Más detenciones y menos supervisión: un informe alerta del aumento de muertes en centros migratorios del ICE

Tras años de descenso, la mortalidad en los centros de detención de inmigración de Estados Unidos se ha disparado hasta alcanzar su nivel más alto en más de dos décadas, superando incluso los registros durante la pandemia del coronavirus, según un informe publicado en la revista científica de la Asociación Médica Estadounidense (JAMA).

El repunte se produce en medio de un aumento acelerado de las detenciones por motivos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump y denuncias sobre las condiciones en los centros, combinado con limitaciones en el acceso a la atención médica y los mecanismos de control. Para los expertos citados en un editorial que acompaña el trabajo, el aumento es una señal de alerta sobre la salud de una población bajo custodia del Estado.

La investigación encontró, más allá de fallos aislados, patrones que muestran “debilidades estructurales en la atención médica, la protección de la salud mental y la revisión de las muertes en una población totalmente dependiente del Estado”.

El informe analizó 272 muertes bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un periodo de 22 años. Aunque el número de fallecidos ha variado de un año a otro, el análisis se centra en la tasa de mortalidad —la cifra de muertes en proporción a la población detenida— para comparar periodos.

Tras un descenso prolongado desde los primeros años del artículo —salvo un pico en 2020 durante la pandemia de covid—, la tasa de mortalidad ha aumentado desde 2023, cuando alcanzó su punto más bajo en dos décadas. Ese año fue de 13 muertes por cada 100.000 personas; en 2024 subió a 31,8; en 2025, a 47,5; y en enero de 2026 alcanzó 88,9, casi el doble que el año anterior y por encima incluso del pico de 2020, que fue de 75,6.

El autor de la investigación advierte que está limitada por la falta de datos detallados, y que las cifras se basan en registros públicos, por lo que podrían subestimar el número real de fallecimientos. En 2023 se reportaron cuatro muertes; en 2024, 12; en 2025, 23; y hasta el 19 de enero de 2026, 18.

La mayoría de los fallecidos fueron hombres y la edad promedio era de 45 años. En casi la mitad de los casos no hay una causa de muerte claramente determinada, lo que impide identificar causas prevenibles y limita la rendición de cuentas, señala el informe.

El aumento se produce en medio de una ofensiva antiinmigrante impulsada por el presidente Trump, que ha prometido la mayor deportación de la historia. Desde su regreso a la Casa Blanca, el número de detenidos por ICE ha pasado de unas 39.000 a más de 70.000, la mayoría personas sin antecedentes penales.

Las autoridades migratorias han realizado operativos de gran escala en ciudades controladas por demócratas, arrestado a solicitantes de asilo en sus audiencias de inmigración y firmado acuerdos de colaboración conocidos como 287(g) con más de 1.300 cuerpos estatales y locales de policía. Al mismo tiempo, la Administración ha dejado sin estatus legal a cientos de miles de personas y ha suspendido los trámites migratorios para ciudadanos de una lista de países que se ha ido ampliando.

En un editorial que acompaña al informe, los científicos advierten que el país se encuentra ante “el nivel más alto de detención migratoria en la historia”. El número de detenidos ha aumentado un 84% en el último año y se prevé que siga en ascenso. La “gran y hermosa” ley fiscal de Trump, aprobada en verano pasado, ha triplicado el presupuesto del ICE e incluye 45.000 millones de dólares para ampliar la capacidad de detención hasta 100.000 plazas, advierten.

En Florida, donde ocurrieron casi la mitad de las muertes bajo custodia el año pasado, las condiciones en los centros han sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas. Amnistía Internacional describió tratos y condiciones que equivalen a “tortura” en el centro Alligator Alcatraz, en los Everglades, al oeste de Miami. Los detenidos han denunciado negligencia médica, falta de agua potable, higiene precaria, restricciones en el acceso a asesoría legal y tratos abusivos por parte de los guardias. Human Rights Watch también encontró condiciones “deshumanizantes” en el centro de procesamiento de Krome, al suroeste de Miami, donde los detenidos llegaron a formar señales de SOS en el patio. En otras instalaciones, como Deportation Depot, al norte de la península, se han reportado problemas similares.

El patrón coincide con lo señalado por el informe, que advierte de un deterioro generalizado de las condiciones en los centros, con instalaciones operando por encima de su capacidad, personas durmiendo en el suelo sin ropa de cama y reportes de comida insuficiente, mala higiene y temperaturas extremas, lo que pone en entredicho el cumplimiento de estándares básicos y garantías de debido proceso.

El artículo señala “deficiencias persistentes en el control de enfermedades crónicas”, como las enfermedades cardiovasculares, que han sido una constante a lo largo de los 22 años analizados. El suicidio llegó a representar cerca de una cuarta parte de las muertes entre 2017 y 2020 y “se ha mantenido como una causa significativa”, lo que sugiere graves carencias en la salud mental.

Apenas el 12% de las muertes ocurrieron en hospitales, lo que sugiere que muchos detenidos con enfermedades graves no llegaron a recibir atención especializada a tiempo.

Los médicos que firman el editorial advierten que el Departamento de Seguridad Nacional prácticamente desmanteló las instancias encargadas de velar por los detenidos, como la Oficina para los Derechos y Libertades Civiles y la Oficina del Ombudsman para la Detención de Inmigrantes. Además, señalan que, aunque ICE está obligado por ley a inspeccionar los centros dos veces al año, en 2025 ninguna instalación recibió más de una inspección, al tiempo que la capacidad aumentó más de un 90% y la cantidad de detenidos casi se duplicó.

“La Administración también ha negado al Congreso el acceso a los centros de detención, pese a que la ley federal reconoce explícitamente ese derecho a los legisladores. El resultado es un sistema de detención que es al mismo tiempo más grande, más saturado, con menos apoyo médico y sometido a menor supervisión externa que en cualquier otro momento reciente, condiciones que probablemente aumentan el riesgo de mortalidad”, apuntan los autores.

El editorial sostiene que los hallazgos del informe exigen una respuesta urgente de las autoridades y de la comunidad médica, y recomienda reforzar los mecanismos de supervisión, garantizar el acceso sin previo aviso de monitores médicos independientes a los centros de detención y mejorar los sistemas de vigilancia de la mortalidad. “Detrás de cada dato hay una persona que murió bajo custodia del Estado —y un sistema que podría haberlo evitado. Abordar ese fallo es una cuestión de voluntad política, no de incertidumbre clínica”, recuerdan los autores.