Las guerras de Guaviare y Catatumbo desnudan un país de tragedias anunciadas

Colombia atraviesa otro enero sangriento. Uno más. En el comienzo del nuevo año, los focos de la guerra siguen ardiendo aquí y allá, incluso con mayor intensidad que en meses previos, como ya ocurría en el arranque del 2025. Y lo hacen a pesar de la alertas inadvertidas desde entonces. Mientras en la región fronteriza del Catatumbo se recrudece la violencia, con un saldo acumulado de 166 muertos y 100.000 desplazados un año después de la feroz arremetida guerrillera del ELN, en el Guaviare los enfrentamientos entre las disidencias comandadas por ‘Calarcá Córdoba’ e ‘Iván Mordisco’ dejan al descubierto, sobre una carretera, los cadáveres de al menos 26 combatientes. El Ejército ha señalado que todos pertenecían al autodenominado Estado Mayor Central, la facción de Mordisco, a la espera de las autopsias. Es probable que entre esos muertos se termine por identificar a varios niños y adolescentes, advierte la Defensoría del Pueblo.

Esa aterradora postal viene acompañada de una fuerte sensación de déjà vu. La entidad encargada de velar por los derechos humanos justamente había dedicado su primera alerta temprana del 2025, hace casi un año exacto, a la expansión de la confrontación armada entre las dos grandes sombrillas de disidencias de la extinta guerrilla de las FARC en las extensas regiones selváticas de la Amazonia colombiana, que tienen como puerta de entrada el Guaviare. Los riesgos para la población civil, advertía entonces, eran extremos e inminentes.

Para ese momento, ya se había dado el primer aviso sangriento de ese recrudecido choque en el Guaviare, más concretamente en la vereda de Miravalle, en el municipio de Calamar. Allí, los enfrentamientos entre estructuras del llamado Bloque Amazonas, bajo el mando de Mordisco, y el Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de Calarcá, dejaron 16 muertos con la llegada del 2025. Muchos eran apenas adolescentes de 14 o 16 años, lo que evidenciaba las nuevas dinámicas de reclutamiento forzado. Mordisco, en particular, se ha ensañado con los pueblos indígenas en repetidas ocasiones, una de las razones por las que se levantó de las mesas de negociación de la paz total, la otrora política bandera del Gobierno de Gustavo Petro.

Ese episodio quedó relativamente eclipsado en su día por la tragedia de enormes dimensiones que estalló, pocos días antes, en el lejano Catatumbo, en el departamento del Norte de Santander, que limita con Venezuela. La violencia también ha tenido un rebote en esa convulsa región fronteriza en este 2026, con comunidades enteras atrapadas bajo el fuego cruzado entre la guerrilla del ELN, que opera a ambos lados de la línea limítrofe, y el llamado Frente 33, parte de las disidencias de Calarcá, el autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBD), que todavía sigue sentado en una de las mesas de la paz total.

La Defensoría había lanzado varias alertas sobre esa región desde 2020, incluso una de inminencia a finales de 2024. “La crisis humanitaria en el Catatumbo ha permanecido en gran medida fuera del centro del debate nacional, pese a su magnitud y a sus efectos persistentes sobre la población civil”, señala un reciente análisis de la Fundación Ideas para la Paz. “No llega la comida, no hay gas, las familias están confinadas”, denunciaba en este enero la defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de una visita en la que constató que los enfrentamientos han aislado pueblos y provocado nuevas oleadas de desplazamiento.

Desde comienzos del año pasado, que fue cuando salió la alerta de la Defensoría para la Amazonía, “ya se sabía que había una división entre esas dos facciones, que se podían dar enfrentamientos, no solo en Guaviare, también en otros lugares, era muy evidente”, señala la periodista Juanita Vélez, investigadora de la Fundación Core, que hace seguimiento al conflicto armado. “Este año hemos visto otros combates y otras disputas entre las dos estructuras, era totalmente previsible”, valora. La respuesta del Gobierno ha sido enviar militares a reforzar la zona, que entran y salen, pero no hay una presencia constante. “A pesar de todas las alertas, la respuesta del Estado ha sido muy limitada”, se lamenta. La Defensoría instó al Gobierno a elevar esta situación “con carácter urgente” a la mesa de diálogos con Calarcá.

Carlos Negret, defensor del Pueblo entre 2016 y 2020, coincide en que lo ocurrido en el Guaviare era previsible, no solo por la disputa armada en la región, sino porque se estaban acumulando señales claras de riesgo de reclutamiento forzado. Explica que la Amazonía colombiana, y el Guaviare en particular, combina tres factores críticos: presencia débil del Estado, control territorial de actores armados y altos niveles de vulnerabilidad social de la niñez y la juventud rural. “Tras la dejación de armas de las FARC, el territorio quedó expuesto a una disputa en la que los grupos armados no solo buscan controlar economías ilegales, sino asegurar su reproducción, y eso pasa inevitablemente por el reclutamiento de menores”, subraya en diálogo con EL PAÍS. “Cuando en un territorio se cierran las escuelas, se restringe la vida comunitaria y no hay oportunidades reales para los jóvenes, el reclutamiento no es una anomalía: es una consecuencia”, abunda en su análisis.

Las alertas tempranas han advertido durante años que el reclutamiento forzado no ocurre de un día para otro, recuerda. Es un proceso gradual que se alimenta del abandono institucional, la pobreza, la falta de educación y la normalización de la violencia. “El problema es que la respuesta estatal sigue siendo reactiva y fragmentada. Se actúa cuando el niño ya fue reclutado, cuando ya hay muertos, cuando la crisis estalla”, se lamenta el exdefensor. “No basta con presencia militar: los niños no se protegen con fusiles, se protegen con oportunidades”, defiende en su diagnóstico. “En términos simples: si el Estado no compite con los grupos armados en ofrecer sentido, pertenencia y futuro, pierde. Prevenir el reclutamiento es apagar el incendio antes de que prenda. Todo lo demás es llegar cuando ya es tarde”, concluye.