El Gobierno de Trump inicia una campaña para revocar la ciudadanía a casi 400 estadounidenses nacidos en el extranjero
Según los reportes, el Departamento de Justicia trabaja en la asignación de los casos a fiscales de 39 oficinas regionales
Se aceleran los planes de la Administración Trump para revocar la ciudadanía a cientos de ciudadanos nacidos fuera del territorio. El Departamento de Justicia ha identificado a 384 personas a las que pretende desnaturalizar (por motivos que aún se desconocen) y adelanta la adjudicación de casos a 39 fiscalías federales para el inicio de los litigios, según un reporte publicado por The New York Times. La directora de la Oficina Ejecutiva de Fiscales de Estados Unidos, Francey Hakes, indicó que se trata de “la primera ola de casos” que Washington tiene previsto llevar a los tribunales este año.
Según la ley federal, el Gobierno puede solicitar a un tribunal que retire la ciudadanía a quienes la obtuvieron de forma fraudulenta a través de un matrimonio simulado, el ocultamiento de información que los habría hecho inelegibles o tras haber perpetuado un delito grave. Las autoridades deben presentar pruebas ante un juez, pero el proceso judicial es siempre complejo y prolongado.
“El fraude de ciudadanía es un delito grave; cualquiera que haya infringido la ley y obtenido la ciudadanía mediante fraude y engaño rendirá cuentas”, declaró Abigail Jackson, portavoz de la Casa Blanca. Lo cierto es que el Departamento de Seguridad Nacional lleva meses remitiendo a revisión más de 200 casos mensuales al Departamento de Justicia con este fin.
Las personas que obtienen la ciudadanía estadounidense son sometidas a un exhaustivo proceso de verificación. Los solicitantes deben proporcionar datos biométricos y responder preguntas sobre sus antecedentes personales, inluyendo afiliación a grupos catalogados como comunistas o marxistas. Algunos cumplen los requisitos tras cumplir tres años de matrimonio con ciudadanos estadounidenses. Otros son elegibles después de haber tenido la residencia permanente o green card durante al menos cinco años. Los pasos finales del proceso de naturalización incluyen aprobar exámenes de educación cívica e inglés.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos establece claramente que, para la revocación civil de la naturalización, la carga de la prueba exige “evidencia clara, convincente e inequívoca que no deje lugar a dudas”. Ante la falta de personal y exceso de trabajo que enfrentan las fiscalías federales por la avalancha de demandas presentadas por inmigrantes que impugnan la legalidad de sus detenciones, se desconoce cuál será el resultado de este nuevo capítulo en la ofensiva migratoria de Washington.
De los 46,2 millones de inmigrantes que residían en Estados Unidos en 2022, 24,5 millones (el 53%) corresponden a ciudadanos naturalizados, según datos del Instituto de Política Migratoria. Una medida como esta abre el debate sobre si los nacionales de origen extranjero tienen los mismos derechos y estabilidad que los nacidos en el país.
Entre 1990 y 2017, un período de 27 años y tres mandatarios distintos, el Gobierno presentó 305 casos de revocación de la ciudadanía, un promedio de 11 casos por año, una cifra muy inferior a la que ahora persigue la Casa Blanca en menos de 12 meses. Algunos analistas advierten que en los años de la Guerra Fría, las desnaturalizaciones se convirtieron en una herramienta política en contra de políticos, periodistas y otras voces incómodas para el poder.
En los últimos meses, la Administración Trump ha presentado casos de revocación de ciudadanía contra una amplia gama de inmigrantes. Entre ellos, un infante de marina ghanés que fue sometido a consejo de guerra por un delito sexual, un argentino acusado de haber obtenido la ciudadanía tras hacerse pasar por cubano y un nigeriano condenado por dirigir un fraude fiscal.
