La nueva propuesta de Petro para someter a los criminales recibe duras críticas de la justicia y de negociadores de paz

El Gobierno de Gustavo Petro ha redoblado la apuesta de la paz para su último año legislativo. Ha presentado, como una de sus prioridades, un proyecto de ley para reglamentar el sometimiento a la justicia de los grupos criminales. Es un paso indispensable para el presidente, ya que habilitaría la rebaja de penas a cambio de que las organizaciones entreguen armas, aporten información sobre sus delitos y repararen a las víctimas. El desafío es mayúsculo: una iniciativa similar ya se hundió en 2023, faltan seis meses para que el país entre en modo campaña por las elecciones legislativas, y los procesos de paz naufragan por todos lados. Las primeras reacciones, además, son poco alentadoras. La Corte Suprema de Justicia ha cuestionado la falta de deliberación en la preparación del proyecto. El expresidente Juan Manuel Santos, que negoció la paz con las FARC en 2016, ha pedido al Congreso que lo hunda.

Un marco jurídico para el sometimiento a la justicia es un tema pendiente desde finales de 2022, cuando el Congreso aprobó la ley de paz total del presidente Petro. Entonces, el Legislativo estableció que otra norma debía reglamentar los diálogos con grupos armados sin estatus político, como el Clan del Golfo. Son procesos diferenciados a las tradicionales negociaciones de paz con las guerrillas: no incluyen una agenda política, social o militar. El Gobierno presentó un proyecto que naufragó a mediados de 2023 ante el rechazo de la oposición a conceder beneficios judiciales a grupos criminales. Desde entonces, poco se avanzó. Los diálogos de sometimiento quedaron paralizados, con obstáculos de la Fiscalía para levantar órdenes de captura y con constantes quejas de los grupos criminales por la falta de incentivos para participar de los procesos.

Los ministros de Justicia y de Interior, Eduardo Montealegre y Armando Benedetti, radicaron el nuevo proyecto el pasado domingo. El primero de ellos lo defendió en unas breves declaraciones. “Equivocadamente se ha dicho que es un proyecto de ley para favorecer la impunidad. Se equivocan: tiene un mínimo de retribución, de una pena privativa de la libertad”, comentó. Aseguró que se protegerían los derechos de las víctimas y lo definió como “una apuesta por una lucha vehemente contra el narcotráfico”. “Los colombianos deben tener la certeza de que es un proyecto para ganar seguridad”, dijo ante las dudas por beneficios considerables para los criminales.

Uno de los mayores puntos del proyecto es que extiende la justicia transicional a organizaciones netamente criminales, como el Clan del Golfo, con penas que oscilan entre cinco y ocho años para los máximos responsables y entre los dos y cinco para los demás. En una rueda de prensa, el ministro Montealegre justificó que “no se requiere tener la categoría de delincuente político” para acceder a estos beneficios y aseguró que el Derecho Internacional Humanitario cobija su interpretación. “Estamos frente a estructuras organizadas que tienen unidad de mando, que tienen voz, que tienen cierto modus operandi, que tienen estructuras muy fuertes, con presencia y poder de intimidación en ciertas partes del territorio nacional”, argumentó.

El proyecto propone otras dos categorías por fuera de la justicia transicional. Una de ellas es para bandas criminales más pequeñas que hacen parte de los procesos de paz urbana —por ejemplo, Los Shottas y Los Espartanos en Buenaventura—, y contempla penas de prisión que oscilan entre el 40% y el 60% de la condena original. La otra es “la protesta social”, en referencia a jóvenes que fueron judicializados por sus actividades durante el estallido social de 2019 y el Paro Nacional de 2021. El proyecto establece rebajas de penas de hasta el 70%, así ya haya una condena, y la libertad condicional tras dos años de prisión efectiva. Es el punto más novedoso —no estaba en la versión del primer año legislativo— y promete polémica ante el rechazo de gran parte de la oposición a conceder beneficios a jóvenes que en algunos casos tienen acusaciones de torturas y asesinatos.

“Es un proyecto que trata de rescatar y hacer efectivo el derecho constitucional a la paz, pero simultáneamente implica una política de restablecimiento del orden público”, aseguró Montealegre. Para defenderse de los señalamientos de ser demasiado laxo, afirmó que los requisitos para acceder a los beneficios son “supremamente exigentes”: el texto contempla que el primer paso sea un acuerdo con la Fiscalía en el que el grupo criminal revele quiénes son los miembros, cuáles son sus redes de apoyo, cuál es el programa para desmontarse, qué bienes van a entregar. Llama la atención, sin embargo, que el proyecto redobla la apuesta en varios puntos con respecto al de ya naufragó hace dos años: propone, por ejemplo, que los criminales puedan quedarse con el 12% de sus bienes, frente al 6% contemplado anteriormente.

Las críticas

La Corte Suprema fue la primera en pronunciarse tras votar en contra del proyecto en una sesión del Consejo Superior de Política Criminal que se llevó a cabo el viernes, antes de la radicación del proyecto. La magistrada Ávila Roldán cuestionó que la propuesta no haya tenido “una suficiente discusión y deliberación”. “Se trata de un tema muy delicado para el país que necesita mayores consensos y un análisis más reposado”, dijo en declaraciones que recoge un comunicado. Asimismo, el alto tribunal consideró que no hay claridad respecto a cómo se implementará una norma que implica más responsabilidades para la Fiscalía y los juzgados penales. “No es suficientemente claro en relación con los recursos y la metodología”, señaló.

El consejero comisionado para la Paz, Otty Patiño, se pronunció en una entrevista publicada el domingo en El Tiempo. “Hablamos solo una vez con el ministro Montealegre (...) Esto requiere más análisis”, comentó. Según él, habrá políticos y organizaciones sociales que verán el proyecto como “una gran apertura hacia la impunidad” y hubiera sido más conveniente asegurar un consenso previo a la radicación.

El expresidente Juan Manuel Santos, por su parte, cuestionó el proyecto en una entrevista con El Espectador. “La comunidad internacional no acepta que se aplique una justicia transicional como la que se aplicó, por ejemplo, con las FARC, a un grupo delincuencial como es el Clan del Golfo”, apuntó el mandatario. Criticó, además, la falta de avances del Gobierno en entender quiénes son estos grupos. “Sería un salto al vacío y una irresponsabilidad aprobar el proyecto”, dijo.

Humberto de La Calle, quien fue jefe negociador del acuerdo que hizo Santos con las FARC en 2016, también mostró su desacuerdo. “Peligroso porque salen a la calle capos pura sangre”, declaró en X. Asimismo, consideró que es “inoportuno” en un contexto en el que faltan éxitos militares y es evidente “la debilidad del Estado”.

Incluso la antecesora de Montealegre, Ángela María Buitrago, criticó el texto. Comentó en La Fm que el sometimiento debe “tener proporcionalidad” en las penas y que las víctimas no fueron escuchadas. Para ella, además, es grave la inclusión de “una amnistía” para los jóvenes detenidos o condenados por protesta social. “No tiene que ver con la paz total”, enfatizó. “Hay delitos de tortura y tentativa de homicidio, eso no es una protesta social”, agregó.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo, en tanto, cuestionó que el texto incluya beneficios de justicia transicional para antiguos firmantes del acuerdo de paz de 2016 que luego retomaron las armas. En su visión, es imposible que salga adelante cuando hay otros debates pendientes, como la reforma a la salud. “La posibilidad es absolutamente nula”, subrayó en Caracol Radio.

Montealegre no se quedó callado ante las críticas. “Si Juan Manuel Santos se opone a este proceso de paz, lo va a castigar la historia”, declaró, parafraseando una frase atribuida al expresidente ruso Mijaíl Gorbachov. Con Patiño, su compañero en el Gobierno, fue aún más duro: “Me parece absolutamente inconcebible que se convierta en un francotirador de la paz”.