Eduardo Montealegre, el jurista del poder

Eduardo Montealegre, quien en la tarde de este viernes se posesionó como nuevo ministro de Justicia de Gustavo Petro, con este nueva función habrá ocupado los cargos públicos de mayor prestigio para un jurista en Colombia: ya fue magistrado de la Corte Constitucional, la más moderna y poderosa de las Altas Cortes, y fiscal general de la Nación. En menos de dos décadas, el penalista ibaguereño pasó de apoyar la segunda reelección del derechista Álvaro Uribe Vélez, a ser el cerebro y gran impulsor del criticado decreto del actual mandatario de izquierdas para convocar a una consulta popular. El penalista de 67 años ha sido uno de los cerebros jurídicos de los diferentes sectores políticos que han manejado el Estado y ahora será el jurista del Ejecutivo en su choque con el Legislativo y el Judicial, y además el portavoz del llamado a una temida y rechazada asamblea constituyente. “Vengo apoyando la necesidad de la convocatoria de una Asamblea Constituyente desde hace muchísimos meses”, ha resumido este jueves.

Montealegre, hijo de político liberal tolimense, es también hijo de la Universidad Externado de Colombia, un claustro de firme tradición liberal que durante todo el siglo XX logró una importante influencia en la Rama Judicial colombiana. Estudiante descollante, recibió la cátedra de procedimiento penal antes de graduarse. Como muchos otros alumnos de la reputada Facultad de Derecho recibió apoyos y becas para adelantar estudios de posgrado, hasta culminar un doctorado en Alemania. Inició su vida profesional como académico en el Externado, a la vez que practicó el Derecho como penalista. Eso hasta que uno de sus mentores en el Externado, Jaime Bernal Cuéllar, le ofreció convertirlo en viceprocurador general de Colombia.

Aceptó, en ese ya lejano 1997, y desde entonces ha estado siempre con un pie —o dos— en los asuntos públicos y cerca del poder. Se mantuvo con Bernal a lo largo de ese cuatrienio. De allí pasó a la Corte Constitucional gracias a que el Consejo de Estado, otra alta corte, lo incluyó en una “terna de uno”: los otros dos postulados ante el Legislativo no hicieron siquiera campaña. Era el ungido, impulsado por el poderoso procurador, las bancadas entonces mayoritarias del liberalismo y el prestigio y la fuerza del Externado. Fue un magistrado progresista, liberal y reconocido por su capacidad de estudio y por una creatividad jurídica que desde entonces se ha convertido en su sello. Pero antes de completar su período de ocho años, de forma sorprendente, renunció. Alegó que quería terminar una beca posdoctoral que había dejado pendiente, y a mediados de 2004 regresó a Alemania.

No por mucho tiempo. Reapareció en Colombia con dos posturas muy controversiales. De un lado, fue abogado y vocero de SaludCoop, la entidad promotora de salud o EPS más grande del país, cuando esta enfrentó una serie de procesos legales que terminaron con la intervención de la empresa por sus malos manejos y eventualmente con su condena por varios delitos. De otro, fue uno de los juristas más cercanos al entonces presidente Álvaro Uribe Vélez durante su segundo cuatrienio. Entre otras, sonó como posible candidato de Uribe a la Fiscalía y fue uno de los juristas que buscó tranquilizar a los congresistas que temían investigaciones por apoyar una modificación a la Constitución para permitir que el entonces muy popular político de derechas se reeligiera por segunda vez.

Esas relaciones con el poder se mantuvieron en los años siguientes, cuando Montealegre fue asesor externo de ministros del Gobierno de Juan Manuel Santos como Germán Vargas Lleras, en Interior, y Juan Carlos Pinzón, en Defensa. Se consolidaron en 2013, cuando el entonces presidente, que había pasado de ser un protegido a un rival de Uribe, efectivamente lo incluyó en su terna a la Fiscalía. Con la ventaja de su profundo conocimiento del derecho penal, sus buenas relaciones con magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la institución que elige a ese cargo, en marzo de 2012 se convirtió en el séptimo Fiscal General del país.

Quien había llegado señalado de uribista, por su pasado, se convirtió rápidamente en uno de los mayores defensores de las negociaciones que adelantaba el Gobierno Santos con la guerrilla de las FARC —uno de los grandes motivos de la ruptura entre el entonces presidente y Álvaro Uribe—. Montealegre no solo emprendió una ambiciosa reforma institucional de la Fiscalía con más plata, sino que fue un defensor a ultranza de la negociación y un aliado fiel de las adecuaciones jurídicas necesarias para llevarla a cabo. Aunque su periodo terminó en marzo de 2016, pocos meses antes del Acuerdo Final, del fallido plebiscito y la renegociación, el choque con Uribe solo escaló. “No nos vamos a dejar intimidar por las amenazas del expresidente Álvaro Uribe y su entorno de violadores de derechos humanos”, llegó a decir el jurista luego de que uno de los congresistas del partido de Uribe solicitara una investigación penal contra el exfiscal por un entramado de corrupción en la cúpula de la Rama Judicial de la época, conocido como el “cartel de la toga”.

En los años siguientes, Montealegre se mantuvo en el foco por una actuación particular: con quien fuera su vicefiscal, Jorge Fernando Perdomo, lograron ser aceptados como víctimas en el proceso penal que se adelanta contra Uribe por presunta manipulación de testigos. Convertido en antiuribista a carta cabal, el penalista se fue acercando a Petro. Para 2022, dio una charla en una reunión programática de los congresistas del ya presidente electo; en 2024 fue uno de los cerebros de la tesis de que se podía convocar una Asamblea Constituyente sin pasar por el Congreso, como exige la Constitución, argumentando que el Acuerdo con las FARC lo permite; ahora señala que se puede hacer vía firmas.

Esa creatividad jurídica para asuntos públicos de alto perfil no es nueva. Montealegre lleva más de dos décadas cerca de complejos debates políticos, muchas veces con posturas polémicas. Ahora como ministro, más encargado de las relaciones con las Altas Cortes o del manejo del sistema penitenciario, ese perfil parece menos notorio. Pero como cerebro jurídico de un presidente igualmente heterodoxo, es probable que Montealegre dé mucho más de qué hablar.