Gustavo Petro afronta la inminencia de un recorte del gasto en el cierre de su mandato

El Gobierno de Gustavo Petro afrontará 2026 con un presupuesto desfinanciado. La Comisión Cuarta del Senado archivó este martes la ley con la que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos (unos 4.000 millones de dólares) para sostener el gasto aprobado para el próximo año. La realidad incómoda es que, en sus propias cuentas, dispondrá solo de 530,6 billones de pesos, un 3% menos de lo que pretendía gastar, lo que obliga al Ejecutivo a la necesidad de recortar gastos, aplazar obras y reordenar prioridades.

El panorama negativo es claro para un Gobierno que luchó hasta el último minuto contra lo que resultó inevitable. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, insistió ante los medios de comunicación en que la ley concentraba el esfuerzo en patrimonios altos y sectores con amplia capacidad de pago, y lamentó que un puñado de votos echara por tierra el plan de cierre fiscal. Tras el archivo, señaló que “no descarta ninguna alternativa” para salvaguardar los programas sociales. En una línea similar tuiteó el presidente Petro: “Si la crisis no la pagan los ricos, la pagarán los pobres. [Pero] mientras nosotros seamos Gobierno, no dejaremos que la paguen los pobres. [...] Las consecuencias imprevisibles comienzan a verse desde el día de hoy”.

El naufragio de la iniciativa era esperado por distintos analistas y actores, y no en vano el Gobierno buscó dilatar la votación, desarmando el cuórum en varias ocasiones mientras buscaba unos votos que nunca logró sumar. Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Aval Casa de Bolsa, señala que veía “una baja probabilidad de que se aprobara la reforma”, y anticipa que ahora “el Gobierno tendrá que revisar a la baja su gasto en un contexto de fuentes de financiación limitadas, con recortes en funcionamiento del Estado e inversión”. En la misma línea, David Cubides, economista jefe del Banco de Occidente, advierte que el faltante deja dos caminos: buscar más deuda, aprovechando que la regla fiscal está suspendida, o “recortar gasto hasta cierto punto, entendiendo que hay inflexibilidades”.

Endeudarse puede ser políticamente más atractivo que reducir el gasto en pleno período electoral, pero la reacción del mercado indica que esa vía puede ser peligrosa. Los bonos soberanos (TES) cerraron la jornada con un tono bajista, reflejo de que el riesgo fiscal vuelve al centro del tablero. “El mercado interpreta el hundimiento como un deterioro abrupto del panorama fiscal”, resume Lorena Moreno, analista de renta fija en Acciones y Valores. Se trata del ajuste típico ante un panorama de mayor riesgo fiscal: los títulos a corto plazo vieron un incremento de la tasa de interés —los prestamistas cobran más al Estado por su dinero—, mientras que los de largo plazo se abarataron porque los inversionistas exigen más premio por el riesgo que asumen.

“En ausencia de un plan alternativo de ajuste creíble, la prima seguirá respondiendo de manera inmediata”, desarrolla Moreno, señalando que eso llevará a una deuda más cara. Más cuando el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advierte que el costo de los intereses podría llegar al 4,1% del PIB en 2026, un nivel históricamente alto, y el Gobierno ya ha usado el 90% del cupo de deuda que le ha entregado el Legislativo, lo que le deja poco margen para endeudarse sin encarecer aún más la deuda.

El archivo del proyecto de financiamiento es, con todo, la consecuencia de una estrategia arriesgada. Luis Carlos Reyes, primer director de impuestos y aduanas del Gobierno Petro, lo resume como la crónica de una muerte anunciada: “El Ejecutivo envió un presupuesto desfinanciado y trasladó al Congreso el costo político de los posibles recortes”, analiza. Para José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda de Iván Duque, recortar 16 billones no es un problema si el Ejecutivo envía un mensaje de disciplina que devuelva la confianza a los mercados. Y lanza una advertencia: “Ojalá el Gobierno no decida la vía de la emergencia económica. Eso no tiene fundamento, no tiene ningún sentido fabricar una emergencia para solucionar el derroche en gasto público”, sentencia.

¿Pero es tan grave el tijeretazo? Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha matizado el impacto: “Los 16,3 billones equivalen a menos del 3% del Presupuesto y, bien gestionados, no deberían comprometer la operación del Estado”, apuntó en X. Marcela Eslava, profesora en la Universidad de los Andes, va más allá del matiz para celebrar el naufragio: “En la coyuntura actual conviene que no se habilite un gasto adicional que el país no puede financiar sin deteriorar más el balance”. El reto se concentra en saber dónde recortar, dado el problema de opacidad del sistema. Reyes advierte de que los recortes “no van a estar bien focalizados” por esa falta de transparencia, “sino donde sea más fácil, lo que suele golpear programas para los más vulnerables”.

La reacción política ha sido como un reflejo del mercado. Los partidos que hicieron mayoría contra la ley celebraron haber “blindado el bolsillo de los colombianos” frente a impuestos al consumo —cerveza, combustibles— que el Gobierno estaba dispuesto a retirar en la última milla. El oficialismo, por su parte, acusa un bloqueo de mayorías adversas y rechaza que el remedio sea “apretarse el cinturón” sin mirar la calidad del gasto. Revivir la ley en sesiones extraordinarias luce francamente improbable y cualquier atajo extraordinario, como una emergencia económica, chocaría con las exigencias constitucionales para esas herramientas, como también ha destacado la senadora Angélica Lozano tras el archivo del proyecto. Todo indica que el Gobierno tendrá que ajustar las ambiciones de gasto en el remate de su periodo o aumentar aún más la deuda pública, pero a costa de darle largas a una lección que Colombia lleva años aplazando.