Atentados, elecciones y menos ayuda humanitaria, el desafío en seguridad que recae sobre el Gobierno Petro

A solo tres meses de las elecciones legislativas y cinco meses de la primera vuelta de las presidenciales, Colombia no descansa de los actos violentos que han marcado el 2025. Solo en la última semana, siete soldados murieron y 30 resultaron heridos tras un ataque del ELN con drones y explosivos contra una base militar en Aguachica (Cesar); dos policías murieron y ocho quedaron heridos en una toma de las disidencias de alias Iván Mordisco con cilindros bomba al casco urbano de Buenos Aires (Cauca), un pueblo de 30.000 habitantes que por más de nueve horas sufrió los hostigamientos; y otros dos uniformados murieron en un atentado en Cali (Valle del Cauca), también atribuido al ELN.

El año termina con la zozobra que lo marcó desde sus inicios. En enero, el Catatumbo –zona fronteriza con Venezuela– vivió una de sus peores crisis humanitarias por los ataques del ELN a las disidencias de las extintas FARC que comanda alias Calarcá, un hecho que selló la ruptura de las negociaciones de paz entre esa guerrilla y el Gobierno de Gustavo Petro. En febrero, los habitantes del Chocó, en el Pacífico, enfrentaron desplazamientos y confinamientos masivos por un paro armado del mismo ELN, agrupación que protagonizó un “paro armado nacional” de 72 horas en la última semana, ampliando su alcance a por lo menos 9 de los 32 departamentos, que asedió con cerca de un centenar de acciones armadas.

Esta escalada violenta eleva la preocupación de la Misión de Observación Electoral (MOE), que advierte del incremento de los actos violentos perpetrados por grupos armados ilegales en pleno calendario electoral. Entre el 8 de marzo y el 8 de noviembre, la oenegé registra 1.613 hechos violentos, un incremento del 180% en comparación con el mismo periodo de 2021, antecediendo las elecciones de 2022. “El conflicto armado está focalizado en algunas zonas. Los territorios más afectados son Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Valle del Cauca, con una concentración especial en las zonas rurales. Nuestro llamado es a fortalecer el proceso de elecciones con mayor seguridad y presencia estatal”, expresa Diego Rubiano, coordinador del Observatorio Político Electoral de la MOE.

Aunque la organización reporta un alivio en las cifras de violencia contra liderazgos políticos, sociales y comunitarios, que con 300 casos han disminuido en un 15% frente a los de 2021, los asesinatos, atentados, secuestros y amenazas revelan un escenario de riesgo. “El control social en algunos territorios puede significar constreñimientos en torno al proceso electoral. En zonas de varios departamentos, los actores armados tienen una influencia importante. Hay que garantizar el principio del voto libre”, agrega Rubiano.

En zonas alejadas, las intimidaciones y el temor atraviesan el día a día. Edilberto Molina, exalcalde de Cartagena del Chairá, en el departamento amazónico del Caquetá, despachó desde el exilio al final de su mandato, en los meses previos a las elecciones locales de 2023. Ahora candidato a la Cámara de Representantes por el opositor y derechista Centro Democrático, denuncia las estrategias de los grupos armados para mantener el control. “Han hecho carnetizar a todas las personas del sector urbano y rural para controlar quién es, para dónde va. Si usted no tiene un carné de afiliación a su Junta de Acción Comunal, recibe una multa de un millón de pesos (250 dólares). Le están diciendo a la gente que tiene que votar, que debe inscribir su cédula. Siempre ha habido constreñimiento, pero hoy es total. A la gente la tienen como borregos”, señala.

Presencia humanitaria en crisis

El recrudecimiento del conflicto a meses electorales se entrecruza con la reducción de fondos globales para las ayudas humanitarias, que han debilitado su presencia en las zonas más golpeadas. El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), por ejemplo, debió reorientar sus operaciones en Colombia por una reducción del 30% en su presupuesto para 2026. “Esta situación obliga a la organización a cerrar algunas de sus estructuras, reenfocar actividades y disminuir su personal en el país”, informó en un comunicado el pasado mes de noviembre. En marzo, había anticipado que este podría ser el año con peores consecuencias humanitarias de la última década por el aumento de las acciones armadas.

La reducción de esos recursos internacionales supone un menor acompañamiento a las comunidades que no solo enfrentan las consecuencias de la guerra, sino que, con frecuencia, padecen el olvido de las instituciones. “Esto agudiza aún más la situación en territorios con ausencia del Estado, con carencias históricas y sumidos en el conflicto armado con menor presencia de organizaciones humanitarias”, lamenta un profesor del Catatumbo que pide la reserva de su nombre. La región es una de las afectadas por la desaparición de programas sociales que apoyaba la agencia de Estados Unidos para el desarrollo USAID. “¿Cómo se desarrolla un territorio en medio de estas condiciones? Estamos lejos de pensarlo”, cuestiona.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, opina que la falta de una política de seguridad ha dejado a las comunidades desprotegidas frente a los grupos armados y el crimen organizado, que aprovecharon los procesos fallidos de la paz total para afianzar el control social y territorial. “En territorios en los que la presencia institucional ha sido históricamente escasa, la reducción de la presencia de organizaciones humanitarias hace mucho más difícil visibilizar la situación y deja a la población civil enfrentando mucho más sola estas nuevas amenazas”, subraya.

La abogada y excongresista dice que el asesinato del precandidato presidencial uribista Miguel Uribe Turbay demostró los riesgos que enfrentan los aspirantes y la debilidad de los sistemas de protección. “El Gobierno debería asumir de manera crítica los gravísimos resultados del 2025 en materia de seguridad y poner en marcha una política de seguridad y justicia, efectiva y protectora de derechos humanos, que permita proteger a la población civil, y a los candidatos y candidatas”, apunta.

Para la MOE es necesaria una estrategia diferenciada territorialmente, con articulación institucional. Rubiano, del Observatorio Político Electoral, apela a la experiencia de las instituciones colombianas para hacer frente al tamaño del desafío. “No es la primera elección, y desafortunadamente no será la última, que tenemos en contextos de conflicto. Colombia tiene la experiencia en el desarrollo de procesos electorales en estas circunstancias”, afirma.