La violencia recrudecida y el riesgo de fraude amenazan el ciclo electoral en Colombia

En muchos lugares de Colombia la violencia recrudecida se suma a los peligros de fraude electoral en la antesala de los comicios legislativos y presidenciales de este 2026. A casi diez años de la firma del acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC, con otros actores armados que amenazan a las comunidades, el mapa de riesgo electoral se tiñe de rojo, naranja y amarillo en buena parte del país, según todos los datos compilados por la Misión de Observación Electoral (MOE). En medio de un clima de deterioro de la seguridad, que incluye el asesinato de líderes sociales, los colombianos se preparan para volver a las urnas.

De cara a las elecciones nacionales de 2026, de los 1.100 municipios que tiene Colombia, hay 170 con algún nivel de riesgo electoral donde coinciden factores indicativos de fraude y de violencia, ha explicado la MOE al presentar este miércoles su tradicional libro de Mapas y Factores de Riesgo Electoral 2026, que reúne el trabajo de 37 investigadores y profesores procedentes de 17 instituciones, entre universidades, centros de pensamiento, observatorios y organizaciones no gubernamentales especializadas. De estos 170 municipios, 81 están en riesgo extremo, 51 en riesgo alto y 38 en riesgo medio, detalla el estudio. Es un notable incremento con respecto a las elecciones de 2022, cuando se registraron 131 municipios en riesgo por coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia, de acuerdo con la metodología de la MOE. Los de riesgo extremo pasaron de 49 hace cuatro años, a 81 para este ciclo electoral.

“Sobre estos 170 municipios, de manera particular los 81 que tienen riesgo extremo, deben tomarse medidas de articulación entre autoridades nacionales y locales para hacer ejercicios de mitigación del riesgo”, advierte Alejandra Barrios, directora de la MOE. “Estamos hablando aproximadamente de un censo electoral de 4 millones y medio de ciudadanos. Es decir, estos 170 municipios representan el 11% del censo electoral y podrían tener una capacidad de impactar 2.386 puestos de votación, 17% de los que hay en el país”.

La violencia amenaza a un tercio de los municipios de Colombia

En una campaña que ya se vio sacudida por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, la violencia acecha. El mapa que corresponde solo a los riesgos por factores de violencia identifica un número aún mayor de municipios, un total de 339, de los cuales 126 están en riesgo extremo. A pesar del bienvenido desarme de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que hoy son un partido político con representación en el Congreso, todavía opera un desordenado archipiélago de grupos armados, con estructuras más fracturadas, en varias regiones donde existen todo tipo de economías ilegales. La salida de las FARC dejó un vacío que, ante la falta de respuesta estatal, han copado otros actores armados. “Desde la firma del acuerdo de paz, es la primera vez que tenemos un número tan significativo de municipios en riesgo extremo”, subraya Barrios.

El análisis territorial del informe permitió identificar las cinco tipologías de violencia que configuran el riesgo electoral, que van desde escenarios de control territorial consolidado —donde la coerción silenciosa limita el pluralismo— hasta contextos de violencia política selectiva contra líderes, periodistas y candidaturas, pasando por disputas armadas abiertas, violencia fragmentada y crisis humanitarias que excluyen de facto a amplios sectores de la población.

“Los hallazgos evidencian un preocupante aumento del riesgo en territorios vulnerables, donde la violencia y la presencia de grupos armados ilegales limitan la participación ciudadana y afectan la libertad de prensa”, alerta el documento. Las mesas de diálogo paralelas como parte de la política de paz total del Gobierno de Gustavo Petro, los ceses al fuego inestables y las disputas armadas en zonas estratégicas introducen niveles adicionales de ​incertidumbre que deben ser atendidos mediante una acción interinstitucional coordinada, alineando las políticas de paz y seguridad con la estrategia electoral, recomienda la MOE. En ese contexto, “la política de paz total ha generado efectos no previstos, como la intensificación de disputas territoriales y el fortalecimiento de estructuras armadas como el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC”.

“Los corredores de violencia son los que ya conocemos. El andén Pacífico colombiano concentra los municipios con mayor riesgo electoral extremo, de manera particular en el departamento del Cauca”, explica Barrios sobre una violencia que también golpea a Buenaventura, en el Valle del Cauca, y Chocó. Después viene la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, que ha sido escenario de una crisis humanitaria de enormes dimensiones. Allí, “los enfrentamientos entre grupos armados han generado desplazamientos, confinamientos y por lo tanto afectaciones a los derechos de votación libre”, añade la directora de la MOE. Otros focos de atención están en Arauca, también sobre la frontera; en el selvático departamento de Guaviare; y en el medio y bajo Cauca antioqueño.

Hay una creciente preocupación por las Circunscripciones de Paz –conocidas formalmente como circunscripciones transitorias especiales de paz, o Citrep–, que concentran los niveles más altos de riesgo. Las víctimas de un conflicto armado de más de medio siglo compiten por segunda ocasión por 16 escaños especiales en la Cámara de Representantes, en teoría reservados para ellas, en las legislativas. Representan algo más del 10 % de la composición actual de la Cámara. “No nos olvidemos que las circunscripciones especiales de paz son liderazgos comunales”, apunta Barrios. Además de ampliar la representación territorial en el legislativo, esa curules, relacionadas con los territorios más golpeados por la guerra, también buscan aportar a las medidas de reparación y no repetición contempladas en los acuerdos, así como construir puentes entre las comunidades y las instituciones del Estado.

“De manera particular, las CITREP concentran altos niveles de riesgo: el 45% de sus municipios se encuentran en riesgo extremo por factores de violencia”, advierte la MOE. “Esto exige la adopción de medidas claras de garantías electorales para evitar el amedrentamiento, la imposibilidad de hacer proselitismo y la reconfiguración forzada de puestos de votación rurales”.