Los violines de los niños de Colombia quedan en medio de la cruzada de Gustavo Petro contra los abusos del sector privado

La cruzada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra la participación de los empresarios en el manejo de recursos públicos ha sumado en las últimas semanas un capítulo cultural. Lejos de su más mediática guerra contra las aseguradoras de salud, el nuevo eje de la discordia es una reconocida fundación de educación musical para niños vulnerables. Batuta, establecida en 1991 y de gestión público-privada, ha encendido las alarmas al advertir que corre el riesgo de desaparecer por un recorte de fondos del Ministerio de las Culturas. El Gobierno, que apuesta por su propio programa de educación artística, le ha respondido que ajuste los “altos honorarios” de sus directivas o que le pida más dinero a las empresas que se sientan en su junta. Los violines, flautas y tambores de 25.000 niños han quedado en medio de la cruzada del presidente contra los abusos del sector privado.

La Fundación Batuta nació al calor de los noventa, cuando Colombia y América Latina apostaron por las alianzas público-privadas como mecanismo para enfrentar problemáticas sociales. El Estado y los empresarios se unieron para importar El Sistema, un modelo de orquestas y coros juveniles de Venezuela que busca ofrecerle alternativas a niños en contextos de pobreza y violencia. Juan Sebastián Ochoa, músico e investigador de la Universidad de Antioquia, señala que fue una propuesta “colonial y eurocéntrica” que resultó muy atractiva para las empresas. “Siempre ha estado esa idea de que ver a un niño con un violín es una cosa muy hermosa, cosa que no pasa con una batería. Se ha visto la música clásica como algo civilizatorio, un elixir que eleva el espíritu, mejora tus modales y te hace buena persona”, comenta en una videollamada.

Hubo grandes éxitos. La música clásica, acompañada por actividades de apoyo psicosocial, llegó a algunos de los lugares más olvidados del país y ofreció una alternativa a miles de niños. Con el tiempo, además, Batuta se esforzó en ir más allá de Mozart y Beethoven, e incorporó expresiones culturales más diversas, como el joropo o los alabaos del Pacífico colombiano. Se consolidó como una fundación que inspira respeto y afecto entre muchos colombianos. El cantante caribeño Mauricio Rivera, formado en Batuta, sintetizó estas emociones en una canción que le donó a la fundación en estos tiempos de crisis: “Hoy alzamos nuestras voces al compás de gratitud. Es momento de que todos respondamos con virtud. Batuta no se apaga, sigue sonando en cada nota que el viento va llevando”.

Pero llegó el Gobierno de Petro, que expresó sus reparos desde el primer momento. Juan David Correa, ministro de las Culturas entre mediados de 2023 y principios de este año, cuestiona en una llamada telefónica el desbalance entre los aportes públicos y los privados. “No me explico por qué el Estado pone más del 85% del presupuesto, pero los que mandan en la junta directiva son los privados, que manejan a su antojo el capital”, comenta.

Los datos del último informe de gestión muestran que la gran mayoría de los recursos del 2024 provinieron del Gobierno nacional (55%) y de empresas públicas o mixtas (33%), como la petrolera Ecopetrol. El sector privado solo aportó alrededor del 6,5%. La junta directiva, sin embargo, refleja una gobernanza más equitativa: incluye a la primera dama, el Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Bogotá, del sector público; la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación Carvajal y la Fundación ANDI, del privado.

Correa asegura que estas dinámicas benefician a “una burocracia cultural” que maneja los recursos con “una lógica empresarial”, sin controles adecuados. “Les pedíamos reajustes en los sueldos, que son desproporcionados. Les decíamos que no podían seguir actuando así como si esa plata no fuera de todos los colombianos, y ellos se incomodaban muchísimo”, relata. Reconoce que Batuta tiene “un anclaje afectivo” en la sociedad, pero defiende que el Gobierno tiene derecho a rebelarse contra lo que define como “un espejismo del neoliberalismo”. “Es duro plantearlo, pero estamos en momentos de cambio”, sostiene.

La apuesta de Petro es priorizar Artes para la Paz —antes llamado Sonidos para la Paz—, un programa estatal que contrata artistas en los colegios para que den clases de música, danza o teatro. Batuta, según datos del Ministerio, hace parte del proyecto junto a siete universidades públicas y 500 organizaciones comunitarias. El objetivo es terminar 2025 con 400.000 beneficiarios.

El investigador Ochoa destaca que el programa estatal ha llegado a muchas nuevas escuelas y es “una idea bonita y democrática”, pero señala que sus colegas se suelen quejar sobre la excesiva burocracia en la contratación y en la evaluación de las clases. “El profesor llega y los niños se ilusionan: están felices, conectan. Pero a los tres meses el profesor se va porque se terminó el contrato y no lo vuelven a ver”, explica. Tiene dudas sobre la sostenibilidad de un programa “excesivamente costoso”, en especial ante el cambio de Gobierno el año que viene. “Es un proyecto presidencial, de una persona, no una política de Estado”, apunta. Para él, Artes para la Paz no puede ir en detrimento de los 34 años de Batuta: “Puede que el Gobierno tenga un problema con el modelo de financiación, ¿pero cómo van a borrar todo de un plumazo? Es un programa muy grande que ha tenido impactos positivos, que tiene mucho prestigio, que la gente lo quiere un montón”.

La crisis

Las tensiones se acentuaron el año pasado. La presidenta ejecutiva de Batuta en ese entonces, Lucía González Duque, advirtió ante medios de comunicación que varios centros de enseñanza de la fundación estaban en riesgo por la posibilidad de recibir menos recursos del Ministerio en 2025. Después, vino el hundimiento de una reforma tributaria con la que el Gobierno esperaba recaudar más dinero. La cartera de Cultura tuvo que recortar su presupuesto: pasó de 1,3 billones de pesos en 2024 (unos 320 millones de dólares) a 1,1 billones de pesos en 2025 (alrededor de 270 millones de dólares). Aunque es casi el doble que los 571.000 millones de 2022, el Ejecutivo tuvo que elegir dónde recortar. Batuta, en la mira desde hace tiempo, fue una de las damnificadas.

La fundación lanzó en mayo la campaña Colombia abraza a Batuta, con el objetivo de recaudar 3.000 millones de pesos (unos 750.000 dólares) antes de octubre. González, que renunció a su cargo a finales de junio, dio varias entrevistas. “[La crisis en Batuta] no se trata de falta de recursos [en el Ministerio], sino de un cambio en el foco: priorizaron otros proyectos y otras formas de trabajo”, subrayó en El Espectador. “Me habría gustado que el presidente Petro entendiera más a fondo el valor de Batuta y de la alianza público-privada. Esa articulación con el sector privado no solo permite llegar a más territorios, también sensibiliza a los empresarios frente a la realidad de esas comunidades”, agregó.

La ministra de las Culturas, Yannai Kadamani, respondió en X a una nota de Caracol Televisión que aseguraba que Batuta estaba por cerrar “por falta de apoyo económico del Gobierno Nacional”. No ocultó su molestia: dijo que “no es cierto” que miles de jóvenes vayan a quedarse sin formación artística, que Batuta recibió más dinero que en otros gobiernos y que el “reajuste técnico” de este año se debía a la necesidad de revisar “una nómina directiva y administrativa exagerada”. “La educación artística no puede ni debe estar concentrada en una sola entidad, las organizaciones regionales también tienen derecho a ser reconocidas y financiadas”, declaró, en referencia a la alternativa de Artes para la Paz. El presidente Petro la respaldó en la misma red social: “[Caracol Televisión] termina su noticiero de mentiras afirmando que es mi Gobierno el que destruye la cultura. Jamás, mentirosos infames. Me muero antes que quitarle un peso a la cultura”.

La ministra elevó aún más el tono en una entrevista con El Espectador. Exigió más aportes a los privados, que ocupan la mitad de los puestos de la junta directiva. “Si quieren mantener esos niveles salariales, deben existir otras organizaciones que cofinancien más el funcionamiento de Batuta”, dijo. La fundación, por su parte, ha mantenido el silencio desde entonces. Tanto González como la presidenta encargada, Beatriz Mejía, rechazaron ser entrevistadas por este periódico para dar su visión sobre los señalamientos del Gobierno. Esta última explicó que los pronunciamientos se postergan hasta que se defina quién será el sucesor definitivo de González.

Mientras tanto, la sociedad civil se moviliza. Este domingo, se llevará a cabo el Desconcierto Nacional en Medellín, una jornada artística para “respaldar el programa de formación musical más grande e influyente del país”. Los asistentes deberán donar 20.000 pesos (unos cinco dólares) a Batuta para ingresar. El gestor cultural Sergio Restrepo, uno de los organizadores, cuenta por teléfono que “no hubo un solo artista” que rechazara participar. “Todos dijeron que sí con afecto”, dice.