El Gobierno de Petro vuelve a la vieja fórmula del glifosato contra los cultivos de coca, esta vez con drones

El glifosato regresa a Colombia una década después de su prohibición. El Gobierno de Gustavo Petro ha confirmado este lunes que iniciará la fumigación con ese herbicida para combatir los cultivos de coca, después de meses de rondar una medida que en el pasado el hoy presidente criticó con dureza. Así lo ha anunciado el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, quien explicó que se hará una “aspersión terrestre controlada a través de drones”, principalmente en zonas en las que los grupos armados ilegales estén obligando a los campesinos a sembrar coca. Una modalidad que se ubica en una zona gris, puesto que la aspersión aérea está prohibida por la Corte Constitucional, y el Gobierno dice que, pese al uso de drones, se trata de una fumigación terrestre.

“Esto nada tiene que ver con el pasado”, ha asegurado el ministro en la rueda de prensa, tratando de adelantarse a las críticas por retomar una vieja fórmula que Colombia suspendió en 2015 por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que catalogó el glifosato como posiblemente cancerígeno. Según la estrategia explicada por Idárraga, los drones estarán a una altura máxima de 1,5 metros por encima del cultivo, lo cual, según él, garantizaría “que el químico no llegue a donde no tiene que llegar, sino a la hoja de coca”. Con ese método, ha añadido, se erradicaría una hectárea de coca en 30 minutos.

El Gobierno, según las declaraciones del ministro, está incluyendo esa modalidad dentro del programa de aspersión terrestre. Este sí puede ejecutarse gracias a una autorización emitida por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) en 2016, que contempla un “equipo de aspersión terrestre teledirigido a baja altura al nivel del dosel”, que vendrían a ser los drones que va usar el Gobierno. Así, la aspersión iniciará esta misma semana, según ha anunciado Idárraga. “A más tardar jueves o viernes ya la Policía Nacional iniciará operaciones”, ha anunciado y ha confirmado que iniciará en el departamento del Cauca, una de las zonas más azotadas por el conflicto armado, y especialmente en las últimas semanas por ataques de las disidencias de las antiguas FARC.

El Gobierno Petro retoma esta vieja y cuestionada estrategia en medio de una escalada de presiones tanto a nivel interno como externo para que muestre resultados en su política de drogas y en materia de orden público. Solo en las últimas semanas, la guerrilla del ELN decretó un paro armado nacional; ese mismo grupo cometió un atentado en el que asesinó a siete soldados en Aguachica (Cesar); una disidencia de las Farc atacó durante 12 horas el municipio de Buenos Aires, en el Cauca, y dejó dos policías muertos; y un grupo de 18 militares fueron retenidos en el departamento del Chocó. En el plano internacional, el presidente estadounidense Donald Trump lleva meses tildando a Petro de “líder del narcotráfico”, le quitó la certificación a Colombia como país que lucha contra el narcotráfico e incluyó al presidente y su núcleo cercano en la Lista Clinton. A su vez, los cultivos de coca en Colombia están en máximos históricos, con más de 260.000 hectáreas sembradas en todo el país, y el Gobierno en disputa con la ONU sobre las cifras de la producción de cocaína en el país durante su administración.

Con esta decisión, el presidente adopta una estrategia que durante mucho tiempo fustigó, incluso cuando ya como jefe de Estado. En abril pasado, cuando empezó a trascender que el Gobierno barajaba la idea de retomar el glifosato, el propio Petro salió a desechar esa idea: “No habrá aspersión aérea; el programa del Gobierno consiste en que los campesinos que quieran erradicar sus cultivos de hoja de coca se les pague la sustitución por cultivos agroindustriales que generen prosperidad”. Y allí mismo sentenciaba: “El programa consiste en “arrancar” las matas, que es más definitivo y sano que fumigar hojas y tallos”.

Isabel Pereira, coordinadora de la línea de drogas en el centro de estudios Dejusticia, tiene serias dudas de que la autorización emitida por la ANLA en 2016 permita la modalidad de los drones. Sostiene que, en todo caso, debe contar con una autorización que confirme que la altura de 1,5 metros es válida para que cuente como aplicación terrestre. La experta cuestiona además el principal argumento que utiliza el Gobierno, según el cual ejecutará esa estrategia solo en las zonas donde los grupos armados estén “instrumentalizando” a los campesinos. “¿Cómo pueden verificar que hay instrumentalización? El cultivo de coca es también un cultivo de supervivencia, donde no siempre hay instrumentalización; lo que están haciendo es focalizar el esfuerzo en personas que son las que tienen menos ganancia en la cadena del narcotráfico”, sostiene.

Esas preocupaciones las comparte Ana María Rueda, coordinadora del área de drogas en la Fundación Ideas para la Paz y exdirectora de política de drogas en el Ministerio de Justicia. En las últimas semanas, ella ha estado trabajando en el terreno en el Cauca. “No veo de qué manera están forzando a los campesinos a cultivar coca; El Plateado, por ejemplo, tiene más del 80% de su territorio sembrado con coca, y allí los campesinos conviven con los grupos armados, es la economía en estas tierras desde hace muchísimo tiempo”, sostiene. Rueda cuestiona, además, que se trata de un anuncio grandilocuente que no detalla el objetivo concreto del programa ni su meta en hectáreas.

Con la puesta en marcha de esta estrategia, es un Gobierno de izquierdas el que retoma la aspersión con glifosato en Colombia, una modalidad a la que se tradicionalmente se ha opuesto la izquierda y todo el movimiento campesino y cocalero que, de hecho, votó por Petro. Su antecesor, el derechista Iván Duque, ahijado político de Álvaro Uribe, intentó durante todo su mandato volver al glifosato, pero no consiguió cumplir con los requisitos que exige la Corte Constitucional para hacerlo, entre otras por la movilización jurídica de las organizaciones sociales que le bloquearon todos los caminos. El Gobierno Duque se quedó con los aviones estacionados y los pilotos listos para asperjar el glifosato. El Gobierno Petro lo vuelve a traer, esta vez en forma de drones.