Una jueza federal ordena cambios en Alligator Alcatraz para garantizar el acceso a abogados para los migrantes detenidos

Una jueza federal ordenó garantizar el acceso a abogados para las personas detenidas en el infame centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz, en los Everglades, al oeste de Miami, tras concluir que las condiciones de las instalaciones limitan el derecho a la defensa.

La decisión de la jueza Sheri Polster Chappell obliga al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y al Estado de Florida a permitir que los detenidos realicen llamadas confidenciales y reciban visitas de sus abogados sin cita previa. También ordena publicar protocolos claros de comunicación. El fallo del viernes pasado certificó además la demanda como una acción colectiva, ampliando sus efectos a todos los detenidos.

La demanda, presentada a mediados de julio por la Unión Americana de Libertades Civiles y otras organizaciones de derechos civiles, acusa al Departamento de Manejo de Emergencias de Florida (FDEM) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de violar el derecho a representación legal de los detenidos, protegido por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.

Según las denuncias, los migrantes no podían hablar con sus abogados de manera confidencial ni tenían cómo contactarlos, y enfrentaban obstáculos para coordinar visitas, lo que hacía prácticamente imposible su defensa. Las llamadas se cortaban al intentar contactar a un abogado, y algunos nunca lograron comunicarse con uno. “Si necesitabas llamar” a un abogado, dice uno de los testimonios, “la llamada se caía”. Otro señala que “la instalación grababa sus llamadas telefónicas y podía escuchar ‘todo’ cuando estaba al teléfono”. Tampoco había información pública sobre cómo los abogados podían contactar a sus clientes, ni los agentes proporcionaban orientación dentro del centro.

En su orden preliminar, la jueza ordenó al Gobierno facilitar las llamadas gratuitas y confidenciales, con al menos un teléfono por cada 25 personas. También ordenó actualizar los protocolos de comunicación, incluyendo las visitas presenciales sin cita previa, y publicarlos en inglés, español y criollo, en las unidades de detención y en internet.

El FDEM no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios para este reporte. El DHS tampoco respondió.

Los abogados del Gobierno argumentaron que las restricciones respondían a asuntos logísticos y de seguridad, y que permitir el acceso sin programación previa podría generar “caos”. También señalaron limitaciones de personal. Sin embargo, según la jueza, las políticas eran inconsistentes, cambiaban sobre la marcha e incluso ni siquiera estaban documentadas.

“El acceso a asesoría legal es un derecho constitucional —no un privilegio— para todas las personas en este país, y el Estado de Florida y el ICE no pueden encarcelar a personas sin darles la posibilidad de hablar con un abogado”, dijo en un comunicado Corene Kendrick, de la Unión Americana de Libertades Civiles.

Katie Blankenship, de Sanctuary of the South, una de las organizaciones demandantes, afirmó que obstaculizar el acceso oportuno y confidencial a un abogado “hace prácticamente imposible una representación legal efectiva”. “No se trata de un obstáculo menor; es una violación directa del debido proceso. Esto es inconstitucional e inaceptable”, añadió.

El litigio es solo uno de varios que enfrenta el centro, que ha sido señalado por organismos de derechos humanos por condiciones deshumanizantes. Varias personas que han estado detenidas ahí han denunciado abusos por parte de los guardias, condiciones insalubres —como retretes desbordados y duchas limitadas—, así como falta de atención médica y mala alimentación.

El Estado de Florida levantó el centro en cuestión de ocho días a finales de junio de 2025, con carpas de lona y baños portátiles sobre una antigua pista de aeropuerto en medio de una reserva ecológica en los Everglades, en apoyo a la ofensiva antiinmigrante de la Administración de Donald Trump. Grupos medioambientalistas y la tribu nativa Miccosukee, cuyo territorio comprende la zona, demandaron por daños ecológicos. Un tribunal federal ordenó el cierre del centro el verano pasado, pero el Gobierno apeló y una corte de apelaciones permitió que siguiera operando.

Un informe de Amnistía Internacional reveló que en el centro se cometen abusos que podrían considerarse tortura y tratos inhumanos, en violación de normas internacionales. Según el reporte, algunos detenidos son encerrados en una estructura metálica tipo jaula y expuestos al sol, esposados y sin poder moverse durante horas.