El paro campesino por el impuesto predial deja a Santander incomunicado por quinto día consecutivo

El paro campesino convocado desde el jueves pasado por el aumento del impuesto predial en distintos municipios se agrava. Las protestas y bloqueos, concentrados en los departamentos de Santander y Boyacá, aunque con presencia también en Norte de Santander, Cesar y Risaralda, se extienden por quinto día consecutivo y amenazan con desabastecer a esos territorios. Los manifestantes, en su gran mayoría miembros de organizaciones campesinas y rurales, denuncian un alza desproporcionada en los avalúos de predios de 527 municipios del país, que ha derivado en un incremento, que califican de injusto, en el impuesto predial, que deben pagar todos los dueños de un inmueble a partir de su valor estimado.

Santander, el departamento del nororiente del país que tiene como capital a Bucaramanga, es el foco principal de la protesta. Allí persisten los bloqueos pese a que en la noche del domingo se anunció un acuerdo preliminar entre la Gobernación y algunos voceros para levantarlos. Uno de los puntos más críticos es el peaje de Lebrija, en la vía entre la ciudad y el Aeropuerto Internacional Palonegro. El corredor, que también comunica a la capital del departamento con el puerto petrolero de Barrancabermeja, estuvo habilitado hasta las 7 de la mañana de este lunes. Sin embargo, volvió a ser bloqueado mientras avanzan las conversaciones en una mesa de diálogo que se ha instalado esta mañana en Bogotá entre siete representantes de los manifestantes, de un lado, y voceros de la Gobernación de Santander, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) -entidad nacional encargada de actualizar el catastro en muchos municipios pequeños- y Gobierno Nacional, del otro. Según cifras de la Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios, los bloqueos han ocasionado pérdidas en el departamento por 120.000 millones de pesos diarios (unos 33 millones de dólares), mientras que en la zona metropolitana de Bucaramanga oscilan entre los 50.000 y 70.000 millones de pesos al día (19 millones de dólares).

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, ha manifestado momentos antes del inicio de la reunión que buscarán las soluciones para “bajarle el avalúo a los campesinos” y ha pedido no “atropellar más a los santandereanos” con los bloqueos en carreteras. El general en retiro del ejército y político de derechas ha señalado a los líderes que firmaron el acuerdo del domingo de haberlo “desconocido”. “Hoy tiene que salir una solución”, ha añadido, asegurando que “las vías del diálogo están agotadas y la Policía Nacional está en la obligación de tomar las acciones que sean necesarias para restaurar la movilidad en el departamento de Santander”.

Las organizaciones campesinas han planteado varias exigencias: la revisión o suspensión del incremento del avalúo; el congelamiento o la reducción del impuesto predial; la creación de alivios para pequeños y medianos propietarios; una mayor claridad y transparencia en el proceso del incremento del avalúo catastral; y su participación en esas decisiones.

José Antonio Contreras, uno de los líderes presentes en las movilizaciones, ha afirmado que el levantamiento de los bloqueos depende de los resultados de la mesa en Bogotá. “Si se acuerda lo que nosotros pedimos, acá hay solución”, ha dicho en medios nacionales, y ha añadido que esperan “un documento firmado” que garantice sus demandas. “Estamos haciendo una cosa justa, no estamos acá por falta de oficio, sino porque queremos que nos acomoden, porque nos quieren quitar el pedacito de terruño que tenemos”, ha señalado el líder campesino.

Las protestas tienen como detonante la Resolución 2057 de 2025 del IGAC, expedida el 30 de diciembre, que establece los incrementos de los avalúos catastrales en 527 municipios pequeños para este año. El objetivo del alza es acercar el valor de los predios a su valor real de mercado, pero la medida ha generado rechazo por su impacto inmediato en el impuesto predial que deben pagar los propietarios. Campesinos y organizaciones comunitarias critican que el incremento no tiene en cuenta su capacidad económica y aseguran que, en algunos casos, el cobro ha subido hasta en un 500%.

La actualización catastral forma parte de la política de catastro multipropósito, una herramienta del Estado que viene del acuerdo de paz de 2016 y busca formalizar la propiedad rural, actualizar la información sobre la tierra y mejorar la planificación territorial. Pero su implementación ha chocado con la realidad de muchos propietarios, en su mayoría campesinos, quienes enfrentan dificultades para asumir los nuevos costos.

Adicionalmente, aunque los avalúos catastrales los define el IGAC, la tarifa del impuesto la fijan los municipios a través de sus concejos. Como la resolución salió el penúltimo día del año, los concejos no pudieron ajustar las tasas a la realidad de incrementos notables, con el resultado de un impuesto alto. Ante los paros, el IGAC y distintas autoridades locales se han señalado mutuamente como responsables.

En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro ha defendido la actualización catastral en un largo mensaje en X. En él, argumenta que el objetivo es que “los ricos paguen impuestos” y ha cuestionado las motivaciones del paro, sugiriendo que detrás de él hay intereses “de la militancia uribista” y de grandes propietarios. “Que el campesinado deje de estar engañado, los terratenientes no quieren pagar impuestos y le dicen a los campesinos que los van a gravar cuando el concejo municipal los puede exonerar”, ha manifestado el presidente. El mandatario de izquierdas insiste en que el impacto depende de las autoridades locales. “Lo único que tienen que hacer es que en un nuevo acuerdo bajen la tasa de los propietarios urbanos y rurales de la población pobre y trabajadora”, ha escrito.

Petro ha pedido el levantamiento de los bloqueos y ha lanzado advertencias a las autoridades territoriales y los manifestantes. “Hasta hoy hay plazo para que los alcaldes preparen la iniciativa y se levanten las barricadas”, ha afirmado, agregando que, de lo contrario, “actuaré como ordena la ley”. Asimismo, ha cargado contra el gobernador Díaz, al señalar que “queda advertido” de que su función no es “engañar a su pueblo diciendo que el problema es de la nación”. Finalmente, ha asegurado que hablará “sobre el asunto para todo el pueblo” en el consejo de ministros programado para esta noche.