por el responsable de calidad de Redalsa, también certificado en ultrasonidos de nivel 2. La soldadura del kilómetro 318,681, en Adamuz, fue dada como apta.