Petro decreta otro debatido estado de excepción y asegura varios meses de más impuestos

Hay un déjà vu. El Gobierno de Gustavo Petro anuncia la declaratoria de un estado de emergencia, que le permite tomar decisiones que usualmente deben pasar por el Congreso, como decretar impuestos. Observadores y críticos responden, de forma inmediata, que no cumple las exigencias que trae la Constitución de 1991 y que busca suspender así el funcionamiento normal del sistema de pesos y contrapesos, pero el Gobierno insiste. Meses después, la Corte Constitucional anula buena parte de la declaratoria y de las medidas que tomó el Gobierno bajo su sombra, pero ya ha corrido agua bajo el puente, y por lo menos parte de lo que buscaba el Ejecutivo se hizo realidad. Ocurrió en 2023 con una emergencia económica en La Guajira, y a inicios de este año con la conmoción interior por la sangrienta arremetida del ELN en el Catatumbo. Ahora, con el anuncio de una emergencia económica justo el día en el que la Rama Judicial sale a vacaciones, el guión promete repetirse y tensionar más un ambiente político electrizado por las elecciones nacionales del próximo semestre.

Semanas de rumores se convirtieron en realidad a inicios de la tarde de este viernes. Germán Ávila, ministro de Hacienda desde marzo y viejo compañero del presidente Petro en la extinta guerrilla del M-19, intervenía en la usual rueda de prensa tras la reunión de la junta directiva del Banco de la República. Tras señalar su desacuerdo con la decisión tomada por la mayoría, algo que se viene repitiendo desde que llegó al cargo, el economista lanzó la bomba: “Estamos terminando de concretar una alternativa de declaración de emergencia económica”, dijo, para luego explicar que ese mecanismo excepcional se debe a un “desequilibrio financiero” causado por el Legislativo. “Es una especie de trampa que le hace el Congreso al país, que es aprobarle un presupuesto que supone unos niveles de gasto (...) y después el mismo Congreso (...) le retira parte de los recursos necesarios”.

Ávila se refería a dos decisiones del Congreso que, primero, aprobó un presupuesto desfinanciado que presentó el Gobierno, y luego negó una ley para financiar el faltante de 16,3 billones de pesos a través de impuestos, en una reforma tributaria conocida como ley de financiamiento. Argumentó que hay hechos nuevos, de atención urgente, que sustentan la declaratoria, como la orden de la Corte Constitucional de aumentar el dinero que el Estado paga anualmente por cada colombiano a las aseguradoras en salud, la unidad de pago por capitación o UPC, que deja un hueco de 3,3 billones de pesos; el dinero para pagar los subsidios a la electricidad de las familias más desfavorecidas o la necesidad de financiar sistemas antidrones. El presidente, que solo se ha pronunciado de forma fraccionada en su cuenta de X, ha sumado otros motivos: la caída del precio del petróleo; la necesidad de comprar helicópteros, lanchas y fragatas para detener “una ofensiva narcoterrorista”; la prohibición de incumplir los pagos a los concesionarios viales," la única parte que podemos recortar del presupuesto aprobado del 2026″, dijo.

Por ahora, y mientras el Gobierno no emita el decreto que declare formalmente la emergencia -un documento que puede tardar, pues requiere la firma de todos los ministros-, estas son las únicas justificaciones que se conocen para la decisión. El Gobierno tiene la carga de argumentar por qué es necesario saltarse al Congreso, una que según la Corte no ha cumplido en el pasado, y que según los críticos tampoco cumple en esta ocasión. Ese debate, que seguramente crecerá en los próximos días, no evita que pueda tomar medidas a través de otros decretos.

El ministro también dio pistas sobre esas decisiones. “Los nuevos recursos que se requieren están concebidos con el mismo esquema con el cual se presentó la ley de financiamiento (...) va a recoger en lo fundamental los mismos tributos que estaban propuestos en la ley de financiamiento”, explicó. Horas más tarde, varios medios revelaron un borrador de decreto, aún sin firmas ni justificación, que en esencia propone sacar adelante la versión más radical de la reforma que negó el Congreso, y adicionar incluso más medidas tributarias. Entre ellas está aumentar el gravamen a los movimientos financieros del 0,4% de cada transacción a un 0,5%; ampliar el impuesto al patrimonio para las fortunas a partir de unos 2.000 millones de pesos (alrededor de medio millón de dólares) con tarifas hasta del 5%; y aumentar los impuestos a actividades con efectos negativos, como el consumo de licores, los cigarrillos o a los juegos de azar en línea. Peto ha afirmado, además, la que parece ser otra medida: “La emergencia económica implica bajar los salarios a los congresistas”, contestó al senador opositor Ciro Alejandro Ramírez en X.

Ese último punto recuerda el impacto simbólico y narrativo de declarar la emergencia. Más allá de la justificación legal, el Gobierno refuerza su argumento de que un bloqueo institucional le impide sacar adelante su programa de Gobierno. “Yo contaba con la responsabilidad del Senado. No se dio. Me dirás que eso sí era previsible, sí”, escribió Petro en uno de sus trinos de la tarde del viernes, señalando a los congresistas de irresponsables. “Si cae la emergencia [en la Corte Constitucional], y espero por fin algo de responsabilidad económica, porque la única reforma aprobada por el Congreso, precisamente fue derogada en los artículos que le ponían impuestos a los megarricos, pues se encarecerá aún más la deuda y se profundizará su insostenibilidad”, remarcó.

En el caso de la fallida emergencia por La Guajira, la Corte Constitucional tardó 4 meses y 6 días en tomar una decisión, en la que solo mantuvo vigente la parte de la conmoción que hacía al suministro de agua. En el del Catatumbo, tomó 3 meses y 5 días para sostener la declaratoria en dos asuntos que acababan de ocurrir (los ataques del ELN y la crisis humanitaria por los desplazamientos que causó) y anularla por otros cinco (la presencia de larga data de grupos ilegales en el Catatumbo, la concentración de cultivos de coca o los daños a la infraestructura). Pero en esos meses rigieron todos los decretos, más allá de la decisión final. Por eso, lo más probable es que 2025 cierre con un aumento de impuestos, pese a la negativa del Legislativo, y que mientras avanza el período electoral se sigan recogiendo algunos de ellos.