La guerra del Catatumbo se recrudece, eclipsada por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Una vez más, la guerra sin fin del Catatumbo se desborda hasta Cúcuta, la capital departamental a la que huyen aterrorizadas las víctimas de una incesante crisis humanitaria de grandes dimensiones. La violencia se ha recrudecido en esa convulsa región fronteriza de Colombia con la llegada del 2026, aunque eclipsada por la intervención militar de Estados Unidos en la vecina Venezuela. Ya son más de 85.000 las personas que han huido de los enfrentamientos entre el ELN y una facción disidente de las extintas FARC desde que la última guerrilla en armas desató su feroz arremetida en el territorio, hace casi un año. Comunidades enteras volvieron a estar atrapadas bajo el fuego cruzado durante las fiestas de diciembre.

La violencia nunca se fue del todo. “El Frente 33 de las disidencias de Calarcá, que está en negociaciones de paz con el Gobierno, así como el ELN, siguen disputándose el territorio sin piedad alguna por los impactos en la población civil”, se lamenta la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, en el video en el que hace un balance al final de la visita que realizó esta semana a la zona, junto a la Misión de Verificación de la ONU y la Iglesia Católica. Esa comisión humanitaria llegó hasta Versalles y Pacelli, en Tibú, y hasta Filogringo y el casco urbano de El Tarra, donde la violencia ha dejado pueblos aislados y familias confinadas. El desolador panorama muestra poblaciones donde los casquillos se recogen por bultos, casas impactadas por disparos y metralla o abundantes artefactos explosivos abandonados por las calles.

El sobrevuelo permanente de drones exacerba el sufrimiento y genera zozobra entre la población. Los explosivos que llevan muchas veces caen sobre las viviendas y los civiles. Las minas sembradas por todas partes son otro temor constante. El ELN prohibió circular por las vías desde mediados de diciembre. “No llega la comida, no hay gas, las familias están confinadas”, denuncia la defensora. “Nos duele mucho el dolor del Catatumbo, pedimos a los grupos armados cesar en este confrontamiento absurdo y parar la guerra”, añade por su parte monseñor Israel Bravo, obispo de Tibú.

Las señales de alerta se acumulan. La propia defensora advertía a comienzos de la semana que cientos de personas habían llegado en los últimos días a Cúcuta, y la madrugada del martes fueron secuestrados cinco policías en la carretera entre la Capital de Norte de Santander y Tibú. Las autoridades han reportado más de mil personas desplazadas desde mediados de diciembre, mientras que la organización Vivamos Humanos advierten que otras 6.000 se encuentran, de nuevo, en riesgo de confinamiento.

A la sede de la Defensoría en Cúcuta llegan todos los días personas del Catatumbo, aterrorizadas, para hacer la declaración de desplazamiento y así quedar en el Registro Nacional de Víctimas. “Uno se acostumbra a ver los muertos”, relata en esa casona en el centro de la ciudad Rolando, un tendero de 24 años de Pacelli, con su poncho al hombro, que pide omitir su apellido. “Allá no dejan entrar mercado”, se lamenta. Ya hace un año se había desplazado, cerró el negocio y acumuló deudas, pero había regresado desde junio. Estaba endeudado pero tranquilo hasta que el 15 de diciembre llegó una contraofensiva de las disidencias. Tanto la Navidad como el Año Nuevo los pasó encerrado. “El 31 se dieron plomo, llegó la guerra y me tuve que salir”. Se fue en su moto hasta la finca de una tía en busca de refugio.

Sus vecinos en Pacelli cuentan historias de terror similares. “Qué no vi en estas dos semanas”, dice María Alejandra, una maestra de 39 años, con cuatro hijas, a la que se le quiebra la voz cuando relata los enfrentamientos del 31 de diciembre. “Se sentía como las explosiones estremecían la casa”, recuerda. Su finca quedó sembrada de casquillos de fusil. Ya había salido despavorida en una caravana a principios del año pasado, cuando las autoridades habilitaron el estadio de fútbol General Santander para atender a los desplazados, pero regresó a su tierra después de tres meses. “Estuvo un tiempo en calma, pero ahora se volvió a alborotar”, se queja. Llegaron a Cúcuta, una vez más, el primer día de este 2026, donde un familiar.

En su momento, el presidente Petro calificó esa tragedia humanitaria como un “fracaso de la nación” y “uno de los hechos más dramáticos” en la historia del país. La arremetida elena también lo llevó a suspender los diálogos con la última guerrilla en armas: “El ELN tomó el camino de la guerra y guerra tendrá”, prometió en su día. Sin embargo, sí ha mantenido la mesa de diálogos con el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBD), la facción disidente que dirige alias Calarcá Córdoba. Incluso sigue en firme el plan para establecer una Zona de Ubicación Temporal en el área rural de Tibú, con el propósito de que los combatientes del Frente 33 se concentren allí para dejar las armas y transitar hacia la vida civil. Ahora mismo parece una utopía.

Pocos kilómetros al norte de Cúcuta, el Catatumbo es la región con mayor concentración de cultivos de coca en el mundo, al menos 42.000 hectáreas, de acuerdo con el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU. La geografía montañosa y la frontera porosa facilitan el tránsito de personas y todo tipo de mercancías hacia ambos lados, lo que convierte la zona en un corredor clave para el narcotráfico, del que se lucran los grupos armados.

Los combates también evidencian que el Ejército de Liberación Nacional, en armas desde los años 60, se ha convertido en una guerrilla binacional, que opera a lado y lado de una línea limítrofe de más de 2.200 kilómetros. La incursión de hace un año comenzó con el traslado de combatientes desde Arauca, otro departamento fronterizo con Venezuela, presumiblemente a través de su territorio. “El ELN ha tirado a la basura cualquier posibilidad de paz en Colombia”, dijo el entonces ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mientras atendía la emergencia humanitaria en su natal Cúcuta. La magnitud de la crisis llevó al presidente Petro a declarar un estado de excepción localizado, que incluía a la ciudad, y ordenar la Operación Catatumbo, con despliegue de tropas para intentar controlar la situación y evacuar civiles. Poco después, Cristo renunció al Gabinete.

“El Gobierno ha venido haciendo esfuerzos importantes con la conmoción, en inversión social y también en fortalecimiento de las acciones militares”, apunta Cristo, que ahora es precandidato presidencial. “Pero lo que está haciendo un enorme daño, y no ha permitido avanzar más, es la manera como se ha manejado el tema de las disidencias de Calarcá. Está claro que hay que enfrentar al ELN; hay una oportunidad ahora, con lo que sucede con Venezuela, de ser más efectivos en esa confrontación. Pero creo que a Calarcá y al Frente 33 no se le pueden seguir dando más concesiones”, valora el exministro del Interior. Hay que dejar de asociar el Catatumbo exclusivamente a la coca, defiende. “Tenemos que entender que hay que hacer las dos cosas al tiempo: enfrentar a estos grupos violentos y acelerar la transformación del territorio”, concluye.