El Congreso hunde la reforma tributaria de Petro y deja desfinanciado el presupuesto de 2026

El Congreso de Colombia ha hundido en la mañana de este martes la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. El proyecto de ley de financiamiento, que buscaba recaudar 16,3 billones de pesos para completar la financiación del Presupuesto General de la Nación de 2026, fue negado por las comisiones económicas conjuntas del Senado y de la Cámara de Representantes. Con nueve votos en contra y cuatro a favor, la Comisión Cuarta del Senado negó la ponencia positiva. Con esa votación, la iniciativa queda archivada definitivamente. Las demás comisiones no llegaron a votar porque la ley establece que el proyecto se hunde si una sola de las células legislativas lo niega. Ni los ajustes realizados, ni las promesas de revisar la carga tributaria a la cerveza y a la gasolina que planteó el Ministro de Hacienda, Germán Ávila, lograron cambiar la votación de una comisión con clara mayoría antipetrista.

La Representante a la Cámara por el partido Alianza Verde y aliada del Gobierno, Olga Lucía Velásquez, criticó lo ocurrido, pues aseguró que la votación estuvo “motivada por intereses políticos y que pasó por alto los beneficios que la normativa podía ofrecer a la ciudadanía”. La congresista por Bogotá ha lamentado que el proceso no permitiera una discusión exhaustiva de la propuesta: “Lo ideal hubiese sido discutir artículo por artículo y eliminar lo que consideraran que se debía eliminar”. En contraste, su copartidaria y senadora Angélica Lozano, que votó en contra de la reforma, celebró su hundimiento, “Colombia necesita un pacto fiscal claro”, afirmó, con cambios estructurales que no se enfoquen en el IVA, que no tiene en cuenta el nivel de ingresos de los aportantes. “Se ha hablado que el presidente puede invocar un decreto de emergencia económica. Pero en esta vez no hay ninguna razón para hacerlo. Solo se permite en momentos catastróficos e imprevisibles”, dijo tras el archivo. “Hacerlo sería contravenir la Constitución del país”.

La caída de la reforma estaba anunciada casi desde el momento en que el ministerio de Hacienda la presentó formalmente ante el Congreso de la República. Durante las semanas de discusión, las dos comisiones económicas de la Cámara con mayoría petrista rompieron el cuórum justo antes de la votación con el objetivo de ganar tiempo para que el Gobierno pudiera convencer a los senadores opositores de la urgencia de la reforma. A la estrategia fallida se sumó una presión permanente del presidente, quien usó su cuenta de X en reiteradas ocasiones para insistir en la necesidad de la reforma y en las consecuencias negativas que tendría su hundimiento. “Hay un hecho sobreviniente, si el Congreso rechaza la ley de financiamiento, el único recorte de gasto posible es la inversión en carreteras 4G. Eso desploma la economía”, escribió Petro en su cuenta de X la semana pasada. Días después aseguró que el proyecto solo afectaría a los ultrarricos: “A menos de que usted, Ramiro, sea megamillonario, lo afectaría la ley de financiamiento presentada al congreso de la república”.

En paralelo a la presentación de la reforma, algunos representantes y senadores trabajan en un salvavidas financiero para conseguir el dinero que hace falta para completar el presupuesto de 547 billones de pesos. Esta idea, sin embargo, también perdió fuerza en el Capitolio. La llamada Ley de Reactivación Económica, promovida por representantes como Cristian Garcés y Álvaro Monedero, logró pasar el primer debate, pero ahora se topa con el reloj: el Congreso solo sesiona hasta el 16 de diciembre, salvo que se aprueben sesiones extras. “Falta el aval de ponencia por parte del Gobierno”, admite Olga Velásquez, una de las proponentes, quien reconoce que la discusión quedará para el próximo año. Desde el Ministerio de Hacienda, Cristian Cruz, director de Política Macroeconómica, fue categórico: la propuesta “no resulta compatible” con la ley de financiamiento. Según Cruz, aunque el proyecto incluye medidas como una tarifa especial del impuesto al consumo para bares y restaurantes y beneficios tributarios para alimentación de empleados, estas disposiciones carecen de “respaldo fiscal” en un momento en que el país necesita más ingresos. “Colombia requiere una reforma tributaria estructural y al gasto”, advirtió, alertando que la iniciativa no genera recursos permanentes y podría agravar el déficit.

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