La Unión Progresista de Fiscales paga íntegramente con donaciones la multa y la indemnización que impuso el Supremo al ex fiscal general

La Unión Progresista de Fiscales (UPF), la asociación que presidió Álvaro García Ortiz, ha pagado ya, en nombre del ex fiscal general del Estado, la multa y la indemnización al empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que le impuso el Tribunal Supremo al condenarle por revelación de secretos. Así lo han asegurado fuentes de la asociación, que este jueves ha comunicado que la campaña que abrió en diciembre pasado entre sus asociados para colaborar en el pago de las responsabilidades económicas impuestas a García Ortiz ha logrado recabar ya los 17.200 euros que este debía abonar (7.200 euros de multa y 10.000 euros de indemnización para González Amador). Ese dinero, según estas fuentes, ha sido ya depositado en una cuenta del Banco Santander a nombre del Supremo.

“En apenas unos días, decenas de fiscales, de todos los territorios y categorías, han respondido a un llamamiento que no era económico, sino ético. Un gesto colectivo que expresa algo muy sencillo y profundo a la vez: que nadie debe quedarse solo cuando actúa conforme a la ley, a su conciencia profesional y en defensa de una institución constitucional”, señala la asociación en la nota difundida este jueves. La campaña de donación iba, en principio, dirigida a fiscales de la UPF, aunque la asociación dejó abierta la posibilidad de que participaran fiscales no asociados. La asociación señala que no solo se han recibido donaciones de fiscales, sino también de ciudadanos que han contactado con la UPF para colaborar.

Las donaciones se han recibido en una cuenta abierta por la UPF exclusivamente para esta campaña con el objetivo de recabar un máximo de 17.200 euros, el total de la responsabilidad pecuniaria impuesta a García Ortiz. Fuentes de la asociación explican que, una vez que se ha cubierto esa cifra, las nuevas aportaciones que se han intentado o se intenten hacer son rechazadas de forma automática por la entidad bancaria.

La UPF ha criticado duramente la sentencia del Supremo que condenó a García Ortiz por la filtración de un correo enviado por el abogado de González Amador a la Fiscalía y por la elaboración de una nota de prensa difundida por el ministerio público para desmentir las falsedades que estaba lanzando el entorno de Ayuso sobre las negociaciones entre su pareja y el fiscal que le había denunciado por fraude a Hacienda. Para la asociación, según los pronunciamientos públicos que ha hecho tras conocerse la sentencia, la decisión del Supremo implica “un desplazamiento radical del estándar penal” por condenar al fiscal general pese a que la sentencia afirma que no se sabe “con certeza” si quien filtró el correo del abogado de Alberto González Amador fue el acusado “o alguien de su entorno”.

Además del pago de la multa y la indemnización, el Supremo impuso a García Ortiz dos años de inhabilitación para el cargo de fiscal general. Esta parte de la pena se daba por ejecutada después de que García Ortiz dimitiera tras conocer la condena, sin esperar a que el tribunal notificara la sentencia con los argumentos del alto tribunal. Aunque la inhabilitación era solo para el cargo de jefe del ministerio público, había dudas sobre si las normas que rigen sobre la Fiscalía implicaban la expulsión de la carrera de García Ortiz. La nueva fiscal general, Teresa Peramato, ha considerado que no y ha permitido el regreso de este a su puesto de fiscal de sala del Supremo.