Todos los sectores políticos menos la izquierda rechazan el decreto que convoca a una consulta popular: “Es un autogolpe de Estado”
Miguel Uribe Turbay manifestó su rechazo antes del atentado que lo tiene en estado crítico. Congresistas, expresidentes y empresarios sostienen que el documento firmado por Petro y su gabinete es inconstitucional


La expedición del decreto por el que el presidente Gustavo Petro convoca a una consulta popular, para que los colombianos se pronuncien frente a una docena de preguntas en temas laborales y sanitarios, ha sido acogida con el rechazo de todos los sectores políticos menos la izquierda, que defiende el llamado a las urnas. Congresistas, expresidentes y empresarios señalan que la acción, refrendada este miércoles con la firma del mandatario, es inconstitucional y sostienen que desafía la decisión que tomó el Senado de negar su aval, requisito para que se llevara a cabo la votación. Algunos anuncian demandas e incluso denuncias penales contra el presidente y sus ministros.
Una de las reacciones más compartidas ha sido la del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que fue víctima de un ataque con pistola el sábado. Aunque salió con vida, sigue en estado crítico. El político del partido opositor Centro Democrático había dejado grabado en video su rechazo a la medida que ya parecía inevitable desde la semana pasada.
“El presidente Gustavo Petro ha emitido un decreto que va en contra de la Constitución y que pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado. Se trata de un acto abiertamente ilegal”, manifestó durante la grabación, tomada apenas momentos antes del atentado en su contra, cuando se preveía la expedición del decreto. Su equipo ha explicado que Uribe ordenó “publicarlo una vez se hiciera oficial la firma”, algo que postergó Petro hasta este miércoles.
Otros aspirantes presidenciales de la derecha coinciden en la inconstitucionalidad del decreto. La senadora Paloma Valencia ha anunciado acciones legales: “Vamos a radicar demanda contra del Decreto 639 de 2025 a través del cual el Presidente pretende pasar por encima del Congreso”. La comunicadora Vicky Dávila considera que la ordenanza “da un paso más contra la democracia”.
Algunos expresidentes también han manifestado su desacuerdo con el trámite del Ejecutivo. El derechista Iván Duque (2018-2022) ha asegurado que el decreto “viola la independencia de poderes” y ha exhortado a la Corte Constitucional a que “no se preste para este acto arbitrario, que pone en riesgo nuestra democracia”. Por su parte, el conservador Andrés Pastrana (1998-2002) ha calificado a Petro de “todo un dictador”, según declaraciones recogidas por la Revista Semana.
Las manifestaciones de repudio no se limitan a la derecha. El alcalde de Bogotá, el centrista Carlos Fernando Galán, ya había declarado la semana pasada que el decreto “constituye un quiebre institucional y una amenaza real a los fundamentos del Estado de Derecho”. La senadora verde Angélica Lozano ha tachado la movida del Gobierno de ser un “burdo chantaje” al Congreso para que la reforma laboral sea aprobada en el Senado, condición que impuso Petro para derogar la ordenanza.
La bancada independiente de la Cámara de Representantes, que conforman varios congresistas, como Jennifer Pedraza, Daniel Carvalho o Catherine Juvinao, ha exigido respeto “a la separación de poderes y a la Constitución”. “El presidente ha materializado una consulta popular ilegal. Sin embargo, desde la bancada hacemos un llamado a la serenidad. Y ante el autoritarismo, rodear a las instituciones”, han afirmado en un video.
El sector privado se ha unido al sentimiento mayoritario. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, ha advertido que la convocatoria a la consulta popular “no es simplemente un error, sino la ruptura histórica del orden constitucional”. “Prácticamente, se consuma el golpe de Estado en Colombia al que tanto le habíamos temido”.
A su vez, Bruce Mac Master, presidente del gremio empresarial más importante de Colombia, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), ha pedido al Ejecutivo a reconsiderar la decisión. “El Gobierno está ignorando lo que el Congreso dijo. Está violentando y está desafiando una gran cantidad de principios fundamentales de nuestra constitución”.
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