La paz total, la ambiciosa apuesta de Gustavo Petro que se ha atomizado en tres años de Gobierno

La negociación simultánea que emprendió el Gobierno de Gustavo Petro con los distintos grupos armados ilegales que operan en Colombia, en busca de una salida definitiva al conflicto armado que suma más de medio siglo, deja un sabor más amargo que dulce después de tres años. Pese a avances en el departamento de Nariño, y a alivios temporales en varias regiones por diversos ceses al fuego, la meta se ha difuminado entre las fragmentaciones de los ilegales, la falta de estrategia coordinada del Ejecutivo y las confrontaciones violentas que amenazan con marcar el 2025 como el año con las peores condiciones humanitarias de la última década, según un informe reciente del CICR. El mismo presidente ha lamentado la falta de resultados: “En medio de grandes dificultades históricas le seguimos apostando a la paz (…) porque obviamente este Gobierno no ha logrado la paz total”, afirmó el pasado 20 de julio ante el Congreso de la República. Entre las grietas de esta política de paz, que ha sido una de sus mayores apuestas, se disuelve la esperanza de las comunidades.

El Ejecutivo buscó negociar con el ELN, la guerrilla más antigua del continente; con las dos sombrillas de disidencias de las extintas FARC, el Estado Mayor Central (EMC), comandado por alias Iván Mordisco, y la Segunda Marquetalia de Iván Márquez. También con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), un grupo asociado al narcotráfico y con presencia en el norte del país; las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, de los alrededores de la ciudad de Santa Marta (Magdalena), y bandas locales de Buenaventura, Medellín y el Valle de Aburrá, y Quibdó. Los adelantos con Danilo Rueda, el primer comisionado de paz, fueron pocos. Su reemplazo, Otty Patiño, quien militó con Petro en la guerrilla del M-19, ha hecho mayores exigencias en las mesas, pero los avances han sido limitados.

Lo demuestra el caso de los diálogos que más expectativa generaron, los del ELN. Petro alimentó la ilusión en campaña, cuando dijo que en pocos meses lograría esa paz. Era la primera vez que un Gobierno de izquierda encabezaba el acercamiento, tras cuarenta años de intentos fallidos, pero el proceso está totalmente congelado. Pese a lograr un cese al fuego y un acuerdo sobre el primer punto de la agenda de negociaciones sobre la participación de la sociedad civil, la guerrilla seguía secuestrando. Las negociaciones directas del Gobierno con Comuneros del Sur, un frente declarado en rebeldía frente a la dirección nacional elena, molestaron a esa guerrilla, que se levantó de la mesa. La ruptura final llegó en enero, cuando el grupo lanzó una violenta ofensiva contra disidentes de las extintas FARC en la región del Catatumbo. Tras por lo menos 80 muertes, miles de confinamientos y más de 50.000 desplazamientos, el peor episodio de desplazamiento masivo en décadas, el Gobierno declaró la conmoción interior. “El ELN ha escogido el camino de la guerra y guerra tendrá”, escribió el presidente. Si con Comuneros el proceso avanza y un acuerdo es viable, se trata de apenas una fracción pequeña de un grupo con unos 200 combatientes.

Andrés Preciado, director de conflicto y seguridad de la Fundación Ideas para la Paz, considera que la estrategia ha fracasado. “Las mesas funcionaban al tiempo, pero cada una era un universo bilateral. Al principio parecía sencillo mantener varias negociaciones abiertas, pero luego se hizo insostenible. Tres años después no se logra responder preguntas que surgieron desde el inicio: ¿cuál es el alcance, la metodología y el soporte jurídico de cada negociación? Fracasan porque no se pueden mantener indefinidamente sin un norte claro”, argumenta.

Además de esos problemas de metodología, los grupos se han atomizado. En abril de 2024, el Gobierno rompió las negociaciones con el EMC, que seguía reclutando menores de edad y había asesinado a la lideresa indígena Carmelina Yule; Petro incluso ordenó una gran ofensiva militar contra sus integrantes. Otras estructuras se desligaron de Mordisco y crearon el llamado Estado Mayor de Bloques y Frentes, comandado por alias Calarcá, con el cual se sigue negociando. El proceso avanza con una fracción del EMBF, el Bloque Magdalena Medio, que pactó una zona de concentración en el Catatumbo. Con la Segunda Marquetalia los acercamientos se desmoronaron muy pronto, pero una escisión continúa en diálogos. Se trata de la llamada Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, con la que el Gobierno ha firmado acuerdos para crear zonas para la ubicación temporal de los combatientes, el inicio de procesos de desminado humanitario y la entrega de material de guerra para su destrucción.

Detrás de esos logros escasos están las dinámicas del conflicto, como la fuerza de las economías ilegales, el poco interés de grupos en la paz, y la falta de una estrategia de seguridad que incentive a los ilegales a negociar. “Ha sido una paz limitada ante el accionar de grupos que mantienen en vilo zonas donde han generado violaciones de Derechos Humanos”, subraya Francisco Daza, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación.

Algo similar repara Leonardo González, director de la oenegé Indepaz. Cree que ha sido un proyecto bien intencionado, pero que sufre por la falta de voluntad de los grupos y la improvisación del Gobierno. “Hoy tenemos decepción por la paz total. Es complejo avanzar sin un instrumento importante de negociación como una ley de sometimiento. Así es muy difícil que un grupo armado llegue a la dejación de armas”, sostiene. Se refiere al escenario de los grupos sin estatus político, como el Clan del Golfo o las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Para ellos, y para las bandas urbanas de Buenaventura, Quibdó y el Valle de Aburrá, falta una ley de sometimiento que determine qué les puede ofrecer el Estado. El Congreso rechazó un proyecto del Gobierno para ello en 2023. Tan solo dos años después, ha vuelto a presentar una iniciativa, justo en el último año de mandato.

Un proceso fallido con costos humanitarios

Mientras la paz total ha avanzado poco, los ilegales se han expandido y fortalecido. Y eso ha producido mayores impactos humanitarios. Aunque en 2024 cometieron menos masacres, asesinatos de líderes sociales y de firmantes de paz que en 2023, las amenazas no desaparecen. “Las cifras siguen siendo muy altas, la tendencia se ha mantenido y no ha habido una disminución visible como se esperaba. La reducción se dio especialmente por los ceses al fuego en zonas como Caquetá y Guaviare”, explica el director de Indepaz. Además, en los primeros cinco meses de este año, los desplazamientos y confinamientos forzados se han duplicado y triplicado, respectivamente, en comparación con el mismo periodo del año anterior, según el CICR.

Una maestra de secundaria de Teorama, en el Catatumbo, lamenta que la inversión social no haya llegado: “No hay una economía fuerte para enfrentar los cultivos ilícitos. Se propone la erradicación, pero ni siquiera tenemos carreteras dignas. Acá se cultiva la piña, pero no hay cómo sacarla a Ocaña, la ciudad más cercana”, cuenta por llamada telefónica. Aunque en el Catatumbo ha bajado la violencia tras la ofensiva del ELN en enero, se mantienen las tensiones con efectos de largo plazo, como la deserción de jóvenes a punto de terminar el bachillerato: “¿Qué está pasando con estos niños o adolescentes?”, cuestiona la educadora, que pide la reserva de su identidad por temor a represalias.

El reclutamiento forzado de menores es frecuente, especialmente, en las comunidades étnicas. Para Edwin Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Comité Regional Indígena del Cauca, los grupos no han mostrado voluntad de paz. “En nuestro congreso, con más de 20.000 participantes, se señaló que está en curso un etnocidio. Hay asesinatos de sabedores ancestrales y de guardias indígenas, reclutamientos de menores de 12 o 13 años de edad, desplazamientos… un ejercicio de exterminio físico y cultural”, denuncia. González, de Indepaz, advierte la presencia de “dictaduras locales”. “Llega un grupo armado y pretende imponer unas normas, unas formas de vida, se impone en los territorios étnicos de forma supremamente violenta”, asegura. Preciado lo complementa: “el Gobierno dijo que buscaba mejorar las condiciones en los territorios y eso no ha pasado”. La ruta que nunca se diseñó para la paz total se convirtió en un laberinto que inquieta a quienes soportan el peso cotidiano de la guerra: “Cuesta creer en la paz”, concluye la profesora del Catatumbo.