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Dos médicos venezolanos son detenidos por agentes migratorios en Texas en menos de una semana

El arresto de Rubeliz Bolívar, pese a tener permiso de trabajo, se suma al de otro profesional de la salud. Ambos trabajaban en comunidades con escasez de atención

Rubeliz Bolívar en una imagen sin datar.South Texas Health System

Rubeliz Bolívar se preparaba para abordar un vuelo en el aeropuerto de McAllen en Texas, cuando fue detenida por agentes migratorios. Viajaba con su hija de cinco años, ciudadana estadounidense, rumbo a California, donde tenía prevista una cita de asilo junto a su esposo. En lugar de llegar a esa entrevista, terminó bajo custodia. Tras ser separada de su madre, la menor fue entregada posteriormente a sus familiares.

La detención ocurrió el 11 de abril y ha provocado una rápida reacción por parte de organizaciones defensoras de los derechos de migrantes y políticos. Bolívar llevaba cerca de una década viviendo en Estados Unidos y contaba con un permiso de trabajo vigente hasta 2030. Además, ejercía como residente de medicina de emergencias en el South Texas Health System, en el Valle del Río Grande, una región oficialmente designada como de escasez de personal sanitario.

El caso ha sido interpretado por colegas y organizaciones como un ejemplo de cómo las políticas migratorias actuales aún afectan a profesionales que cumplen con los requisitos legales. “La Dra. Bolívar cumplió con nuestras leyes, obtuvo un permiso de trabajo válido y se dedicó a atender a los pacientes en una de las regiones más desatendidas del país”, afirmó en un comunicado L. Anthony Cirilllo, presidente del Colegio Americano de Médicos de Urgencias (ACEP, por sus siglas en inglés). “Detener a médicos que se encuentran aquí legalmente y que prestan servicios a comunidades que necesitan atención de emergencia vital no es una medida de control selectiva. Es una amenaza para la salud del pueblo estadounidense, y debe cesar”.

De igual forma, Pauline Wiltz, presidenta de la Asociación de Residentes de Medicina de Urgencias, subrayó el impacto tanto sanitario como personal del caso: “La Dra. Bolívar es médica residente de urgencias en primera línea y madre. Cada turno que pierde supone un retraso en la atención a pacientes en situación de crisis. Cada momento que pasa detenida priva a su hija de la seguridad que se merece. No se trata solo de una política, se trata de personas. Se trata de una familia. Se trata de una médica que nuestras comunidades necesitan y de la que dependen.”

Por su parte, Victor Haddad, vicealcalde de McAllen, criticó la detención y defendió la trayectoria de Bolívar y destacó su papel en una zona donde la falta de médicos es clave. “Ella siguió las reglas. Dedicó su vida a curar a los demás”, afirmó en una declaración a The New York Times.

El caso se produce apenas días después de la detención de otro médico venezolano en la misma región. El 6 de abril, Ezequiel Veliz fue arrestado por agentes de la Patrulla Fronteriza en un retén en Sarita, Texas, mientras viajaba hacia Houston con su esposo.

Veliz, de 32 años, había trabajado como médico de familia en el Valle del Río Grande, donde atendía a pacientes con enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión. Había ingresado legalmente al país, pero perdió su empleo tras la expiración de su estatus migratorio y se encontraba en proceso de obtener una nueva visa.

Su detención fue descrita como repentina por su esposo: “Dijo, ‘Me están deteniendo...’ Empecé a llorar y dije, ‘Esto no puede estar pasando”. Desde entonces, familiares, abogados y legisladores han pedido explicaciones sobre su paradero y su situación legal. También han surgido denuncias sobre las condiciones de su detención. “Todos están en una celda, durmiendo en el suelo sobre colchonetas muy finas. Comparten un solo baño y no tienen privacidad”, afirmó Genesis Kuzhel, amiga del médico, a Telemundo, tras comunicarse con él.

Las autoridades federales no han ofrecido detalles específicos sobre la detención de Bolívar. En su lugar, han defendido un enfoque de mayor control migratorio, incluyendo la suspensión de trámites para ciudadanos de determinados países. En la práctica, estas medidas han dejado a profesionales en situaciones de incertidumbre legal, incluso cuando estaban trabajando en el sistema de salud.

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