El déficit fiscal de Colombia se acerca a un récord mientras Petro advierte del riesgo de ‘default’

Colombia se asoma a un precipicio fiscal sin precedentes. El Estado gasta más de lo que recauda a través de impuestos y la actitud se ha vuelto un hábito del Gobierno. El desbalance en 2023 fue del 4,2% del producto interno bruto (PIB) y saltó hasta el 6,7% en 2024. Entretanto, el Ejecutivo de Gustavo Petro ha acelerado el aumento de un gasto que pasó del 18,7% del PIB en 2019 al 24% este año, y el presidente ha advertido que de no aprobarse su reforma tributaria o ley de financiamiento, que está en cuidados intensivos en el Congreso, el país podría dejar de pagar sus deudas y caer en el temido default.

Las previsiones son negativas: el propio Gobierno cifra en 16 billones de pesos (unos 4.200 millones de dólares) la refinanciación de su presupuesto para 2026. Sin ingresos adicionales como los que busca el enredado proyecto de ley, el desajuste se dispararía hasta el 8% del PIB. Una lectura del contexto señala que será difícil que se den las cuentas previstas por Hacienda, que quiere cerrar 2025 con un déficit del 7,1%: la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha admitido que este año su recaudo estará 11 billones de pesos por debajo de la meta, un hueco que, como explica Germán Cristancho, jefe de investigaciones económicas de Davivienda Corredores, “el Estado llena con más deuda”.

Es una bomba fiscal y “el problema económico más grave de Colombia en la actualidad”, según Marcela Eslava, economista y profesora en la Universidad de los Andes. Para la investigadora, es una enfermedad crónica en estado avanzado: “Tenemos niveles de gasto amarrados —a salud, pensiones, transferencias— distantes de la capacidad de recaudo. No se trata de sacar decretos ni de hacer esfuerzos puntuales: se necesita una cirugía profunda al gasto del Estado”, sintetiza. Es una operación que pasa por “revisar derechos constitucionales, limitar el tamaño del paquete garantizado en salud y ajustar parámetros pensionales” como la edad de jubilación y las cotizaciones. “Si no lo hacemos, el hueco seguirá ampliándose”, asegura.

La tensión trasciende las fronteras. Carlos de Sousa, estratega de inversiones en la firma suiza Vontobel —una de las más influyentes en renta fija del mundo, con más de 290.000 millones de dólares bajo gestión— advierte que Colombia se ha rezagado frente a otros países. “Mientras varias economías emergentes han hecho ajustes significativos tras la pandemia, Colombia sigue con un déficit alto y el gasto público creciente choca con tasas de interés elevadas. Esa combinación erosiona la credibilidad [fiscal]”, señala a este diario. “Sin ajuste, Colombia pagará más por endeudarse”, concluye el analista.

El país andino ya carga con una deuda costosa. Cristancho señala que los intereses de los últimos cuatro años han sido los más altos en la historia reciente del país, con una tasa promedio actual del 11,2%, mayor a la que asumen países como Brasil o México. Ese costo es un desagüe para las cuentas: uno de cada tres pesos de impuestos se destina a cubrir intereses, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). Además, la brecha entre ingresos y egresos es creciente. Esta semana, el Ministerio de Hacienda reveló que la deuda total equivale al 65% del PIB, el más alto de la historia contemporánea, y algunas previsiones apuntan a que tan pronto como 2028 tocaría el 70%, un punto en el que el CARF advierte que entraría “en una trayectoria insostenible”.

La llegada hasta este punto

El mayor salto en esa cifra se dio en el cuatrienio del derechista Iván Duque, pues pasó del 49% del PIB en 2017 a cerca del 60% en 2022. Ante la crisis económica por la pandemia, su Gobierno se endeudó aceleradamente y cuando buscó equilibrar las cuentas con una reforma tributaria fallida, en 2021, no solo fracasó en el Congreso, sino que incendió al país con un paro nacional sin antecedentes. Con Petro, el ascenso ha continuado. Mientras los ingresos por impuestos se han estancado en torno al 16% del PIB, el gasto público se dispara y el Ejecutivo ha hecho cuentas alegres: el presupuesto de 2024 se armó con la base de que se recaudarían 290 billones de pesos, cifra que varios técnicos señalaron de “fantasiosa”. Al final solo entraron 267 billones.

Para Juan Carlos Echeverry, ministro de Hacienda entre 2010 y 2012, el Gobierno Petro tiene una responsabilidad enorme. “Primero, se adelantaron impuestos de 2024 para inflar las cuentas de 2023, dejando un hueco al año siguiente; luego, se apostó a ganar litigios y a mejorar el recaudo en la DIAN por 30 billones: nunca llegaron; y mientras tanto, el gasto creció. Ha sido una seguidilla de cuatro tipos irresponsables”, dispara, en referencia a los ministros de Hacienda de Petro.

El primero de ellos, José Antonio Ocampo, defiende su gestión: “En 2022, la invasión rusa [de Ucrania] disparó los precios del petróleo, y el Gobierno subsidió la gasolina y el ACPM para controlar los precios”. La deuda por ese subsidio se disparó y se cubrió con ingresos petroleros y luego con deuda, explica Ocampo, quien dejó su cargo en mayo de 2023. El Ejecutivo había iniciado el desmonte gradual del subsidio a la gasolina que Marcela Eslava, la profesora, llama una “bomba fiscal”, pero luego no se aplicó al combustible diésel, lo que mantiene la presión sobre las cuentas públicas. “Luego vino el aumento del gasto, que ha sido muy fuerte. Por eso hoy el déficit está en un nivel histórico”, concluye Ocampo sobre sus sucesores.

Para aliviar la presión, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, ha estado ejecutando una operación audaz que busca bajar los costos de financiamiento y disminuir la exposición al dólar. La meta es reducir los pagos de intereses del actual 5% del PIB, a niveles cercanos al 3% del PIB. Esa reducción de 2% del PIB sería fundamental para evitar un default, pero Echeverry la desdeña: “Es una visión financiera terrible que cambia deuda a largo plazo por otra a corto plazo. Será un infierno”.

El FMI advierte de la necesidad de “un ajuste fiscal decisivo y creíble”. En el corto plazo, para lograr la meta del 7,1% de este año, el organismo internacional insta recortar inmediatamente el gasto en 0,5% del PIB; en el mediano plazo, calcula que se requiere reducir el hueco en más de 3 puntos del PIB entre 2026 y 2028, con reformas legales que desmonten los gastos rígidos, obligatorios, que hoy explican hasta el 90% de las salidas.

Fedesarrollo, por su parte, propone tres pasos para evitar el colapso fiscal: ampliar la base de contribuyentes bajando a la mitad el límite para declarar impuestos, lo que sumaría 2,3 millones de nuevos declarantes con tarifas progresivas; recortar gastos que no generan valor, como los subsidios al diésel y ayudas mal focalizadas; y cumplir la regla fiscal para devolverle credibilidad al Estado y atraer inversión.

Echeverry lo resume: “Esto no se arregla en un año. Se necesitan entre cuatro a seis años de cirugía profunda, incluso si las cosas se hacen bien”. Ocampo es igual de claro: “Al Gobierno entrante le va a tocar hacer una reforma tributaria”. No hay atajos. El tiempo que se gana a corto plazo suele cobrarse con intereses, y Colombia ya los está pagando.