Abogados de migrantes detenidos en Alligator Alcatraz denuncian golpizas por parte de los guardias del centro

Las autoridades de Florida no han cumplido con el mandato de una jueza federal de garantizar que los inmigrantes detenidos en el infame centro Alligator Alcatraz, al oeste de Miami, tengan el debido acceso a sus abogados, y además han respondido con represalias, incluida una presunta paliza a varios migrantes menos de una semana después del fallo judicial, según nuevos documentos presentados ante el tribunal.

El 27 de marzo, la jueza federal Sheri Polster Chappell ordenó a las autoridades garantizar que los detenidos pudieran hacer llamadas confidenciales y recibir visitas de sus abogados sin cita previa, así como establecer protocolos claros de comunicación, tras concluir que las condiciones del centro impedían a los detenidos ejercer su derecho a la defensa. El Estado, por su parte, ha apelado la orden, impugnando tanto las medidas de acceso a asesoría legal de los detenidos como una certificación para convertir el caso en una demanda colectiva.

Pero documentos presentados por los abogados el viernes describen un incidente ocurrido el 2 de abril, en el que varios detenidos habrían sido golpeados y rociados con gas pimienta tras protestar por el corte de las líneas telefónicas.

Según el recuento del incidente descrito por Katherine Blankenship, abogada de Sanctuary of the South, parte del equipo legal de los demandantes, las líneas telefónicas fueron desconectadas durante todo el día, sin previo aviso ni explicación. Tras perder comunicación, los detenidos comenzaron a quejarse en voz alta, y un guardia golpeó a un detenido, lo que desató un violento altercado.

Entre los detenidos que habrían sido agredidos se encuentra Raiko López Morffi, quien se ve con un hematoma en el ojo días después del incidente, en fotografías de capturas de pantalla durante una videollamada con Blankenship. Morffi también habría sido pateado en la cabeza e inmovilizado con una rodilla sobre el cuello, de acuerdo con la denuncia. Los guardias rociaron con gas pimienta a todos los detenidos. Un hombre mayor perdió el conocimiento al no poder respirar, y otro sufrió una fractura en la muñeca, de acuerdo con los registros.

En una serie de correos electrónicos presentados junto a la evidencia, las autoridades del centro le informaron a Blankenship que uno de sus clientes, Lázaro Hernández Galban, no quería atender la llamada que tenía programada con sus abogados. Luego de múltiples intentos a lo largo de varios días, Blankenship logró confirmar con Hernández que esto no era cierto, y que las autoridades le habían negado la posibilidad de ir a la biblioteca a realizar la llamada.

A Morffi se le negó la atención médica y permanece en una celda de aislamiento de 2 por 2 metros, según Blankenship. “La respuesta de las administraciones de DeSantis y Trump no ha sido cumplir con la orden judicial federal, sino incurrir en graves abusos de derechos humanos. El Estado ahora busca apelar la orden del tribunal mientras, al mismo tiempo, la incumple en perjuicio de quienes permanecen detenidos”, señaló la abogada a este diario. “El Estado de Florida nunca debió abrir esta instalación. Es ilegal, cruel e inconstitucional. Estos abusos continúan y el Gobierno debe rendir cuentas”.

La oficina del gobernador de Florida, Ron DeSantis, remitió preguntas para este reporte a la División de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM), que administra el centro de detención. FDEM no respondió a una solicitud de comentarios. El fiscal general de Florida, James Uthmeier, tampoco respondió.

Florida ha estado a la vanguardia de la ofensiva migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, promoviendo arrestos masivos, nuevos centros de detención y leyes que refuerzan la cooperación de las autoridades locales con las federales.

Alligator Alcatraz ha sido señalado por organismos de derechos humanos, incluyendo Amnistía Internacional, por condiciones deshumanizantes y tratos que equivalen a tortura. Las celdas son unas especies de jaulas con literas donde duermen más de 30 personas. Algunos detenidos han contado a EL PAÍS que la comida es pésima y el agua limitada, y que el calor, los insectos y las inundaciones son habituales. También han señalado que no tienen acceso regular a duchas y que los baños con frecuencia están tapados. Algunos han denunciado un ambiente de intimidación y trato degradante de los guardias, que utilizan parches con calaveras, parcas y mensajes amenazantes en los uniformes.

Tras una visita a la instalación la semana pasada, la congresista de Florida Debbie Wasserman-Schultz dijo que salió con la impresión de que “la forma en que se mantiene a los detenidos es cruel e innecesaria”. Durante su visita, Wasserman Schultz observó un área con casi 1.500 detenidos “en jaulas”, en un espacio que “olía a orina, era húmedo y estaba ‘repleto de hombres de pared a pared’. Los baños y lavamanos estaban manchados, sucios y sin privacidad. La comida etiquetada como ‘fresca’ tenía casi dos semanas de antigüedad y se servía en porciones pequeñas”.

También señaló que el Servicio de Inmigración y Aduana (ICE) mantiene una presencia activa en el lugar, y que el personal de la FDEM remitió sus preguntas sobre las operaciones diarias de detención al ICE. “El ICE se escuda en agencias estatales de Florida” y “el costo de la instalación en sí se está ocultando detrás del Estado de Florida”, aseguró Wasserman Schultz. A la congresista se le negó reunirse con detenidos que habían dado permiso previamente para escuchar sus testimonios directamente.

Otra demanda contra el centro alega que el Estado violó leyes federales de protección al medio ambiente cuando levantó el sitio con carpas de lona y generadores portátiles en apenas ocho días a finales de junio pasado. El Estado gastó más de 500 millones de dólares de la reserva para huracanes y otros desastres en construir el centro, con la expectativa de recibir más de 600 millones de dólares en reembolsos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA).

La Administración Trump retuvo los fondos durante meses, pendiente de una revisión medioambiental obligatoria para proyectos financiados por el gobierno federal, pero hace un mes anunció que habían levantado la restricción y Florida podía pedir el reembolso cuando terminara el cierre del Gobierno, sin aclarar si la revisión se había completado. Los demandantes alegan que el reembolso demuestra que el centro responde a los intereses del Gobierno federal bajo una fachada estatal.